Inicio El Fallo de Hoy Se admite la medida cautelar solicitada y se ordena a la obra social demandada cubrir el 100% del medicamento prescripto a la hija menor de edad de los actores en virtud de padecer pubertad precoz.
Banner
 

N. L. A. c/ Obra Social de Serenos de Buque s/ incidente de medida cautelar


Se admite la medida cautelar solicitada y se ordena a la obra social demandada cubrir el 100% del medicamento prescripto a la hija menor de edad de los actores en virtud de padecer pubertad precoz.

Sumario:


1.-Corresponde confirmar la resolución de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los actores -en representación de su hija de 8 años de edad- y ordenó a la obra social demandada brindar la cobertura del 100% del medicamento prescripto por sus médicos, en virtud de padecer pubertad precoz , toda vez que la enfermedad padecida por la menor requiere la toma de medidas concretas que tiendan a asegurar la efectiva recepción de una atención médica apropiada, ya que de no ser mantenido el tratamiento con análogo de gonadotroplinas prescripto, la paciente iniciará su pubertad y su talla final será baja , con los consiguientes trastornos emocionales y psicológicos sobre la salud de la niña.

2.-La limitación de la cobertura del medicamento esgrimida por la obra social demandada no puede prosperar, desde que sólo brinda argumentos de índole económicos que se contraponen con los fines esenciales de las obras sociales.

3.-El Programa Médico Obligatorio establece un piso mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, lo cual no constituye una limitación para los Agentes del Seguro de Salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir.

4.-Los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida cautelar sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto.


Fallo:

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 41/47, contra la resolución de fs. 18/19 vta. (concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 48), y oída la Sra. Defensora Oficial a fs. 52, y CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por P. I. G. y S. D. N. -en representación de su hija menor L. A.- y ordenó a la Obra Social de Serenos de Buque brindar la cobertura del 100% del medicamento prescripto por sus médicos, en virtud de padecer "pubertad precoz".

Contra tal decisorio se alzó la demandada argumentado que no se hallan reunidos los requisitos de viabilidad para la concesión de la medida cautelar, que no está obligada a otorgar la cobertura del medicamento requerido en un 100% porque no está incluido en el PMO y finalmente, que la contracautela juratoria fijada por el juez no resulta suficiente.

II. En primer lugar cabe poner de resalto que se halla debidamente acreditado en autos: 1) la patología discapacitante que padece la niña L. A. (de 8 años de edad, cfr. fs. 1), consistente en "Pubertad Precoz central" (cfr. certificado médico obrante a fs. 8); 2) el carácter de afiliada a la demandada (cfr. fs. 7); y 3) la prescripción médica pertinente en orden al medicamento requerido (conf. fs. 8).

Ahora bien, de las constancias señaladas y de las quejas de la demandada surge que si bien ésta reconoce que la menor posee una enfermedad que le provoca un retraso en su crecimiento y que requiere la medicación prescripta, disiente en cuanto al porcentaje de cobertura económica que debe otorgar.

II. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf.Di Iorio, J., "Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares", LL 1978-B-826; esta Sala, causa 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado - extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus boni iuris.

Esto es así pues la verosimilitud del derecho equivale, más que a una incontestable realidad, a la probabilidad del derecho en cuestión (esta Sala, causa 1.934/01 indicada -y sus citas-).

Por ello, el juzgamiento actual de la pretensión es posible sólo mediante una limitada aproximación al tema planteado, dado los estrechos márgenes cognitivos del ámbito cautelar (esta Sala, causa 3.912/02 del 20.8.02).

Respecto del marco normativo en el que se encuadra el presente, cabe recordar que, de la ley 23.661 resulta que el Sistema Nacional del Seguro de Salud fue creado "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica ." (art. 1º de la ley 23.661) y tiene como objetivo fundamental "proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud ." (art. 2º de la ley 23.661 -el subrayado, en ambos casos, es de la Sala-).

En este contexto, la niña Ludmila tiene derecho al "disfute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud" (conf. art.24 de la Convención sobre los Derechos del Niño -Convención que resulta de aplicación obligatoria en "todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad", de conformidad a lo dispuesto por el art. 2º de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes nº 26.061 ).

Asimismo, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes dispone en su art. 14 que "Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud".

En este orden de ideas y respecto de la queja relativa a que el medicamento requerido por la menor no se halla incluido en el listado de medicamentos del PMO, lo cierto es que el Programa Médico Obligatorio establece un piso mínimo de prestaciones que las Obras Sociales deben garantizar, lo cual no constituye una limitación para los Agentes del Seguro de Salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir.En consecuencia, la limitación de la cobertura del medicamento esgrimida por la demandada no puede prosperar, desde que sólo brinda argumentos de índole económicos que se contraponen con los fines esenciales de las Obras Sociales.

Sobre esta base, destacase que la naturaleza de la enfermedad padecida por la menor Luzmila de 8 años de edad -pubertad precoz central- requiere la toma de medidas concretas que tiendan a asegurar la efectiva recepción de una atención médica apropiada, como es el tratamiento con "análogo de gonadotropinas" por un plazo de dos años, prescripto por su médico tratante.

En este sentido, se advierte que la necesidad de continuar con dicho tratamiento se encuentra sumariamente acreditado, según la evolución del paciente en función de lo señalado en el certificado de fs. 33 en cuanto a que de no ser mantenido el tratamiento en forma constante, la paciente iniciará su pubertad y su talla final será "baja", con los consiguientes trastornos emocionales y psicológicos sobre la salud de la niña.

Por consiguiente, es forzoso concluir que resulta aconsejable no introducir cambios en el tratamiento aludido, con la cobertura del 100% a cargo de la demandada, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo, máxime cuando esa terapia ha tenido principio de ejecución; circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación médica recibida por la menor (Corte Suprema, Fallos 327:5373).

Con relación al peligro en la demora, este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado tal recaudo, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr.causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6- 99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99, 1056/99 del 16-12-99 y 9884/06 del 26-12-06; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", pág. 77, nº 19).

Finalmente y en lo que respecta al agravio vinculado a la contracautela dispuesta, corresponde señalar que atento a la naturaleza y alcance de la medida ordenada, el Tribunal considera que las razones esgrimidas por la accionada no resultan suficientes para revocar la resolución apelada en ese aspecto, pues los argumentos invocados no logran convencer acerca de la necesidad de decretar una contracautela distinta a la juratoria.

III. Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la resolución apelada.

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese y devuélvase sin más trámite a primera instancia en donde se deberá notificar la presente resolución a las partes con habilitación de días y horas, y a la Sra. Defensora Oficial en su Público Despacho.

Ricardo Gustavo Recondo.

Graciela Medina.