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M. D. C. c/ OSPLAD - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal


Se ordena la cobertura cautelar de los gastos de internación y enfermería domiciliaria permanentes requeridos por la actora, quien padece Alzheimer avanzado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora -quien padece Alzheimer avanzado- y ordenó, en consecuencia, que la demandada brindara la cobertura de los gastos de internación y enfermería domiciliaria permanentes; ello, pues la decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida de la actora y la concesión de la medida requerida es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas-, reconocido por los pactos internacionales, de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 , de la CN.).

2.-El Programa Médico Obligatorio no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales, y contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto.


Fallo:

Buenos Aires, 16 de agosto de 2010.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 64/67 -respondido por su contraria a fs. 129/131 y por la Sra. Defensora Pública Oficial a fs. 132- contra la medida cautelar resuelta a fs. 51/52, y CONSIDERANDO:

1.- La resolución de fs. 51/52 decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora. En consecuencia el magistrado dispuso -en lo que aquí interesa- que la demandada le brindara a la señora D. C. M. la cobertura de los gastos de internación y enfermería domiciliaria permanentes.

La demandada apeló la decisión del magistrado.

Adujo que no se presentan en la causa las circunstancias que habilitan la procedencia y admisibilidad del amparo. Argumenta que la pretensión de la actora es inadmisible y fuera de las obligaciones que les corresponden a su parte, afirma que la resolución le otorga a la accionante la cobertura del 100% de lo solicitado sin ningún sustento legal.

2.- En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el "sub lite" la condición de la señora D. C. M. quien padece la enfermedad de Alzheimer -avanzado- (cfr. certificado médico que obra a fs. 47/48) ni su condición de afiliada a O.S.P.L.A.D (cfr. fs. 53). También obra en la causa la auditoria médica formulada por la demandada, de la que surge que la Sra. M. tiene 90 años de edad y se encuentra postrada en cama desde hace 9 años, no se comunica ni moviliza, utiliza pañales en forma permanente y que se alimenta con procesamiento de su comida (cfr. fs.74).

Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura de los gastos de internación y enfermería domiciliaria permanentes.

3.- Ello sentado, es importante puntualizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4.- Sentado lo expuesto, cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud). A esto cabe agregar que el art. 28 de la ley 23.661 establece que los agentes del seguro deberán desarrollar obligatoriamente un programa de prestaciones de salud (cfr. esta Sala, causas 7841/ del 7/2/01 y 9696/09 del 1/12/09, entre muchas otras).

Es que, como sostuvo este Tribunal -en precedentes análogos al presente-, el PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 630/03 del 15/4/03 y 14/06 del 27/4/06, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. esta Sala, causas 8545 del 6/11/01, 630/03 del 15/4/03 y 14/2006 del 27/4/06).

5.- Se debe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que lo dispuesto en los Tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc.22 , de la Constitución Nacional), reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (cfr.

Fallos 323:3229).

6.- En tales condiciones, considerando lo expuesto precedentemente y los términos de la prescripción del médico tratante (cfr. fs. 47), ponderando los superiores intereses de la señora M. -a quien se le ha iniciado el proceso de insania, cfr. fs. 69/71- y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la solución final de la controversia, cabe concluir que la decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida de la actora.

En todo caso, las cuestiones planteadas por la demandada deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual se podrán ponderar las pruebas que produzcan a tales efectos.

7.- Entiende el Tribunal que hacer lugar a la medida solicitada por la actora es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d , del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

En consecuencia, SE RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 51/52, con costas en la Alzada a cargo de la demandada (art. 68, primera parte, y art. 69 del Código Procesal).

Se difiere la regulación de honorarios para el momento del dictado de la sentencia definitiva.

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial en su despacho-, y devuélvase.

María Susana Najurieta.

Francisco de las Carreras.

Martín Diego Farrell.