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Arhehpez S.A. c/ AFIP


No puede pretenderse la suspensión del pago de derechos de exportación con sustento en que, en un tiempo prudencial y reglamentariamente establecido, el obligado a su pago obtendrá la devolución del Impuesto al Valor Agregado por exportaciones.

Sumario:

1.-Es arbitraria, a los fines del recurso extraordinario federal -art. 14 , ley nacional 48-, la resolución que admitió la medida cautelar innovativa pedida por un importador para que se suspenda el pago de derechos de exportación invocando que, en un tiempo prudencial y reglamentariamente establecido, obtendría la devolución del Impuesto al Valor Agregado por exportaciones, habiéndose fundado su concesión exclusivamente en las afirmaciones del peticionario, quien no demostró que el desfasaje que alega, entre la fecha de cobro del derecho de exportación y la de percepción del reintegro del Impuesto al Valor Agregado, se deba exclusivamente a incumplimientos del Fisco, ni acreditó que la demora atribuida al mismo en proceder a la devolución de sus acreencias le cause un perjuicio irreparable, cuya subsanación no halle otra vía idónea que no sea la concesión de una medida extraordinaria como la solicitada (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).

2.-Un importador que inicia actividades no puede válidamente alegar -ni mucho menos pretender- la suspensión del pago de derechos de exportación invocando que, en un tiempo prudencial y reglamentariamente establecido, obtendrá la devolución del Impuesto al Valor Agregado por exportaciones, ya que existe un lapso temporal inicial que le genera un coste financiero del cual ha de hacerse cargo, como parte de sus costos generales de operación del negocio, corriendo por su cuenta y riesgo, también, los costes financieros por los desfases posteriores entre las operaciones de exportación y la obtención de los reintegros que por ellas le pudieren corresponder, sin perjuicio de su legítimo derecho a la reparación en caso de que ellos se deban a un funcionamiento irregular de la Administración o a la conducta dañosa de terceros que pudieran perjudicarle (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).

3.-Si bien las resoluciones relativas a medidas precautorias -ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan- no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario federal -art. 14, ley nacional 48-, ya que no revisten, en principio, carácter de sentencias definitivas, debe hacerse excepción a esta regla en los casos en que lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad toda, en razón de su aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de las rentas públicas (del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).


Fallo:

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

La actora inició la presente acción declarativa por la vía del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el fin de que, en primer lugar, se dilucide si son o no constitucionales los derechos de exportación creados por la resolución nº 11/2002 del -entonces- Ministerio de Economía e Infraestructura. Al respecto -en lo que hace al fondo del asunto-, indicó que, a su juicio, se violó el principio de legalidad en materia tributaria, que no se han respetado los límites para la delegación legislativa previstos en el art. 76 de la Carta Magna, y que el titular del Poder Ejecutivo ha delegado ilegalmente las facultades asumidas en el ministerio mencionado.

En segundo lugar, y en subsidio para el caso en que se concluyera en la constitucionalidad del tributo citado, solicitó que se declare si su pago es o no procedente mediante compensación con los reintegros que le corresponden en el impuesto al valor agregado por sus exportaciones realizadas, que están reconocidos por la DGI a su favor, y desde que ambas deudas coexisten. Con respecto a este último punto, lo planteó primero con base en las propias normas del IVA, y luego según las normas del Código Aduanero.

Expresó que se dedica a la exportación de frutos del mar, para lo cual debe adquirir en el mercado interno todos sus insumos, situación que le genera un crédito fiscal en el IVA (art. 43 , ley 23.349 y sus modificaciones). Agregó que realiza escasas ventas dentro del país, por lo cual no puede realizar la compensación normal de la mecánica del gravamen, debiendo solicitar la devolución de sus saldos a favor por el mecanismo previsto para los exportadores.

Alegó que sus costos operativos son elevados, a la vez que el precio al que debe vender sus mercaderías es bajo debido a razones estrictas de competitividad.Esta situación, prosiguió, da por resultado que en los montos que debe percibir por reintegro del IVA no sólo está contenida toda la utilidad de su actividad (el 35,60% de la cifra que se le debe reintegrar, según acredita en la certificación contable que acompañó a fs. 4/7), sino que aquéllos también representan una parte imprescindible de sus gastos de funcionamiento. Es por esta razón, argumenta, que se halla ante una situación de peligro en la demora que justifica el pedido de la medida cautelar que formuló.

-II-

A fs. 49/51, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó lo resuelto a fs. 35 por el juez de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, al entender que se configuraban los extremos del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto el art. 34 de la ley del IVA y el decreto 959/01 facultan al contribuyente exportador a computar contra el impuesto que adeude por sus operaciones gravadas aquel que les hubiera sido facturado en la medida en que esté vinculado con la exportación y no hubiera sido ya utilizado por el responsable.

Entendió que tanto la deuda como el crédito que se pretenden cancelar gozan de igual naturaleza, lo cual en principio no causa ningún perjuicio para el Fisco, pues no dejaría éste de cumplir con la finalidad recaudatoria que persigue la resolución nº 11/2002 mencionada.

En consecuencia, ordenó a la AFIP-DGA que se abstenga de exigir a la actora, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, los gravámenes a la exportación mencionados, sea por ingreso directo o mediante retención o cualquier otro mecanismo, en la medida en que existan a su favor saldos positivos provenientes del reintegro del IVA por operaciones de exportación cuya devolución deba disponerse conforme a una comunicación que indique el monto del pago -de acuerdo al art.18 de la Resolución General 1.351/02 de la DGI-, y sólo por la parte de este último monto que resulte suficiente para cancelar los mencionados derechos de exportación. Para que así se cumpla, ordenó a la AFIP-DGI que proceda a acreditar las sumas cuyo reconocimiento le corresponde, dentro de los plazos reglamentarios, mediante una comunicación en la que indique el monto del pago, en una cuenta corriente bancaria abierta por el juzgado (conforme con el art. 2 de la RG 1.423/03 de la DGI), en la cual estarán disponibles los fondos para que la AFIP-DGA pueda ver satisfechos los derechos de exportación que la actora adeude, e imputarlos tomando como fecha de compensación aquella en que la solicitud de reintegro hubiera debido resultar admisible.

La abstención ordenada a la AFIP-DGA respecto de la exigencia del pago de derechos de exportación o sus accesorios opera aún si se hubieran vencido los plazos reglamentarios que la AFIP-DGI tiene para expedirse sobre las solicitudes de reintegro presentadas sin que lo hubiera hecho; o bien si se hubieran vencido los plazos reglamentarios que tiene la AFIP-DGI para acreditar a favor de la actora las sumas cuyo pago le correspondiera en concepto de reintegro de IVA, sin que se efectuara dicha acreditación.

Por último, estableció que si en alguno de los períodos los montos correspondientes a los reintegros del IVA no resultaran suficientes, la actora deberá ingresar la diferencia bajo apercibimiento de las consecuencias legales que la falta de pago de los derechos de exportación le ocasione.

-III-

Disconforme con lo decidido, la AFIP interpuso los recursos extraordinarios que lucen a fs. 76/78 (DGA) y 82/97 (DGI), concedidos por el a quo mediante el auto de fs. 120/120 vta., y sus aclaratorias de fs.126 y 131.

En el primero de ellos, la AFIP-DGA, tras argüir la existencia de una grave perturbación para la tempestiva recaudación de las rentas públicas, expresó que no hay sustento legal ni reglamentario para la compensación ordenada. Agregó que se trata de deudas que responden a tributos de disímil naturaleza. Indicó que el art. 801 del Código Aduanero establece tres condiciones, ninguna de las cuales se reúne en el sub judice: en primer lugar, porque no se trata de deudas líquidas y exigibles, ya que no ha recaído aún sentencia definitiva en cuanto al fondo del asunto; en segundo término, porque la autoridad de aplicación -la DGA- no lo ha dispuesto; y, por último, porque el art. 801 citado no ha sido reglamentado aún por el Poder Ejecutivo, quien debe evaluar la conveniencia y oportunidad de su dictado, así como su alcance, debido a las reservas y recelos que el instituto de la compensación mantiene en el orden tributario.

En el recurso de fs. 82/97, la AFIP-DGI indicó que la sentencia es arbitraria ya que se trata de tributos de diferente naturaleza jurídica, razón por la cual su compensación es competencia discrecional suya. Lo resuelto, en resumen, afecta la normal percepción de la renta pública ante los posibles supuestos de rechazo, observaciones, detracciones y recursos respecto de las solicitudes de reintegro del IVA por las exportaciones de la actora. Por otro lado, señaló que se ve afectada la organización económica misma del ente recaudador, ya que la AFIP funciona con dos direcciones generales que mantienen su independencia de funciones, en los términos del decreto 618/97.

-IV-

Tiene dicho la Corte que las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario ya que no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas (Fallos:300:1036; 308:2006, entre otros). Sin embargo, cabe hacer excepción a dicha regla en los casos en que lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad toda, en razón de su aptitud para perturbar la oportuna y tempestiva percepción de las rentas públicas (arg. Fallos: 268:126; 297:227; 298:626; 312:1010; 313:1420; 318:2431 ; 319:1317 , entre otros).

Adelanto que, a mi entender, las referidas circunstancias excepcionales se verifican en la especie y que, además, los agravios de la recurrente suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con particular y pormenorizada aplicación a las circunstancias de la causa (Fallos: 318:2431).

-V-

La viabilidad de las medidas precautorias, es sabido, se halla supeditada a que se demuestre tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora (art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y que, dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 316:1833; 320:1633 ; 325:2347 , entre muchos otros).

En lo que atañe al sub examine, a mi modo de ver, la medida cautelar en crisis fue otorgada con el solo respaldo de las afirmaciones de la actora, las cuales, a su vez, carecen del suficiente, detallado e indubitable apoyo probatorio que sería menester para su concesión.

Así, por una parte, las constancias de fs.6 y 7, si bien dan a entender la existencia de un defasaje temporal entre la fecha en que pagó el derecho de exportación exigido por la normativa vigente y la fecha en que cobró el Impuesto al Valor Agregado cuya devolución le correspondía (arts. 81, inc. d, 43 y 43.2 de la ley del IVA -t.o. en 1997 y sus modificaciones-), no demuestran acabadamente que tal diferencia temporal se deba exclusivamente a incumplimientos, por parte de la AFIP-DGI, de los términos y plazos fijados en la resolución general nº 1.351 . En efecto, si bien es cierto que en los arts. 10, 16, 18 y concordantes se fijan unos plazos máximos para la actuación del organismo público, medidos en días hábiles administrativos, no lo es menos que el delicado procedimiento de auditoría puede llevar a retrasos no imputables al Fisco sino al propio contribuyente, v. gr. por incumplimientos formales, por ausencia de otros requisitos, etc. (arg. arts. 11 , 16, 17 y cc. de la RG 1.351).

Por otro lado, en cuanto al requisito procesal del peligro en la demora, el a quo no tuvo en cuenta que la actora no ha demostrado, como le era menester hacerlo, que el perjuicio financiero que alega sufrir debido a la demora que le atribuye a la AFIP-DGI en proceder a la devolución de sus acreencias le cause un perjuicio irreparable, cuya subsanación no encuentre otra vía idónea que no sea la concesión de una medida extraordinaria como la solicitada, tendiente a evitar que una eventual sentencia favorable en cuanto al fondo sea meramente lírica o ilusoria.Más allá de la alegada diferencia de tratamiento en cuanto al montante de los intereses activos y pasivos con respecto a las obligaciones fiscales, según el Fisco sea acreedor o deudor, tiene la actora a su disposición otros mecanismos administrativos y judiciales oportunos para hacer cesar a la AFIP-DGI en su hipotética conducta dilatoria, sin que ella haya siquiera alegado la imposibilidad de recurrir a ellos o la futilidad de la solución que le brindarían.

Tengo para mí que un importador que inicia actividades no podría válidamente alegar, ni mucho menos pretender, la suspensión del pago de los derechos de exportación que debe a la AFIP-DGA, invocando que en un tiempo prudencial y reglamentariamente establecido -aun suponiendo un puntilloso cumplimiento de las obligaciones que como contribuyente le caben- obtendrá la devolución del IVA por exportaciones, de mano de la AFIP-DGI. En efecto, observo que hay allí un lapso temporal inicial que le genera un coste financiero del cual ha de hacerse cargo, como parte de sus costos generales de operación del negocio. Y, en esta línea de pensamiento, los costes financieros por los desfases posteriores entre las operaciones de exportación y la obtención de los reintegros que por ellas le pudieren corresponder, habrán de correr también por su cuenta y riesgo, sin perjuicio de su legítimo derecho a la reparación en caso de que ellos se deban a un funcionamiento irregular de la Administración -como alega en la especie- o a la conducta dañosa de terceros que pudieran perjudicarle.

En tales condiciones, es necesario tener presente la reiterada exigencia de que los fallos judiciales han de tener fundamentos serios, lo que exige un correcto estudio de las constancias del expediente, que acrediten los hechos y una razonable conclusión sobre la valoración que les corresponde a la luz del derecho vigente (Fallos:303:290 y 1295).

Como conclusión de lo hasta aquí dicho, entiendo que la decisión apelada resulta descalificable como acto judicial válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias (Fallos: 312:1150; 314:740; 318:643 ; 324:2009 , entre otros).

Por último, debo recordar que el criterio de amplitud en la concesión de medidas como la solicitada en autos dista del utilizado por la Corte, que ha dicho con firmeza, en reiteradas oportunidades, que el examen de la procedencia de tales cautelas ha de efectuarse con particular estrictez, atento a la afectación que producen sobre el erario público (Fallos: 313:1420; 318:2431, entre muchos otros), pues la percepción de las rentas del Tesoro -en el tiempo y modo dispuestos legalmente-es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010).

-VI-

En virtud de lo aquí dicho, opino que corresponde hacer lugar a los recursos de fs. 76/78 y 82/97, y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006

Laura M. Monti

Es Copia

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009

Vistos los autos: "Arhehpez S.A. c/ A.F.I.P. s/ acción declarativa".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declaran procedentes los recursos extraordinarios planteados y se revoca la decisión apelada.

Con costas. Notifíquese y remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO -CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que los recursos extraordinarios no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se desestiman los recursos extraordinarios planteados. Con costas. Notifíquese y remítase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Interponen recursos extraordinarios: Estado Nacional (AFIP -Dirección General de Aduanas), representado por las Dras. Ana María Giovannoni y Marta Susana Rezia; y AFIP -Dirección General Impositiva, representada por las Dras. Mirta Susana Calvo y Liliana Núñez.

Contestó los recursos: Arhehpez S.A., representada por el Dr. Agustín Juan Ameztoy.

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia nº 4 de Mar del Plata.