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G.A.B c/ Instituto Nac. de Ser. Soc. para Jubilados y Pensionados


La mora injustificada del INSSJP en brindar las prestaciones médicas requeridas por su afiliada, lo obligan a reparar el daño moral ocasionado.

Sumario:

1.-Resulta procedente el reclamo por daño moral incoado contra el INSSJP derivado de la desidia del tratamiento médico otorgado a la actora, ya que se encuentra acreditada la falta de cumplimiento en tiempo oportuno de ciertas prestaciones médicas -en el caso, demora de casi un año en la entrega de un reciprocador ortésico para deambulación, y de más de un mes en el cambio de sonda vesical que debía practicársele quincenalmente-, la cual es por sí misma configurante y demostrativa del padecimiento vivido por aquélla, cuyo sosiego y tranquilidad de ánimo, tan preciados dado su grave cuadro incapacitante, se vieron alterados por la conducta adoptada por el demandado, que excedió la demora que razonablemente es dable tolerar en la atención médica de una persona afectada en su salud.

2.-La tasa de interés que corresponde aplicar a la indemnización por daño moral otorgada en la demanda de daños y perjuicios es la que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento, a treinta días, tipo vencido.

3.-Si bien el crédito reconocido a la actora en la demanda por daños y perjuicios incoada contra el INSSJP se encuentra alcanzado por la consolidación dispuesta en el art. 91 de la ley 25725, corresponde excluirlo del régimen de pago en títulos públicos allí previsto, ya que el caso presenta circunstancias extraordinarias que justifican la excepción, pues, se trata de una mujer con una incapacidad absoluta -total y permanente del 81 %-, pensionada, que vive en una habitación de hotel costeada por el Instituto demando, quien también solventa su alimentación y traslados, y que requiere auxilio en todas sus necesidades.

4.-La excepción prevista en el art. 18, segundo párrafo , de la ley 25344, en cuanto contempla la exclusión del régimen de consolidación 'cuando mediaran circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario', no requiere ninguna reglamentación, ya que está destinada a ser interpretada y aplicada por los jueces para excluir de la consolidación a algunas deudas en circunstancias extraordinarias sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil nueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "G.A.B. c/ INSTITUTO NAC. DE SER. SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ daños y perjuicios", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. A.B.G., mediante apoderado, promovió demanda contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a fin de obtener el resarcimiento de los daños derivados de la falta o desidia del tratamiento médico recibido, conducta que -según sostuvo-, provocó un 10% del total de incapacidad que padece.

La actora sufre paraplejía y vejiga neurogénica a raíz de fracturas vertebrales con compromiso neurológico originadas por una caída libre de aproximadamente 20 metros de altura, ocurrida en el año 1976, en un parque de diversiones situado en la Provincia de Tucumán (ver fs. 6 de la causa 5.890/2001, ofrecida aquí como prueba).

Concretamente pidió $10.000 por daño material, $100.000 por daño moral, $17.280 por daño psiquiátrico y $3.000 por gastos farmacéuticos y médicos (confr. fs. 4/15).

La poca claridad de su reclamo motivó que la demandada interpusiera la excepción de defecto legal (ver fs. 27/29), admitida por el magistrado a quo mediante la resolución de fs. 32/33. Como consecuencia de ello, la parte actora subsanó la falla apuntada, oportunidad en la que precisó que del 81% de incapacidad total y permanente que detenta a causa del accidente relatado, un 10% fue ocasionado específicamente por el incumplimiento de prestaciones médicas debidas, tales como la provisión de medicación para prevenir escaras, el cambio de sonda vesical cada quince días -lo que evita infecciones urinarias recurrentes-, y la entrega oportuna de un reciprocador ortésico.Todas estas circunstancias, según alegó, surgen del expediente de medidas cautelares Nro. 5.890/2001, y serían además acreditadas con las pericias ofrecidas en esta causa (confr. fs. 36).

El señor juez a quo rechazó la demanda impetrada. Para así decidir tuvo en consideración que si bien se había demostrado que la actora sufre la afección invocada, de las pruebas periciales rendidas -y no cuestionadas por la interesada-, se desprende que la atención médica dispensada fue apropiada, incluso que no existe alteración psíquica por los hechos referidos en autos. Por ende, no habiendo la actora cumplido con la carga que impone el art. 377 del Código Procesal, desestimó su reclamo, con costas (confr. pronunciamiento de fs. 250/255, en particular considerandos 3º y 4º).

II. La sentencia fue apelada por la accionante (ver fs. 261 y auto de fs. 262), quien fundó su recurso a fs. 272/274, lo que motivó la contestación del INSSJP agregada a fs. 276.

En su memorial de agravios la recurrente limita su queja al rechazo del rubro "daño moral" y al régimen de costas establecido. En este sentido argumenta que el magistrado obvió considerar las circunstancias que resultan del expediente de medidas cautelares promovido por la falta de cumplimiento de prestaciones médicas imprescindibles (v. gr. cambio de sonda cada quince días, entrega del reciprocador ortésico, provisión de muletas, etc.), todo lo cual se encontraba demostrado, pues de lo contrario no se hubiera dictado la medida precautoria pedida.

En tales condiciones, afirma que las circunstancias apuntadas son "de por sí solas causales del daño sufrido" (sic), y que si bien las pericias médicas no acreditaron un incremento del daño en razón de los incumplimientos señalados, éstos no pueden ser negados ni desconocidos para determinar la existencia del daño moral, por lo que pide que se revoque la sentencia en lo que hace a su rechazo.

III.Entrando en el análisis del recurso articulado, comienzo destacando que está fuera de controversia que la recurrente, en 1976, cuando contaba con quince años de edad, padeció el accidente referido, como consecuencia del cual padece paraplejia y vejiga e intestino neurogénicos. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Acción Social le otorgó el pertinente certificado de discapacidad en los términos del art. 3 de la ley 22.431. Tampoco se encuentra discutido que es afiliada al INSSPJ y que éste, de acuerdo a la prescripción de los médicos intervinientes, autorizó su derivación a esta ciudad para continuar con su tratamiento, con acompañante y con grado de cobertura IV, lo que se concretó en marzo de 1999 (confr. fs. 4/15, 36, 46/50 e informes periciales de fs. 138/141, 175/179, 190/194 y 219/224, y alegato de fs. 246/247; ver también causa 5.890/2001, fs. 5/10).

Sentado lo expuesto, y dados los términos en que la actora formuló su reclamo y el límite que su recurso impone a la jurisdicción revisora del Tribunal (arg. arts. 163, inc. 6 y 271, última parte , del Código Procesal; ver asimismo fs. 4/15, 36 y 272/274), debe concluirse que la cuestión a resolver en esta instancia pasa por determinar si resulta procedente el reclamo por daño moral derivado de la desidia del tratamiento médico otorgado, configurado por la falta de cumplimiento en tiempo oportuno de ciertas prestaciones médicas, a saber, el cambio de sonda cada quince días, la provisión del reciprocador ortésico en las condiciones prescriptas por el médico tratante y la provisión de medicación para prevenir escaras (confr. fs. 36).

IV. En tal contexto, en primer lugar cabe destacar que el INSSJP jamás desconoció adeudar las prestaciones de marras.Por el contrario, tanto en este proceso como en el de medidas cautelares ha sostenido la inexistencia de los incumplimientos denunciados, a punto tal de expresar "se le otorga cobertura médico total y absoluta por ser afiliada a éste Instituto.En ningún momento ni de ninguna forma se ha suspendido o cortado la prestación que se le brinda a la parte actora." (fs. 47 vta.).

En esa misma línea, en ocasión de acreditar el cumplimiento de la medida cautelar pedida por la recurrente el 13.07.2001, adjuntó una serie de órdenes de prestaciones médicas emitidas con fecha 28.06.2001 y 03.07.2001, afirmando que tal dato demuestra que "no había ningún tipo de negativa en dar la prestación y que por lo tanto la situación dista mucho de encuadrar dentro del peligro en la salud." (ver fs. 55 vta. y 145/154 del expediente 5.890/2001, en especial fs. 154). Por lo demás, a fs. 131/136 de dicha causa declaró que "en ningún momento ésta fue afectada en sus derechos por parte del Instituto, el cual no se negó ni se niega a continuar brindando la prestación, sino que manifiesta su obligación de darla en la forma, lugar y tiempo que corresponden." (fs. 134).

V. Establecido lo que antecede, a efectos de determinar si se verificaron los incumplimientos denunciados por la actora, y en su caso, si éstos tuvieron aptitud como para generar el agravio moral invocado, corresponde examinar las pruebas incorporadas a la causa.

Así, de la nota agregada a fs. 31/33 del expediente 5.890/2001 -recepcionada por el INSSJP el 14.05.2001-, surge que con fecha 11.04.2001 el Instituto le comunicó a la actora que debía justificar su estadía en Buenos Aires y adjuntar una copia de su historia clínica, recaudo que fue satisfecho el 17.04.2001.Luego, el 02 de mayo siguiente, al pretender autorizar la realización de diversas prácticas (radiografía de columna para el control de la cirugía a la que se había sometido y orden de urología para el cambio de sonda, que debía hacerse cada quince días), la recurrente fue informada de que carecía de cobertura médica, por lo que no podía autorizársele ninguna prestación. Esta resolución -según los dichos de la beneficiaria-, ocasionó que no pudiera practicarse el cambio de sonda pertinente en el tiempo indicado (se tardó por lo menos 36 días).

En la aludida misiva, la accionante también apuntó que se habían verificado demoras en la provisión del reciprocador ortésico recetado y de un par de muletas, instrumentos ambos que habían sido solicitados con fecha 16.08.2000. En este sentido, señaló que recién el 16.02.2001 el accionado le notificó que podía retirar el reciprocador, que posteriormente -el 19.03.2001- su médico rechazó, puesto que no cumplía con los requerimientos exigidos relativos al peso y material. Esto generó que el profesional enviara una nueva orden, con el consiguiente trámite administrativo. Finalmente, el aparato le fue entregado el 14.08.2001 (confr. fs. 160 vta.).

La versión del Instituto sobre este tema difiere en varios detalles de la dada por su contraria (ver fs. 131/136, en particular punto IV, siempre de la causa 5.890/2001). Sin embargo, de la documentación por él arrimada a fs. 111/125 se infiere que desde que autorizó la provisión del elemento (el 28.08.2000, fs. 111), hasta que éste estuvo a disposición de la paciente, lo que -en la hipótesis que más lo favorece-, ocurrió el 30.07.2001 (ver fs.125), transcurrió casi un año.

En otro orden, vinculado al cambio de sonda vesical, cabe apuntar que si éste debía cumplirse cada quince días y la autorización de la práctica fue pedida el 02.05.2001 -extremos alegados por la actora y no refutados por el Instituto-, es claro que con la orden emitida con fecha 28.06.2001, el demandado excedió más de un mes el lapso temporal citado (ver fs. 28/42, 49 vta., 131/136, 147 y 153/154 del expediente de medidas cautelares y fs. 46/50 del presente).

Por último, respecto de la medicación para prevenir la formación de escaras (ver fs. 36), no surge de las constancias de la causa que hubiera habido falta o demora en su suministro.

VI. En las condiciones descriptas, esto es, acreditado que el INSSJP demoró casi un año en la entrega del reciprocador ortésico para deambulación requerido por la actora de acuerdo a la paraplejia sensitivo motora que padece desde hace décadas -ver fs. 178, punto V, respuesta a)-, así como también que demoró más de u n mes -del 02.05.2001 al 28.06.2001- el cambio de sonda vesical que debía practicársele quincenalmente a raíz de su cuadro de vejiga e intestino neurogénicos -ver foja antes citada-, exponiéndola a los riesgos que de ello pueden derivarse, es mi convicción que el reclamo por daño moral resulta procedente.

En efecto, recuerdo aquí que el daño moral se caracteriza por los padecimientos o molestias que hieren las afecciones de quienes lo sufren, y se configura a su respecto lo que se denomina "prueba in re ipsa", vale decir, que surge inmediatamente de los propios hechos. Su valuación no está sujeta a cánones estrictos (arg. art. 522 del Código Civil; conf.esta Sala, causa 10.786/00 del 20.03.2007 y sus citas de doctrina y jurisprudencia, entre muchas otras), por lo que corresponde a los jueces de la causa establecer su quantum indemnizatorio prudentemente, tomando en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, su función resarcitoria y el principio de reparación integral.

Así las cosas, la falta de cumplimiento en tiempo y forma de las prestaciones médicas referidas es por sí misma configurante y demostrativa del padecimiento vivido por la actora, cuyo sosiego y tranquilidad de ánimo (tan preciados dado su grave cuadro incapacitante) se vieron alterados por la conducta adoptada por el demandado, que excedió la demora que razonablemente es dable tolerar en la atención médica de una persona afectada en su salud como la señora G.

Es que, en vista de su particular situación -presenta falta total de movilidad activa y sensibilidad en pelvis y miembros inferiores; reside desde su derivación a esta ciudad en un hotel costeado por el Instituto; se traslada en silla de ruedas; siempre auxiliada por acompañantes (ver fs. 47, punto III, tercer párrafo, informes periciales de 138/141, 175/179 y 219/224; y fs. 13/15 y 29 del beneficio de litigar sin gastos Nro. 5.945/2001)-, el retraso exagerado, y por lo tanto injustificado, en el cumplimiento de las prestaciones médicas aludidas, debió necesariamente, porque está en el curso natural y ordinario de las cosas, producirle una intensa aflicción, conmocionando significativamente el normal desenvolvimiento de su vida, de por sí ya limitada. Basta tener en cuenta la lógica preocupación sobre el impacto que en su salud podría tener la falta de cambio de sonda en el tiempo indicado por su médico o la falta prolongada del aludido reciprocador ortésico para deambular. A ello debe agregarse el tiempo insumido en formular los reclamos pertinentes (confr. fs.28/29, 31/33, 46, 113/118 del expediente de medidas cautelares) y la frustración por su ineficacia.

A mayor abundamiento, creo útil precisar que la paraplejía es una parálisis de las extremidades inferiores que impide caminar, y que el reciprocador ortésico es un elemento ortopédico que permite a una persona con paraplejia deambular, siempre que tenga fuerza en los miembros superiores, condición que evidentemente la actora detentaba, puesto que su médico le prescribió el susodicho aparato (ver fs. 179, punto d), cuya ilustración (tomada del sitio de Internet http://www.tec-nica.com.ar/Tecnica_2.htm), seguidamente imprimo, para una mejor comprensión del cuadro:

Ahora bien, el INSSJP demoró casi un año en proveer dicho instrumento, periodo de tiempo en el cual las expectativas de la accionante de despalzarse por sus propios medios se vio frustrada. De este modo, al dolor moral que indiscutiblemente sufre quien no puede deambular por su paraplejia, se le sumó la angustia de no poder acceder al elemento ortopédico que le hubiera permitido caminar con limitaciones, pero caminar al fin.

Así las cosas, juzgo que existió mora injustificada del prestador de servicios de salud en suministrar el único elemento ortepédico que hubiera permitido a la actora discapacitada por paraplejia desplazarse, y por ende, debe responder por el daño moral ocasionado. Para determinar su cuantificación, debe tenerse en cuenta el tiempo de la demora y la privación que ésta causó. En esa línea en el sub lite se encuentra probado que el demandado tardó aproximadamente un año en entregar el elemento prescripto, y esta demora privó a la actora durante casi 12 meses o 365 días de la probabilidad de deambular, o lo que es lo mismo, al menos durante ese lapso, frustró su posibilidad de abandonar la silla de ruedas (confr. informes periciales de 138/141, 175/179 y 219/224; y fs. 13/15 y 29 del beneficio de litigar sin gastos Nro.5.945/2001).

Atendiendo entonces a los extremos apuntados, considero que la accionante experimentó una verdadera lesión en su espíritu, menoscabado por la incertidumbre y angustia derivadas de la irrazonable tardanza en el cumplimiento de las prestaciones asistenciales debidas, por lo que propongo que la indemnización por daño moral sea fijada en la suma de pesos cuatro mil ($4.000) (art. 165, última parte , del Código Procesal).

VII. En cuanto a los intereses -pedidos a fs. 4, punto II-, dadas las particularidades del conflicto, cabe fijar la mora en el día 14.05.2001, fecha en que el demandado recibió la nota mediante la cual la actora denunció el incumplimiento de las prestaciones médicas de marras (ver fs. 31/33 de la causa 5.890/2001), solución que estimo adecuada, a falta de otros elementos que aporten con precisión una fecha de mora anterior.

Como es usual en el fuero, la tasa será la que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento, a treinta días, tipo vencido. Estos accesorios serán calculados hasta el efectivo pago del crédito aquí admitido, que -si mi voto es compartido-, quedará excluido del régimen de consolidación de deuda pública pertinente (confr. art. 18 de la ley 25.344).

Sobre el particular, destaco que el aludido artículo 18 de la ley 25.344 dispone que "El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general. Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario." Entiendo que para aplicar esta norma hay que interpretar separadamente las dos frases que componen el párrafo.La primera frase alude a la necesidad de una reglamentación del Poder Ejecutivo para poder excluir del sistema general a los beneficiarios de créditos previsionales de acuerdo a la edad.

Para hacer efectivo el segundo párrafo de la norma no se requiere ninguna reglamentación, ya que dicha parte está destinada a ser interpretada y aplicada por los jueces para excluir de la consolidación a algunas deudas en circunstancias extraordinarias. De esta forma se permite que los magistrados excluyan del pago en bonos a determinados créditos sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esta es la interpretación aceptada por la C.S.J.N. al decir "sin perjuicio de los reparos que puedan efectuarse en cuanto a la técnica legislativa utilizada, es evidente que la incorporación del art. 18 al régimen de consolidación de deudas responde a la necesidad de atender en efectivo las obligaciones de aquellos acreedores que se encuentran en las especiales condiciones descriptas por la norma, sin tener que recurrir a declarar inconstitucional el régimen, única solución posible antes de sancionarse la ley 25.344 , pues la ley 23.982 no contenía tales previsiones (Fallos 316:779; 318:1593 y 321:1984 ).

El crédito aquí reconocido se encuentra alcanzado por la consolidación dispuesta en el art. 91 de la ley 25.725. Sin embargo, el caso presenta circunstancias extraordinarias que -a mi criterio- justifican su exclusión del régimen de pago en títulos públicos allí previsto. En efecto, se trata de una mujer con una incapacidad absoluta (total y permanente del 81%), pensionada, que sufre paraplejía, que vive en una habitación de hotel costeada por el INSSJP, quien también solventa su alimentación y traslados, y que requiere auxilio en todas sus necesidades, para lo cual cuenta con la ayuda de una sobrina y un primo que habitan con ella (ver los informes periciales de 138/141, 175/179 y 219/224 ya aludidos; y fs.13/15 y 29 del beneficio de litigar sin gastos Nro. 5.945/2001).

En función del marco reseñado, aprecio entonces que se dan las condiciones que tornan procedente la excepción contemplada en el art. 18, segundo párrafo, de la ley 25.344, en cuanto contempla la exclusión del régimen "cuando mediaran circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario".

Para llegar a esta conclusión, creo necesario precisar el significado que cabe asignarle a las expresiones "desamparo" e "indigencia" allí contenidas. Según la definición que al respecto brinda el diccionario de la Real Academia Española, el término "desamparo" debe entenderse como "acción y efecto de desamparar", esto es, de "abandonar, dejar sin amparo ni favor a la persona o cosa que lo pide o necesita". Concordemente, la palabra "indigencia" es definida como la "falta de medios para alimentarse, vestirse, etc." (confr. CSJN, in re "Chaves, Fabián Mario c/ Provincia de Tucumán" , del 04.03.2008, Fallos 331:391).

En este orden de ideas, frente a las circunstancias descriptas, no cabe duda de que la actora se encuentra en situación de indigencia y desamparo, por lo que resulta innegable que la indemnización fijada como consecuencia del daño moral inferido, que persigue reparar de manera integral a una persona incapacitada, adquiere en el caso un evidente carácter asistencial, y, por lo tanto, debe quedar excluida del régimen de pago en bonos por configurarse la excepción prevista en el art. 18, segundo párrafo , de la ley 25.344 (doctr. Fallos:327:4067 ).

Asimismo, resulta útil agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un conflicto en donde se discutía si debían excluirse de la cancelación en bonos algunos rubros del monto de condena fijado a favor de una persona discapacitada, entre ellos el daño moral, decidió -remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal-, que "por las particulares circunstancias que se configuran en el caso, no se advierte que pueda efectuarse discriminación de ninguna índole entre los distintos rubros que componen el monto total de la condena.se trata de una incapacidad total y permanente que requiere la ayuda de terceras personas en forma diaria y por el resto de la vida de la víctima" (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hizo propio, in re "Guiñazú, Ricardo y otros c/ Folch, Cecilia Beatriz y otros", del 18.12.2007, Fallos 330:5272), por lo que confirmó la exclusión de la totalidad del crédito del régimen de consolidación pertinente.

En igual sentido, destaco que este Tribunal ha admitido anteriormente la exclusión del régimen de consolidación de deuda pública de ciertas acreencias, sin formular distinciones en cuanto a su composición (esta Sala, doctr. causas 10.786/00 del 20.03.2007 y 7.811/2002 del 29.08.2008).

VIII. Finalmente, creo conveniente dejar sentado que la indemnización otorgada en el punto anterior constituye el resarcimiento por el daño moral sufrido por la actora a causa de los incumplimientos que puntualmente integraron su demanda (confr. 4/15 y 36) y que fueron acreditados en esta causa y en el expediente de medidas cautelares, ofrecido aquí como prueba (art. 34, inc. 4, 163, inc. 6 y 277 del Código Procesal), lo que explica que no estén comprendidos otros incumplimientos denunciados en la causa 5.890/2001, algunos de los cuales son incluso posteriores al inicio de este pleito (v. gr., demora en la entrega de un par de muletas, cambio de cateter vesical especial, falta de provisión de un almohadón antiescaras; ver fs.153/154, 204, 213, 222, 252 y 279/334 de la causa 5.890/2001).

XI. Por los argumentos desarrollados, voto por revocar parcialmente la sentencia recurrida y conceder a la actora una indemnización de pesos cuatro mil ($4.000), en concepto de daño moral, a la que deberán añadirse los intereses indicados en el punto VII, suma que se encuentra excluida del régimen de consolidación de deuda pública (art. 18, segunda parte, de la ley 25.344).

Habida cuenta que la sentencia quedó firme en lo que hace al rechazo de tres de los cuatro rubros reclamados (que totalizaban la cantidad de $30.280; ver fs. 14 vta.), las costas de primera instancia se distribuyen en un 80% a cargo de la actora y el 20% restante a cargo del Instituto (arts. 68, primera parte , 71 y 279 del Código Procesal). Las de Alzada, en atención al resultado del recurso, en el que la accionante triunfó, bien que no en la proporción pretendida ($100.000; confr. fs. 14 vta.), se distribuyen en un 10% a cargo de ésta y el 90% restante a cargo del INSSJP (confr. artículos citados).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo

Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 169, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:revocar parcialmente la sentencia recurrida y conceder a la actora una indemnización de pesos cuatro mil ($4.000), en concepto de daño moral, a la que deberán añadirse los intereses indicados en el punto VII, suma que se encuentra excluida del régimen de consolidación de deuda pública (art. 18, segunda parte, de la ley 25.344).

Por los argumentos expuestos en el punto XI, las costas de primera instancia se distribuyen en un 80% a cargo de la actora y el 20% restante a cargo del Instituto y las de Alzada, en atención al resultado del recurso, se distribuyen en un 10% a cargo de ésta y el 90% restante a cargo del INSSJP (arts. 68, primera parte, 71 y 279 del Código Procesal).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal, el Tribunal procederá a regular los honorarios de los letrados y peritos intervinientes una vez que se encuentre aprobada y firme la liquidación del crédito aquí admitido.

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo