Inicio El Fallo de Hoy Debe el letrado pagar la tasa de justicia, pues al haber suscripto con su representado, un pacto de cuota litis superior al 20%, debe afrontar el pago del sellado judicial, conforme surge del art. 4 de la Ley 21839.
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Benítez Jorge Maximiliano c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otros


Debe el letrado pagar la tasa de justicia, pues al haber suscripto con su representado, un pacto de cuota litis superior al 20%, debe afrontar el pago del sellado judicial, conforme surge del art. 4 de la Ley 21839.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución de anterior instancia en cuanto intima al letrado a pagar la tasa de justicia, pues al haber suscripto el letrado con su representado, un pacto de cuota litis superior al 20% debe afrontar el pago del sellado judicial. En efecto, el art. 4 de la ley 21839 establece la regla según la cual si la participación del letrado en el resultado del pleito es superior al 20%, los gastos que correspondieren a la defensa del cliente y la responsabilidad de éste por las costas, estarán a cargo del profesional, excepto convención en contrario, es decir, cuando el profesional declara expresamente que no será responsable por las costas del proceso y en esa eventualidad las traslada a su cliente, cuestión que no se verifica en la especie, por ende corresponde confirmar la resolución de anterior instancia en cuanto intima al letrado a pagar la tasa de justicia, no obstando a esta solución la ulterior renuncia que efectuara en los autos, toda vez que la tasa de justicia debió tributarse al momento en que se tuvo acceso a la jurisdicción iniciando las actuaciones principales -cf. art. 9 de la ley 23898-.

2.-El denominado pacto de cuota litis es el contrato en virtud del cual el profesional se hace partícipe en el resultado de un proceso, para percibir un porcentaje del crédito de su cliente y el letrado estará eximido de afrontar los gastos que irrogue el juicio siempre que el monto de dicha participación no exceda el tope máximo previsto en la ley de aranceles. En ese contexto, la norma mencionada permite a los profesionales pactar con sus clientes los emolumentos por su labor en un proceso mediante su concurrencia en el resultado económico obtenido (art. 4 de la ley 21839) que no puede exceder del 40%, sin perjuicio del derecho de percibir los honorarios que se encuentren a cargo de la contraparte.

3.-Corresponde revocar la sentencia en cuanto desestima la franquicia solicitada y en consecuencia se concede el beneficio de litigar sin gastos al actor en los términos del art. 84 del CPCCN., pues conforme surge del análisis de la prueba de autos -declaraciones testimoniales, declaración jurada y constancia obrantes en los autos principales- surge que el peticionario ha evidenciado cabalmente los extremos requeridos que tornan viable su pretensión y ha logrado convencer acerca de la escasez de sus recursos, todo lo cual amerita otorgarle el beneficio solicitado, máxime cuando no medio oposición del Sr. Representante del Fisco y la parte contraria.

4.-El objeto de la actividad probatoria en el beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener recursos; de allí, que se torna preciso al requirente la demostración concreta de la carencia de éstos y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar la empresa procesal, circunstancias esenciales para su otorgamiento.


Fallo:

Buenos Aires, agosto 11 de 2009.

AUTOS Y VISTOS:

I. Contra lo decidido a fs. 30/31 y 50 se alzan a fs. 33 y 52 la parte actora y el Dr. Juan Carlos Russo con sustento en los agravios vertidos a fs. 53/54 y 59, los que son contestados a fs. 62/65. A fs. 79 y 83 obran sendos dictámenes del Sr. Fiscal de Cámara.

II. En cuanto al recurso respecto de la intimación al letrado al pago de la tasa de justicia, se recuerda que el denominado pacto de cuota litis es el contrato en virtud del cual el profesional se hace partícipe en el resultado de un proceso, para percibir un porcentaje del crédito de su cliente (cf. LL. 1985-C, 599 y CNCiv. esta Sala "G" en R. 513.066 del 27/5/09 y R. 510.838 del 8/6/09), y el letrado estará eximido de afrontar los gastos que irrogue el juicio siempre que el monto de dicha participación no exceda el tope máximo previsto en la ley de aranceles. En ese contexto, la norma mencionada permite a los profesionales pactar con sus clientes los emolumentos por su labor en un proceso mediante su concurrencia en el resultado económico obtenido (art. 4 de la Ley 21839) que no puede exceder del 40%, sin perjuicio del derecho de percibir los honorarios que se encuentren a cargo de la contraparte.

En la resolución apelada, el magistrado de la anterior instancia entendió, con acierto, que al haber suscripto el apelante con su representado, un pacto de cuota litis superior al 20% debe afrontar el pago del sellado judicial.

En efecto, el artículo en examen establece la regla según la cual si la participación del letrado en el resultado del pleito es superior al 20%, los gastos que correspondieren a la defensa del cliente y la responsabilidad de éste por las costas, estarán a cargo del profesional, excepto convención en contrario (cf. CNCiv. esta Sala "G" en R.475.514, del 16/4/2007), es decir, cuando el profesional declara expresamente que no será responsable por las costas del proceso y en esa eventualidad las traslada a su cliente, cuestión que no se verifica en la especie; por ende las protestas vertidas por el Dr. Russo no han de prosperar y no obsta a esta solución la ulterior renuncia que efectuara a fs. 33 (el 18/7/07), toda vez que la tasa de justicia debió tributarse al momento en que se tuvo acceso a la jursidicción iniciando las actuaciones principales (cf. cargo de fs. 15 de fecha 10/6/04 y art. 9 de la Ley 23.898).

III. En cuanto a las quejas respecto del rechazo de la franquicia requerida por el actor, el objeto de la actividad probatoria en este tipo de procesos consiste en arrimar elementos que permitan formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener recursos; de allí, que se torna preciso al requirente la demostración concreta de la carencia de éstos y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar la empresa procesal, circunstancias esenciales para su otorgamiento (Cf. CNCiv, Sala "G", en R.312.277 del 29/12/00 y sus citas).

De las declaraciones testimoniales que dan cuenta las actas de fs. 3/4, como de la declaración jurada de fs. 8 y de constancia obrantes en los autos principales nº 49943/04, a la vista, se desprende que el Sr. Jorge Maximiliano Benítez, tiene 34 años, vive en la localidad de Williams Morris, Pcia. de Buenos Aires, en una casa humilde propiedad de su madre donde habita con sus progenitores, dos hermanos y su hija menor de edad; y carece de bienes de fortuna y a raíz del accidente se encontraría impedido de continuar con su labor de peón de albañil, cobrando desde hace dos años un subsidio de pesos ciento cincuenta (vgr.plan jefes); de ahí que, el peticionario ha evidenciado cabalmente los extremos requeridos que tornan viable su pretensión y ha logrado convencer acerca de la escasez de sus recursos, todo lo cual amerita otorgarle la franquicia solicitada; máxime cuando no medio oposición del Sr. Representante del Fisco y la parte contraria.

Desde esta perspectiva, habrán de admitirse sus quejas y otorgarse al actor el presente beneficio de litigar sin gastos.

Por lo expuesto, y oído el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 79 y 83, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la resolución de fs. 30/31 y 50 en cuanto a la intimación a pagar la tasa de justicia; y revocarla en cuanto desestima la franquicia solicitada, en consecuencia se concede el presente beneficio de litigar sin gastos a Jorge Maximiliano Benítez en los términos del art. 84 del CPCC. II. Con costas de alzada respecto del recurso en cuanto a la intimación al pago de la tasa al letrado vencido y en cuanto a la franquicia por su orden atento que no ha mediado oposición al respecto. III. Regístrese y notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara, en su público despacho. IV.- Cumplido, vuelvan los autos a la instancia de grado a quien se le encomienda practicar las notificaciones del caso a los interesados.

CARLOS A. BELLUCCI

BEA TRIZ AREÁN

CARLOS A. CARRANZA CASARES