Inicio El Fallo de Hoy Se confirma la sentencia que ordenó a la obra social demandada reincorporar al actor en el carácter de afiliado adherente, pues la decisión intempestiva de darlo de baja porque padecía de acalasia al momento de afiliarse, resultó irrazonable y debe pagar
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Microjuris

B. O. M. c/ Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil

Se confirma la sentencia que ordenó a la obra social demandada reincorporar al actor en el carácter de afiliado adherente, pues la decisión intempestiva de darlo de baja porque padecía de acalasia al momento de afiliarse, resultó irrazonable y debe pagar una indemnización por daño moral, material, y una suma para hacer frente al tratamiento de psicoterapia.

Sumario:



1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada, que hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, ordenó a la obra social demandada a indemnizar y a reincorporar al actor -quien padecía de acalasia al momento de afiliarse a la demandada- en el carácter de afiliado adherente, en las mismas condiciones en que ingresó, contra el abono de las cuotas correspondientes a partir de la reincorporación, ya que la decisión intempestiva de dar de baja la afiliación es irrazonable, considerando que el interesado en su declaración jurada de salud manifestó sufrir problemas gástricos, sin que ese dato hubiera constituido un obstáculo para que la obra social lo admitiera como afiliado adherente, ya que de haber tenido dudas acerca del alcance de lo allí indicado, podría haberse reservado el derecho a solicitar un chequeo y hasta a rechazar la afiliación discrecionalmente, pues la pretensión que aquí se esgrime, de hacer valer un derecho desconociendo su anterior conducta, significa ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo un proceder incompatible con otro anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

2.-La decisión intempestiva de dar de baja la afiliación es irrazonable frente a la admisión del afiliado inmediata y sin reserva de parte de la obra social, máxime teniendo en cuenta que no hay agregados a la causa elementos que demuestren la mendacidad del afiliado.

3.-Tal como se dictamina en la pericia médica, al decir que el paciente al realizar una consulta supo que tenía acalasia, es decir, una oclusión del ingreso al estómago por un espasmo, que impide que la ingesta ingrese al estómago, causando una debilidad progresiva que requiere intervención quirúrgica, la demora en suministrar atención adecuada puso en peligro la vida del actor, quien presentaba un estado de verdadera caquexia, concluyendo en que se trata de un caso de abandono de persona.

4.-En el tipo de proceso dispositivo que rige las cuestiones civiles, la ley distribuye entre los litigantes la carga de la prueba de sus afirmaciones, que consiste en un imperativo del propio interés del que la soporta; y, en consecuencia, aquel que no desee salir derrotado de un pleito, si de ello depende la suerte de la litis, deberá aportar al juez -cuya verdad, sino única, cuanto menos formalmente preponderante, es el expediente judicial- los medios que sustentan sus pretensiones (confr. art. 377 y concs. del CPCCN.).

5.- El aducido daño emergente que ocasionó en el físico del actor la falta de atención por parte de la demandada, durante los dos años de sufrimiento y deterioro anteriores a la intervención quirúrgica, carece de proyección económica concreta más allá de los ítems que por haber sido comprobados fehacientemente (la internación de urgencia en el hospital público y los gastos que irrogaron la operación y los medicamentos) motivaron en su conjunto la indemnización fijada en concepto de daño material por el magistrado de la anterior instancia, por lo que la pretensión del apelante, en el sentido de que el juzgador omitió pronunciarse acerca de ese punto, no puede prosperar, atento a que las lesiones físicas o psíquicas no resultan indemnizables en sí mismas, si de ellas no emanan consecuencias patrimoniales.

6.-Se aprecian inevitables los sufrimientos espirituales del actor, como consecuencia de la incertidumbre que debió soportar a fin de obtener asistencia médica adecuada e integral para su intervención quirúrgica, ante la actitud de desprotección asumida por la demandada al privarlo de cobertura médica, en cuya inteligencia ha quedado demostrado que lo hizo con fundamento en que el afiliado había suministrado información falsa, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento que fijó prudencialmente una indemnización por daño moral ajustada a derecho, que tuvo en cuenta aquellos extremos, y rechazar la pretensión del actor, ya que la intención de desglosar el daño moral en injurias, exceptio veritatis y daño moral propiamente dicho desnaturaliza la esencia de un rubro que debe ser indemnizado sin fraccionamiento ni superposiciones.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de dos mil diez reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "B., O. M. C/ OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, respecto de la sentencia de fs. 637/640, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Santiago Bernardo Kiernan.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI dijo:

I. La sentencia de fs. 637/40 hizo lugar parcialmente a la demanda que dedujo el señor O. M. B. contra la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación y en consecuencia ordenó su reincorporación en el carácter de afiliado adherente, en las mismas condiciones en que ingresó, contra el abono de las cuotas correspondientes a partir de la reincorporación. Asimismo condenó a la vencida a pagar la suma de $ 29.000 con más sus intereses y las costas del juicio (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial).

II. Para decidir del modo en que lo hizo, el juez a-quo, señaló liminarmente que aún cuando no era materia de controversia en el sub-examine, que el señor B.padecía inconvenientes gástricos o reflujo al momento de afiliarse a la demandada, cabía determinar si tenía conocimiento fehaciente de la enfermedad que lo aquejaba, como así también de sus causas y en su caso, si ocultó tales circunstancias.

En el mismo orden de ideas, recordó que si bien la demandada sostuvo que el interesado había ocultado la afección que en verdad sufría, la cual según sus dichos tendría origen en un etilismo crónico, tales aseveraciones no habían sido probadas por aquella parte. Mientras que contrariamente, por haberse demostrado que la obra social lo aceptó como socio adherente y lo dio de alta, la decisión de desafiliarlo con sustento en que posteriormente llegó a su conocimiento que sufría de acalacia, es desacertada, por lo que corresponde su reincorporación.

En cuanto al monto de la indemnización por el que consideró que debía prosperar la demanda, el magistrado tuvo en cuenta para fijar el daño material en la suma de $ 1.500, los gastos por internación en el hospital público, medicamentos e intervención quirúrgica. Además estimó adecuado reconocer la suma de $ 1.500 en concepto de daño moral sufrido por los padecimientos del demandante al haber sido considerado falseador de información y alcohólico, sin que tales extremos fueran acreditados. Y otorgó la suma de $ 26.000 para hacer frente al tratamiento de psicoterapia.

III. El pronunciamiento fue apelado por ambas partes. El actor lo hizo por medio del escrito de fs. 647 y la de-mandada con el suyo de fs. 654. Fundaron sus recursos con las expresiones de agravios de fs. 667/68 y fs. 663/66 vta. respectivamente, habiendo contestado traslado únicamente la accionan-te, quien lo hizo a fs. 669/70.

IV. El interesado invoca en lo sustancial, dos agravios. El primero de ellos, vinculado con lo que interpreta que ha sido una omisión del sentenciante al fijar el resarcimiento del rubro que se peticiona en el punto IV.a., del escrito de inicio, relativo a la indemnización por el deterioro de su salud ante la falta de atención profesional adecuada y de medicamentos, cuando cesó la prestación por parte de la obra social accionada. El segundo, referido al desconocimiento del desglose del rubro daño moral que fue solicitado en el escrito de de-manda, en particular en el punto IV. c., como "la exceptio veritatis" e involucra las injurias de que fue víctima al ser acusado de alcohólico y mendaz.

V. La vencida, por su parte, pide que se revoque el decisorio impugnado. A tales fines, reitera que ha quedado de-mostrado que el actor falseó su declaración jurada de ante-cedentes personales de salud, habiendo omitido intencionalmente consignar la patología que lo aquejaba, como así también su sintomatología. Además insiste en sostener, que entre las causas que se mencionan como antecedente de la acalasia se encuentra el alcoholismo, sin que ello constituya una injuria.

Asimismo, discrepa con el criterio del sentenciante en cuanto para decidir ha ponderado la pericia médica, pues según su criterio, además de haber sido impugnada, dicha pieza carece de consideraciones profesionales, no se expide sobre el tema del etilismo e incluye juicios de valor impropios. Final-mente hace reserva del caso federal, para ocurrir a la Corte Suprema si la sentencia fuere confirmada.

VI. Por razones metodológicas, debo anticipar que analizaré en primer lugar, los agravios de la demandada, en cuanto con ellos persigue la revocatoria de la sentencia apelada.

VII. En tal sentido, es preciso recordar, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos 278:271; 291:390; 294:466; entre otros); y que en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art.386, segunda parte , Código Procesal (confr. Sala 1, causa N° 4941/04 del 24.05.07; esta Sala, causas N° 748/02 del 02.07.08; entre otras).

VIII. Además, se debe puntualizar, que en el tipo de proceso dispositivo que rige las cuestiones civiles, la ley distribuye entre los litigantes la carga de la prueba de sus afirmaciones que consiste en un imperativo del propio interés del que la soporta; y en consecuencia aquel que no desee salir derrotado de un pleito, si de ello depende la suerte de la litis, deberá aportar al juez -cuya verdad, sino única, cuanto menos formalmente preponderante, es el expediente judicial- los medios que sustentan sus pretensiones (confr. art. 377 y concordantes del Código Procesal, Couture, E. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" págs. 240 y ss., 3° Ed. Depalma, Bs.As., 1958).

IX. Ahora bien, en función de lo expresado precedentemente y de acuerdo al modo en que la cuestión ha quedado planteada, cabe recordar que el actor solicitó el ingreso a la obra social demandada el 20 de noviembre de 2001 y que fue dado de alta el día 30 del mismo mes y año, habiendo manifestado en su declaración jurada de salud, entre las afecciones preexistentes, que padecía problemas gástricos, que se manifestaban por reflujo (ver copia de la solicitud de afiliación de adherentes a fs. 51/55, espec. fs. 54). Asimismo que en marzo de 2002, realizó una consulta en la que le ordenaron estudios urgentes por presentar una acalasia. En tales circunstancias, concurrió al Instituto Quirúrgico Callao donde se le manifestó que las prácticas indicadas estaban suspendidas, lo cual informó por nota a su obra social.Ello motivó de parte de ésta, el envío de una carta documento, el 2 de abril de 2002, en la que se le comunicaba que habiéndose detectado que se omitió con-signar en la declaración jurada suscripta en oportunidad de solicitar la incorporación como socio, antecedentes crónicos que se desprenden de las constancias obrantes en poder de la gerencia de salud, por configurar un claro supuesto de falseamiento, correspondía disponer la baja como afiliado adherente (ver fs. 44).

X. Frente a los hechos apuntados, el señor B. formuló un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en el que invocó discriminación y falta de prestación médica ante la baja intempestiva y arbitraria comunicada. Ello dio lugar a la formación del expediente, N° 33.713/02, en cuya resolución 429/02 del 23 de octubre de 2002, se intimó a la Obra Social Unión Personal de la Unión Personal Civil de la Nación a dejar sin efecto lo resuelto, bajo apercibimiento de sustanciar el procedimiento sancionatorio pertinente (ver fs. 466).

En este sentido, resultan ilustrativos también los argumentos que al respecto aduce el subgerente de asuntos jurídicos de aquella superintendencia al emitir el dictamen previo, n° 2322/02 del 18 de octubre de 2002, cuando interpreta que la incorporación de los beneficiarios adherentes es facultativa de las obras sociales, en virtud de la normativa aplicable a la materia, de forma tal que hasta el ingreso rigen las normas del derecho privado y por lo tanto las partes deben manifestar su consentimiento a través de la propuesta de una de ellas y la aceptación de la otra; pero que a partir del momento en que es aprobada dicha afiliación, se adquiere el carácter de beneficiario adherente al sistema y por ende se goza de los derechos que le asisten al obligado, no siendo procedente que la entidad disponga la baja del beneficiario con sustento en un supuesto falseamiento de la declaración jurada de salud (fs. 39/40).

XI.En suma, el relato que antecede demuestra que la vencida incurre en la misma conducta por la cual se decidió su condena en la instancia anterior, es decir en formular afirmaciones que no guardan correlato con las constancias de autos y que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto, pues la orfandad probatoria de sus dichos no permite tenerlos por ciertos.

XII. Ello es así, en primer lugar, si se tiene en cuenta que en el sub-examine, se ha demostrado que el actor sufre de "acalasia", enfermedad que se caracteriza por la incapacidad para relajar las fibras del músculo liso del aparato gastrointestinal en cualquier sitio de unión de una parte con la otra (ver www.wikipedia.org.acalasia). Tal como se dictamina en la pericia médica, al decir que el paciente al realizar una consulta, supo que tenía acalasia, oclusión del ingreso al estómago por un espasmo cuya etiología "no es alcoholismo, sino desorde n polineurovegetativo", que impide que la ingesta ingrese al estómago, causando una debilidad progresiva que requiere intervención quirúrgica. Por lo que, la demora en suministrar atención adecuada puso en peligro la vida del señor B., quien presentaba un estado de verdadera caquexia, concluyendo en que se trata de un caso de abandono de persona (ver fs. 543).

XIII. Además, que según las constancias agregadas al expediente, el interesado en su declaración jurada de salud, manifestó en el ítem: aclaraciones (ver. fs. 54) que sufría "problemas gástricos-reflujo", sin que este dato haya constituido un obstáculo para que la obra social lo admitiera como afiliado adherente, pues de haber tenido dudas acerca del alcance de lo allí indicado, podría haberse reservado el derecho a solicitar un chequeo y hasta a rechazar la afiliación discrecionalmente, pues la pretensión que aquí se esgrime, de hacer valer un derecho desconociendo su anterior conducta, significa ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo un proceder incompatible con otro anterior deliberado, jurídica-mente relevante y plenamente eficaz (confr.Fallos 300:909; 305:402; 307:469 y 1602 y 308:191). Por lo tanto, la decisión intempestiva de dar de baja la afiliación, es irrazonable frente a la admisión inmediata y sin reserva, máxime teniendo en cuenta las circunstancias particulares que el caso exhibe y que no hay agregados a la causa, elementos que demuestren la mendacidad del afiliado. Es por ello que propongo confirmar lo decidido por el primer magistrado interviniente, en este aspecto.

XIV. Corresponde ahora dar tratamiento a los agravios que el actor esgrime con relación al resarcimiento de los daños material y moral, con sustento en que el juez no tuvo en cuenta que aquellos rubros fueron desglosados en la demanda. Cabe anticipar, que lo pretendido resulta improcedente en ambos casos, por las razones que seguidamente expresaré.

XV. En primer lugar, se debe recordar que esta Cámara ha tenido oportunidad de decidir que las lesiones físicas o psíquicas no resultan indemnizables en sí mismas, si de ellas no emanan consecuencias patrimoniales (confr. esta Sala causa N° 1237/94 "Rearte Blanca c/Obra Social de Conductores de Transp. Colectivo Pasajeros y Otros s/Responsabilidad Médica" del 04.04.95; entre otros). Así pues, la pretensión del apelante esgrimida en el sentido de que el juzgador omitió pronunciarse acerca del ítem que reclama en el punto IV.a, de la demanda, bajo el título daño material (ver fs. 73 vta.) no puede prosperar.

En efecto, el aducido daño emergente que ocasionó en el físico del señor B., la falta de atención por parte de la demandada, durante los dos años de sufrimiento y deterioro anteriores a la intervención quirúrgica, carece de proyección económica concreta más allá de los ítems que por haber sido comprobados fehacientemente (la internación de urgencia en el hospital público y los gastos que irrogaron la operación y los medicamentos) motivaron en su conjunto la indemnización fijada en concepto de daño material por el magistrado de la anterior instancia.A lo que se suma, que a mayor abundamiento, el a-quo puso de relieve, que según cabía recordar, el interesado había renunciado a su reincorporación como afiliado adherente.

XVI. Que algo semejante ocurre con lo pretendido en cuanto al daño moral, pues la intención de desglosarlo en injurias, exceptio veritatis y daño moral propiamente dicho, desnaturaliza la esencia de un rubro que debe ser indemnizado sin fraccionamiento ni superposiciones.

Lo expresado es así, porque después de analizar los elementos reunidos en la causa, se aprecian inevitables los sufrimientos espirituales del actor, como consecuencia de la incertidumbre que debió soportar a fin de obtener asistencia médica adecuada e integral para su intervención quirúrgica, ante la actitud de desprotección asumida por la demandada al privarlo de cobertura médica, en cuya inteligencia ha quedado demostrado que lo hizo con fundamento en que el afiliado había suministrado información falsa, por lo que se fijó prudencialmente una indemnización ajustada a derecho, que tuvo en cuenta aquellos extremos.

XVII. Voto en consecuencia, por la confirmatoria de la sentencia apelada. Las costas de la alzada, atento el resultado de los recursos, se imponen en el orden causado (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.).

Los señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman y Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhieren a las conclusiones de su voto.

Con lo que terminó el acto.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN.

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN -.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 1313 a n° 1317 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 8 de junio 2010.-

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso y agravio, con costas en el orden causado (art.68, segunda parte del CPCCN).

En cuanto a los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios practicadas a favor de los doctores Alejandro Weyalns, Manuel Prada Fernández, Pablo Buffoni Almeida y Jorge Antonio Cuscuela, habida cuenta de que han sido apelados únicamente por bajos, considerando los trabajos realizados y las etapas cumplidas, corresponde confirmar sus emolumentos (arts. 6, 7, 8 , 9, 10 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839, según texto de la ley 24.432 ).

Asimismo por la labor profesional desarrollada en la alzada, ponderando el mérito del recurso presentado, la expresión de agravios y contestación, el resultado obtenido e intereses comprometidos, se fijan los honorarios del doctor Jorge Antonio Cuscuela en la suma de ($.) (arts. 6, 7, 8 y 14 de la citada Ley de Aranceles Profesionales).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN