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Ruidos molestos

CHeller, Lidia Elsa c/ Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala: G

Fallo
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de Agosto de Dos Mil Cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:“HELLER, LIDIA ELSA C/ COOPERATIVA ARGENTINA DE FLORICULTORES LTDA. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 230/242 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores OMAR JESÚS CANCELA - CARLOS ALFREDO BELLUCCI- LEOPOLDO MONTES DE OCA-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Cancela dijo:

I.- La sentencia de fs. 230/42, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra. Lidia Elsa Heller contra “Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda.”, condenando a esta última a pagar a la actora la suma de $20.100, como reparación de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido por la vecindad del llamado “Mercado de las Flores”, conforme lo describió en su escrito de demanda, a fs. 19/31.

Contra tal pronunciamiento apelaron las dos partes, a fs. 243 y 247, concediéndose los recursos a fs. 248 y 251. Ambos litigantes expresaron agravios, a fs. 259/61 la demandada y a fs. 264/5 la actora. Aquélla vierte sus quejas principalmente respecto de la responsabilidad que se le atribuye en el fallo y de la relación de causalidad entre su accionar y el supuesto daño sufrido por la demandante, terminando por cuestionar brevemente los distintos rubros de la indemnización. La Sra. Heller, por su parte, se agravia del insuficiente reconocimiento en la sentencia del daño material que dijo haber sufrido con su mudanza como del daño moral, que debe comprender, en su opinión, la circunstancia de que no está en condiciones de trabajar como consecuencia de sus desequilibrios emocionales (fs. 264vta.).

Por evidentes razones de método, habré de ocuparme en primer término de lo atinente al fondo del asunto, es decir, de la responsabilidad y de la relación de causalidad entre la conducta de la entidad demandada y el daño sufrido por la accionante, para continuar luego con la valoración de los distintos rubros cuestionados.

II.- A fin de esclarecer, en la medida en que me sea posible, las bases jurídico-fácticas sobre las que debe “construirse” la decisión a adoptar en materia de molestias en las relaciones de vecindad, reguladas por el art. 2618 del Código Civil , con importante margen de discrecionalidad judicial para examinar las circunstancias de cada situación particular, considero conveniente reiterar una cita jurisprudencial contenida en la sentencia de la instancia de grado, al comienzo del considerando V de fs. 234 vta.: “...el fundamento de una acción civil...no es otro que la buena convivencia en las relaciones de vecindad y el ejercicio regular del derecho real de dominio; es intrascendente, en consecuencia, que las inmisiones toleradas por la actora sean inferiores al nivel continuo sonoro equivalente que como máximo tolerable fijan las normas de seguridad e higiene del trabajo” (C.N.Civ., Sala L., L. 44.923, del 20-IV-93, voto del Dr. Pascual; en el mismo sentido, pero remarcando cierta objetividad en los criterios de apreciación, de acuerdo con la ubicación de los inmuebles o la actividad del afectado, nota a fallo de Andorno, en L.L., 1990-D, pág. 144).

En función de lo expuesto, aparece como insostenible la acusación de parcialidad a la magistrada opinante (ver fs. 259), que parece atribuírsele por la lógica preocupación por la salud ambiental, consagrada en el art. 41 de la Constitución Nacional (ver considerando III de fs. 233). Aún cuando la causa contravencional agregada por cuerda haya concluido sin condena de la imputada, por prescripción de la pena planteada por la misma interesada (ver fs. 237/41 de dicha causa), lo cierto y concreto es que durante su trámite, como lo puso de manifiesto la Sra. Juez, quedaron justificadas varias irregularidades e infracciones, todas susceptibles de provocar las molestias invocadas y notoriamente excedidas en cuanto a la normal tolerancia en las relaciones de vecindad. Así, pueden citarse el acta de fs. 4/5 del expte. n° 12-PG/99-2128; acta de fs. 6/8; acta de fs. 13 (52 dba. en el departamento de la demandante); proyecto de resolución de fs. 18, donde se menciona el cambio de horario hasta las 2 de la madrugada; recomendaciones del Defensor Adjunto del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, fs. 92; declaraciones de 0ficiales de Policía Federal, sobre el uso de altavoces que se percibe desde la calle, fs. 104 y 108, que hacía necesaria la intervención de personal especializado, por la altura a la que estaban ubicados, fs. 109 y resolución de fs. 123, entre otros antecedentes. En el mismo sentido pueden citarse las declaraciones testimoniales cumplidas en autos, a fs. 108 (testigo Canciani), fs. 111 (Cecilia Gesualdo), fs. 112 (Norma Peirano) y fs. 114 (Jorge Santiago), verdaderamente concluyentes en señalar las molestias ocasionadas al vecindario.

Frente a esas constancias, no parecen decisivas ni probatorias las declaraciones testimoniales de la vecina Alicia Pini (fs. 137), quien luego de afirmar que no se sentía afectada por el funcionamiento del mercado, dijo que no vive a la calle, “...pero que igual se escuchan los ruidos...” (4a. preg.) o del fletero Rubén Cabaña, interesado en la cuestión por su relación contractual con los floristas (2a. preg.).

En resumen, por estos fundamentos y los propios de la sentencia en recurso, que no han sido desvirtuados por la inconsistencia de los agravios, considero que el pronunciamiento debe ser confirmado en cuanto a la responsabilidad de la demandada, circunstancia que, por si evidencia la relación de causalidad entre las molestias provocadas a los vecinos y los daños invocados por la actora, como objeto de su pretensión.-

III.- El daño psicológico, que la señora juez trata como un rubro autónomo (fs. 239), según el criterio de este tribunal, reiteradamente expuesto, no constituye un “tertium genus”, carece de autonomía indemnizatoria y, “en tanto daño patrimonial indirecto, integra el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral. Es que en realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que solo pueden comportar daños patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial...” el daño moral regulado por el art. 1078 del Cód Civil (confr. esta Sala en L. 426.388, “Buttice, L.G c/ Microomnibus... s/ daños”, sentencia del 22 de agosto del corriente año, voto del Dr. Montes de oca y sus citas; id. en”Lagos c/ G.C.B.A. s/ daños...”, sentencia del 22-VIII-05, según mi voto y precedentes allí citados de sendos votos del Dr. Greco, entre otros antecedentes).

Sobre esa base, teniendo en cuenta las constancias del informe o psicodiagnóstico agregado a fs. 180/2, y la pericia médica de fs.194/99, que luego de ponderar los rasgos de personalidad de base, estima la incapacidad psico-física de la demandante en un 12% de la total, atribuyendo el carácter de parcial y permanente al síndrome depresivo que provoca un 7% de incapacidad (ver fs. 198 y vta.), el tribunal considera razonable la suma de $9.000, fijada en la sentencia, pero como indemnización de la incapacidad parcial y permanente sufrida por la actora en los distintos aspectos de su personalidad. No empecen a ello las impugnaciones, por cierto que inconsistentes y, en mi opinión carentes de base científica, intentadas por la demandada a fs. 202 y en la expresión de agravios a fs. 259 vta./60. Según es bien sabido, las opiniones de los expertos, especialmente cuando son designados de oficio, no son obligatorias para el tribunal, pero, como principio general, solo corresponde apartarse de su opinión cuando se haya demostrado de manera convincente el posible error cometido en el informe pericial.

También parece razonable la suma fijada, de acuerdo con el parecer del perito de oficio, en concepto de costo de tratamiento psicológico ($4.800).

La referencia, poco menos que al pasar, efectuada por la demandada a fs. 260 vta., in fine, respecto de los restantes rubros de la indemnización, sin indicación alguna respecto de los motivos del cuestionamiento, hacen que deba desechar este pretendido agravio, sin otra consideración.

IV.- La actora, en concreto, protesta solo sobre dos aspectos de la sentencia; el resarcimiento originado por la necesidad de mudarse (fs. 264), que estima en la suma de $8.000, de conformidad con lo que, según dice, surge del documento identificado con la letra “B” (boletos de venta y compra de fs. 6/8) y sobre la cuantía de la indemnización del daño moral, fijada en $3.500.-

En el primero de estos rubros, de los boletos o recibos de seña indicados como prueba del perjuicio, en mi opinión, no se desprende la existencia de un desmedro patrimonial de $8.000, como afirma la actora; el denominado “seña de boleto”, indica el compromiso de venta por aquélla, del departamento de la calle Acuña de Figueroa, en la suma de U$S.39.000, mientras el boleto de fs. 7/8 instrumenta un compromiso de compra, por la misma parte, de un departamento en la calle Lavalle, en la suma total de U$S.31.500, ulteriormente hipotecado para garantizar un préstamo de U$S.5.000.- A juicio del tribunal, la eventual diferencia de valor entre ambos inmuebles se halla justificada por la diferencia del precio de venta y compra, por lo que la indemnización admisible por este rubro son los gastos de mudanza, comisiones y honorarios que pudo haberse visto obligada a pagar la Sra. Heller, los que fueron estimados correctamente, a mi juicio, en los términos del art. 165 del Cód. Procesal , en $1.500.

En cambio, teniendo en cuenta la índole y naturaleza de los daños y molestias ocasionadas, en los términos del art. 2618 del Código Civil, el reconocimiento efectuado en lo atinente al rubro incapacidad psicofísica y su cuantía, como el sufrimiento espiritual que pudieron ocasionar aquéllas inmisiones en la vida de la actora, que parece haberse visto prácticamente obligada a cambiar de vivienda, considero insuficiente la indemnización en concepto de daño moral. Me parece innecesario extenderme en torno a la naturaleza predominantemente resarcitoria del agravio moral, pero también sancionatoria de la conducta antisocial del ofensor, como lo tiene resuelto esta sala en muchas oportunidades (confr. “Lagos c/ G.C.B.A. s/ daños”, fallo antes citado, del 22 de agosto de 2005, entre otros).

En tal sentido propongo a mis distinguidos colegas elevar el resarcimiento por este concepto a la suma de $8.000 (art. 165, C.Pr.) y, al mismo tiempo, confirmar la sentencia en lo principal que decide, elevando la condena a la suma total de $24.600, con sus intereses. Costas de alzada, a la demandada, dado el sentido, alcance y resultado de los recursos de las dos partes (art. 68, C.Pr.) ; así lo voto.

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carlos Alfredo Bellucci y Leopoldo Montes de Oca votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Cancela. Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “G” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.-



Buenos Aires, de Agosto de 2005.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 230/242 en lo principal que decide, modificándose el monto de la condena, que se eleva a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($24.600), con sus intereses, a liquidarse en la forma indicada a fs. 241 vta.. Costas de alzada a la demandada. Los honorarios profesionales se regularán una vez fijados los de la instancia de grado. Notifíquese y devuélvase.