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Moda S.R.L. s/ solicitud de intervención (C.1216)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia carece de facultades para disponer el archivo de las actuaciones, cualquiera sea la razón que invoque para sustentar dicho temperamento.

Sumario:

1.-La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia carece de facultades para disponer el archivo de las actuaciones, cualquiera sea la razón que invoque para sustentar dicho temperamento, el cual, atento a su trascendencia y consecuencias, se identifica claramente con la actividad resolutoria propia del Secretario de Comercio de la Nación, excediendo las facultades de investigación e instrucción que las leyes nacionales 22262 y 25156 asignan al mencionado organismo administrativo.

2.-Habiéndose desestimado el recurso extraordinario federal -art. 14 , ley 48- deducido contra la decisión por la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico anuló la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que había decretado el archivo de las actuaciones, las costas de la instancia extraordinaria deben distribuirse por su orden, si la contestación formulada por la contraparte no satisface los recaudos establecidos en el art. 1º del reglamento aprobado por la Acordada CSJN 4/2007.


Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 405/406, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (sala A) resolvió anular la resolución 23/08 dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la que se ordenó archivar las actuaciones iniciadas por la denuncia de hechos prohibidos por la ley 25.156 , formulada por Moda S.R.L, Para decidir de ese modo, el tribunal entendió que la desestimación y archivo de una denuncia es una función del futuro Tribunal de Defensa de la Competencia pero que, en la actualidad, dada su falta de conformación y conforme al art. 58 de la ley 25.156, era una medida que debía adoptar -como atribución prevista en la ley 22.262 - el Secretario de Comercio Interior y no la Comisión Nacional como sucedió en el presente.

-II-

Disconforme, el Estado Nacional interpone el recurso extraordinario de fs.412/422, contestado a fs. 430/434, que fue concedido a fs. 436.

El recurrente sostiene que:a) la sentencia efectúa una errónea interpretación de la ley 25.156 porque corresponde legalmente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la decisión de archivar las denuncias; b) la resolución anulada no "desestima" una denuncia sino que "archiva" unas actuaciones; c) la decisión de archivar es una medida instructoria y ordenatoria propia de las atribuciones de la Comisión Nacional; d) la resolución 23/08 no es de fondo; e) el fallo no tiene sustento jurisprudencial en tanto otras salas sostienen lo contrario en punto a la competencia de la Comisión Nacional.

-III-

A mi modo de ver, el recurso es formalmente admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de las leyes 22.262 y 25.156 y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas.

En cuanto al fondo del asunto, circunscribo el examen del recurso a la interpretación que la cámara formula respecto de qué órgano entiende competente para dictar los actos como el cuestionado en autos, ala luz de lo dispuesto en las citadas leyes.

Al respecto, ella guarda sustancial analogía con la examinada en mi dictamen del 22 de junio de 2006 en los autos C.1216, L. XLI "Credit Suisse First Boston Private Equity Argentina II y otros si apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Competencia"; R.1170, L.XLII "Recreativos Franco s/ apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Competencia" en dictamen del día 26 de diciembre de 2006 y B.1626, L.XLII "Belmonte, Manuel y Asociación Ruralista de General Alvear c/ Ministerio de Economía y Producción-Secretaría de Coordinación Técnica-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (recurso de hecho)" en dictamen del 16 de julio de 2007, cuyos fundamentos- , que doy por reproducidos por razones de brevedad en cuanto fueren aplicables al present6- fueron compartidos por V.E.en los respectivos pronunciamientos del 5 de junio de 2007 y del 16 de abril de 2008.

Así, tampoco asiste razón al recurrente cuando sostiene que sólo se trata de una mera resolución de archivo por falta de ratificación de la denuncia por parte de Moda S.R.L. -cuestiones formales- y no de fondo, toda vez que a poco que se lea la resolución anulada queda en evidencia que el archivo se produjo, más allá de la cuestión formal, por entenderse que la denuncia era improcedente y que como tal correspondía su desestimación (ver párrafos 7 a 12 del considerando de la resolución cuestionada obrante a fs. 1/34).

-IV-

Opino, por lo tanto, que 'corresponde continuar la sentencia de fs. 405/406 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010.

ES COPIA LAURA M. MONTI

ADRIANA N. MARCHISIO

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011.

Vistos los autos: "Moda S.R.L. s/ solicitud de intervención (C.1216)".

Considerando

1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico anuló la resolución 23/08 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la que se había dispuesto archivar las actuaciones instruidas como consecuencia de la denuncia de hechos prohibidos por la ley 25.156 presentada por Moda S.R.L.

2º) Que para así resolver el a quo señaló que el acto impugnado, en tanto desestimaba y archivaba la denuncia formulada por Moda S.R.L., no constituía una medida ordenatoria o instructoria tendiente a un estudio o investigación de mercado, sino que era una verdadera decisión de fondo, por lo que sólo podía ser adoptada por el Secretario de Comercio Interior.En consecuencia, concluyó en que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia carecía de facultades para actuar como lo había hecho, lo que determinaba la nulidad absoluta e insanable de la resolución 23/08 de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor.

3º) Que, contra esta decisión, el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Finanzas- interpuso recurso extraordinario federal, en el que sostiene los siguientes agravios: a) la sentencia efectúa una incorrecta interpretación de las disposiciones de la ley 25.156 en la que se reconoce que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a quien corresponde la decisión de archivar las denuncias; b) en la resolución impugnada no se desestima una denuncia sino que se archivan las actuaciones, decisión que por su carácter instructorio corresponde a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y c) la resolución 23/08 de la Comisión no se expide sobre el fondo de la cuestión planteada.

4º) Que, contestado el referido recurso, éste fue concedido a fs. 436 y resulta formalmente admisible pues se ha puesto en tela de juicio el alcance y la interpretación que cabe asignar a las leyes 22.262 y 25.156 y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas.

5º) Que a los efectos de dilucidar cuál es la autoridad que, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 22.262 y 25.156 es la competente para dictar actos como el que en el sub examine se cuestiona, resulta indispensable recordar que esta Corte ha señalado que ".la autoridad a la que alude el art. 58 de la ley 25.156 comprende a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia -con facultades de instrucción y de asesoramiento- y al órgano ejecutivo de la cartera económica al que, según la estructura organizativa, le corresponda la facultad resolutoria a través del dictado de los actos administrativos pertinentes.Ello es así, (.) hasta tanto el Tribunal creado por la ley 25.156 se constituya -en cuyo caso corresponderá, según dispone dicha ley, tanto la tarea instructoria como la de decisión- y mientras rija el sistema de transitoriedad previsto en su artículo 58." (Fallos: 330:2527 y 331:781).

En razón de ello se destacó que "la instrucción e investigación de las infracciones a la ley son facultades de la Comisión Nacional, pertinentes que administrativa como también indiquen competente, la y de emitir los dictámenes a la autoridad así lo aconsejen cuando la ley prevé, el tratamiento a seguir en las actuaciones". La facultad resolutoria de estos procedimientos, por medio del dictado de actos administrativos, corresponde al Secretario ministerial (confr. fallos cit.).

6º) Que, en el caso, la recurrente sostiene que la resolución 23/08 de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, en tanto sólo dispuso el archivo de las actuaciones por falta de ratificación de la denuncia y no su desestimación, constituye una medida de carácter instructorio que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se encuentra habilitada a dictar.

7º) Que el criterio propuesto no resulta atendible a poco de que se repare en que la decisión que dispone el archivo de las actuaciones, cualquiera sea la razón que la justifique, constituye una determinación de mérito respecto de la denuncia formulada, temperamento consecuencias, resolutoria se y que, atento identifica excede las a su claramente facultades trascendencia con de la y actividad investigación e instrucción del procedimiento que el ordenamiento le asigna a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Por otra parte, no puede soslayarse que es esta la inteligencia que el Tribunal ha asignado a las normas en examen al señalar que dentro de las potestades decisorias que competen al Secretario de Comercio se encuentran, entre otras, las de ".aplicación de multas, de archivo de las actuaciones, de desestimación de denuncias, de aceptación de compromisos, de cese o abstención de la conducta imputada, de disposiciónde pase del expediente a la justicia." (Fallos: 330:2527, lo resaltado y subrayado no corresponde al original).

8º) Que, finalmente, tampoco puede sostenerse, como pretende la recurrente, que el archivo de las actuaciones haya respondido exclusivamente a razones formales. Por el contrario, el examen de la resolución 23/08 de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor permite advertir que en ese acto no sólo se mencionó la falta de ratificación de la denuncia formulada sino que también se hizo mérito de los aspectos de fondo del planteo y se expusieron las razones que determinaban su improcedencia y justificaban su desestimación (confr. considerandos 7° a 12, en especial éste último).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia de fs. 405/406. Costas por su orden en atención a que la contestación de fs. 430/434 no satisface los recaudos establecidos en el art. 1º del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON NOLASCO (en disidencia parcial) CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).

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DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Consider ando:

Que las suscriptas coinciden con lo expresado en el voto que antecede con excepción de las costas, las que se imponen al vencido.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia de fs. 405/406. Con costas. Notifíquese y devuélvase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARMEN M. ARGIBAY.

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