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Zenón Matilde c/ Prefectura Naval Argentina y otros


Es responsable el Estado Nacional, por el fallecimiento del hijo de la actora, cabo primero de la Prefectura Naval Argentina que cayó al agua cuando se encontraba a bordo de un barco guardacostas, por infracción al deber de seguridad.

Sumario:

1.-La responsabilidad por el fallecimiento del cabo primero de la Prefectura Naval Argentina -hijo de la actora- ocurrido al caer al agua cuando se encontraba a bordo del barco guardacostas en el río Paraná de la Palmas, recae en la demandada, Estado Nacional, en su totalidad. A diferencia del soldado conscripto incorporado obligatoriamente a las filas de las fuerzas armadas o de seguridad, un suboficial u oficial, está relacionado por un vínculo contractual con el Estado, puesto que su incorporación es fruto de su libre voluntad y decisión y la Nación lo acepta en sus fuerzas dando con ello nacimiento, como es natural, a un conjunto de derechos y obligaciones recíprocas; en consecuencia, la infracción del deber de seguridad que pesaba sobre el accionado -revelada por el hecho mismo de la muerte del cabo primero cuando se encontraba bajo su guarda- hace presumir su culpa, se trate o no de una obligación de resultado. Y partiendo de la mencionada presunción, es claro que no estaba en cabeza de la actora la carga de acreditar la ocurrencia de ese factor de atribución de responsabilidad; antes bien, al Estado Nacional incumbía probar que actuó regularmente y que concurría alguna causal eximente, en particular, la invocada rotura del nexo causal por culpa de la víctima, extremo no acreditado en los presentes autos.

2.-Corresponde atribuir al Estado Nacional la responsabilidad por el fallecimiento del hijo de la actora ocurrido al caer al agua cuando se encontraba a bordo del barco guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, pues del análisis de las constancias de la causa, surge que la demandada no ha probado que el cabo hubiese obrado negligentemente -art. 512 del C.Civ., a efectos de acreditar la culpa de la víctima, ni surge ello de las actuaciones administrativas que se tienen a la vista.

3.-No corresponde encuadrar el presente caso, en el que perdiera la vida al caer al agua un cabo de la Prefectura Naval Argentina, como de responsabilidad indirecta del Estado, pues la actividad de los órganos o funcionarios del mismo realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, por lo que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas, no siendo aplicable en consecuencia el art. 1113 del C.Civ.

4.-Las alteraciones de índole psíquica no constituyen una categoría autónoma en relación al daño material o al daño moral, pues la incapacidad que se invoca bajo esta denominación proyecta su influencia tanto en una u otra esfera o en ambas a la vez. En efecto, en la mayoría de los casos, éste puede traducirse en un daño material -lucro cesante o daño emergente pasado o futuro-, por importar una limitación o restricción a la capacidad de desarrollar actividades generadoras de riquezas o un gasto por tratamiento; también es un modo específicamente determinado de sufrimiento que se experimenta en el plano moral y que, por ende, exige ser indemnizado. Y, dado que en autos le ha sido reconocida a la actora una suma por daño moral, asiste razón en este punto a la demandada, pues lo contrario implicaría compensar dos veces un mismo perjuicio, sobre todo si se advierte que a la actora se le ha concedido una suma por gastos de atención psicológica.

5.-Respecto de la indemnización que corresponde a la actora a fin de reparar el rubro valor vida, corresponde señalar que la muerte de su hijo privó a la misma de la legítima y razonable posibilidad de recibir ayuda económica en el futuro, lo cual constituye un aspecto particular de la resarcibilidad de las `chances´ de ventajas económicas que deben ser meritadas. Ahora bien, cuando se trata de determinar la indemnización del daño patrimonial como consecuencia del fallecimiento de la víctima del evento dañoso, no cabe atender a los ingresos que habría de obtener el extinto en forma matemática durante el término de vida que hipotéticamente podría restarle, pues en estos casos no se trata de establecer el valor de la vida humana sino de fijar la cuantía de la pérdida económica experimentada por los referidos damnificados reclamantes como consecuencia de la desaparición del causante, por ser ellos los destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que aquél podría producir.

6.-La base regulatoria en los presentes autos, estará integrada solamente por el capital que en definitiva prospere esta demanda, sin incluir intereses moratorios, pues como adecuadamente sostiene la demandada, en el plenario La Territorial Cía. de Seguros c/ Staf , del 11.9.97, se estableció que sólo en los juicios en los que se reclaman intereses como accesorios del capital, corresponde computar, a los fines arancelarios, los devengados durante el pleito, y en la especie lo cierto es que la actora no demandó el pago de los réditos, razón por la cual, corresponde modificar la sentencia de primera instancia que incluye al efecto intereses moratorios.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en el recurso interpuesto en autos: "ZENON, MATILDE C/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 465/472, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VICTOR GUARINONI dijo:

I.- El día 21 de noviembre de 1996, el cabo Segundo Omar Luis Contreras desapareció de la superficie mientras desempeñaba sus tareas a bordo del buque "Mandubí", a las órdenes de la Prefectura Naval Argentina, en compañía de la tripulación con- formada por el cabo primero Miguel Angel Aguirre, el suboficial Juan Carlos Segovia, el ayudante de tercera Carlos Argentino Segovia y el ayudante de segunda Ernesto Raúl Baltore.

Ello motivó que el buque realizara, aproximadamente a las 22.35 horas, una comunicación vía VHF a la sede de la Prefectura Naval Argentina solicitando apoyo del GC-58 y personal de buzos a los efectos de proceder a la búsqueda en el río Paraná de Las Palmas, km.108, margen derecha, del cabo Segundo Omar Luis Contreras.

Finalmente, el 23.11.96, Contreras fue hallado sin vida por el guardacosta "Melva" en el kilómetro 107.9 del río Paraná de las Palmas.

Estimando que el hecho comprometía la responsabilidad del Estado Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, Matilde Zenón -madre del cabo segundo fallecido- promovió la demanda de autos con el objeto de que se los condenara a pagarle la suma de $ 840.680 ($ 535.080 por el valor vida -luego de promediar el sueldo más bajo que tenía la víctima con el que hubiera alcanzado-, $ 100.000 por pérdida de chance, $ 150.000 por el daño moral, $ 35.000 por el daño psíquico, $ 15.600 por los gastos de tratamiento psicológico y $ 5.000 por los egresos de sepelio), o lo que resulte de las pruebas y las costas del juicio.

En particular, les imputó que eran responsables por el hecho de sus dependientes -art. 1109 -, porque faltaban salvavidas, porque se omitió hacer zafarrancho de hombre al agua, porque no existía personal jerárquico que supervisara las actividades que se desarrollaban en el buque, omisión del deber de seguridad, por ser el dueño de una cosa riesgosa y por considerar que su hijo había sido arrojado por la borda por acciones colectivas de sus compañeros.

Asimismo, accionó contra Juan Carlos Segovia y contra el propietario y/o usufructuario y/o poseedor del buque "Mandubí", Ernesto Raúl Baltore, Carlos Argentino Segovia y Miguel Angel Aguirre, pero a fs. 171/4 desistió de estos cuatro últimos.

A fs. 115/122 vta., el Estado Nacional -Ministerio del Interior - Prefectura Naval Argentina-, contestó la demanda argumentando que en la causa penal instruida se decretó la falta de mérito y, por ende, no estaba probado que Contreras hubiese sido arrojado al agua ni que los demás tripulantes hubiesen actuado con negligencia o imprudencia.Por ello, señaló que adquiere verosimilitud la teoría de que el extinto se zambulló al agua por su propia voluntad, es decir, hay culpa de la víctima, por la que el Estado Nacional no debe responder. Negó que faltaran elementos de seguridad para la realización de un salvataje. Afirmó que el buque no puede considerarse una cosa riesgosa capaz de causar daños, dado que se encontraba inactivo y que la desaparición de Contreras de la superficie de las aguas ocurrió tan rápidamente que nadie pudo hacer nada, pese a que los dos aspirantes que se encontraban en el puesto de guardia ubicado a escasos quince metros del guardacostas lo estaban viendo.

Impugnó los montos reclamados por valor vida y daño moral y, finalmente, señaló que la señora Zenón percibió en concepto de seguros por fallecimiento de su hijo la suma de $ 51.640.

Por su parte, Juan Carlos Segovia señaló que la actora se dedicó a responsabilizar al Estado Nacional y que de la de-manda no surge qué culpa se le imputa. Sostuvo que de las actuaciones administrativas y judiciales se desprende su falta de responsabilidad.

II.- En la sentencia de fs. 465/472, el magistrado hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- a pagarle a la actora la suma de $ 314.400 y las costas del juicio. Asimismo, rechazó la acción entablada contra Juan Carlos Segovia, con costas por su orden.

Para así decidir, estimó que respecto al demandado Segovia no existían elementos de juicio que permitieran inferir su responsabilidad.

Por otro lado, juzgó que el Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- era responsable toda vez que el accidente guardaba relación con los actos de servicio y, además, que el evento sufrido por Contreras encuadraba en el primer párrafo y primera parte del segundo, del art.1113 del Código Civil.

Fijó la suma de $ 150.000 a fin de indemnizar el rubro "valor vida". Para ello, tuvo en cuenta los seguros que se habían abonado a la actora por la suma de $ 51.640, incluyendo dentro de este rubro a la pérdida de chance. Estableció la cantidad de $ 140.000 en concepto de daño moral, la suma de $ 15.000 por daño psíquico, de $ 7.000 por tratamiento psicoterapéutico y de $ 2.400 por gastos de sepelio.

III.- Dicho pronunciamiento fue apelado por el Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- a fs. 485, quien fundó su recurso a fs. 509/515 vta., contestado por la actora a fs. 520/524 vta. También recurrió la accionante a fs. 487, la que expresó agravios a fs. 507/508 vta. y que el Estado Nacional respondió a fs. 517/519. Por último, el codemandado Segovia apeló la sentencia a fs. 490, formulando sus quejas a fs. 504/506 vta., contestadas a fs. 518/519 por el Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- y por la actora a fs. 524 y vta. Median, también, recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala al final del acuerdo (conf. fs. 489, 483, 485, 487/88).

IV.- El Estado Nacional se agravia de la responsabilidad que se le achaca. Entiende que no es aplicable al caso ni el primer párrafo del art. 1113 del C.C. ni la primera parte del segundo párrafo, pues él no puede ser culpable al no existir condena de los dependientes que estuvieron en el hecho y, por otro lado, el daño no se produjo con el buque.

Ahora bien, en este caso no se trata de una responsabilidad indirecta, pues la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, por lo que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (ver Fallos:18:2030, causa "Vadell", del 18.12.1984); en consecuencia no es aplicable el primer párrafo del art. 1113 del Código Civil.

Ello establecido, a diferencia del soldado conscripto incorporado obligatoriamente a las filas de las fuerzas armadas o de seguridad, un suboficial u oficial, está relacionado por un vínculo contractual con el Estado, puesto que su incorporación es fruto de su libre voluntad y decisión y la Nación lo acepta en sus fuerzas dando con ello nacimiento, como es natural, a un conjunto de derechos y obligaciones recíprocas (conf. esta Sala causas nº 6.134 del 7.10.88; 7.253 del 8.5.90; 7.206 del 24.4.90; 449 del 5.3.93; 17.246/95 del 26.12.95; 5.275/92 del 16.11.00, etc.; Sala I, causas nº 2.452 del 12.6.92 y 9.263/93 del 30.11.95; Sala III, exptes. nº 7.343/92 del 2.5.97 y 3.698/97 del 2.6.98; ver también MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t.III-B, nº 920, pag. 208/209).

En consecuencia, la infracción del deber de seguridad que pesaba sobre el accionado -revelada por el hecho mismo de la muerte del cabo cuando se encontraba bajo su guarda- hace presumir su culpa, se trate o no de una obligación de resultado (conf. LLAMBIAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 2a. ed., t. I, nº 168 y 172). Y partiendo de la mencionada presunción, es claro que no estaba en cabeza de la actora la carga de acreditar la ocurrencia de ese factor de atribución de responsabilidad; antes bien, al Estado Nacional incumbía probar que actuó regularmente y que concurría alguna causal eximente, en particular, la invocada rotura del nexo causal por culpa de la víctima.

V.- En mi criterio, del análisis de las constancias de la causa, no asiste razón a la demandada, pues no demostró que el cabo Contreras hubiese obrado negligentemente (art.512 del C.C.).

Ni a través de las actuaciones administrativas nº 207, en tres cuerpos, que tengo a la vista, como tampoco en virtud de las pruebas efectuadas en el expediente, el Estado Nacional logró acreditar que el accidente tuvo lugar por culpa de la víctima.

Todos los tripulantes que se encontraban esa noche en el buque coincidieron en que Contreras en ningún momento manifestó intenciones de arrojarse al río, que el estado anímico antes del accidente era el habitual (voluntarioso, aplicado, respetuoso), que no había tenido ningún altercado o conflicto con el resto de la tripulación, que se encontraba totalmente sobrio y que ni él ni ninguno de ellos se arrojaban a las aguas del río ya que les estaba prohibido (conf. declaraciones testimoniales de fs. 12, 28, 31, 32 vta. y 34 vta. del expte. administrativo citado).

De igual modo, el peritaje psiquiátrico efectuado por el experto Rodolfo Aquiles Cacioni a fs. 307 y vta., y que no ha sido impugnado por el Estado Nacional, informó que no hay constancias en la causa penal de que Contreras hubiese presentado patologías de índole psicológica o psiquiátrica.

En base a lo expuesto, considero innecesario tratar los demás agravios presentados por la demandada resp ecto al riesgo de la cosa y la falta de culpa de sus dependientes.

Juzgo, en síntesis, que la responsabilidad por el fallecimiento del cabo Contreras, el 21.11.96 en el kilómetro 107.9 del río Paraná de la Palmas, cuando éste se encontraba en el barco guardacosta "Mandubí" recae en la demandada en su totalidad.

VI.- Relativamente a los montos constitutivos de la condena, quéjanse ambas partes -en primer término- por la indemnización acordada por el a quo en concepto de daño psíquico.La actora tacha de exigua la suma de $ 15.000 y pide su elevación a $ 35.000; el Estado Nacional considera improcedente resarcir en forma separada el daño psíquico y el daño moral, que éste no puede serle imputado y que ambos son excesivos.

Las alteraciones de índole psíquica no constituyen una categoría autónoma en relación al daño material o al daño moral, pues la incapacidad que se invoca bajo esta denominación proyecta su influencia tanto en una u otra esfera o en ambas a la vez. En efecto, en la mayoría de los casos, éste puede traducirse en un daño material -lucro cesante o daño emergente pasado o futuro-, por importar una limitación o restricción a la capacidad de desarrollar actividades generadoras de riquezas o un gasto por tratamiento; también es un modo específicamente determinado de sufrimiento que se experimenta en el plano moral y que, por ende, exige ser indemnizado (conf. Sala I, causas 3.698/97 del 2/03/00; 29.969/95 del 22/04/03; 2.388/97 del 12/12/03; 9.518/00 del 24/ 02/05; esta Sala, causa 12.371/94 del 4/04/95). Y dado que en autos le ha sido reconocida a la actora una suma por daño moral, asiste razón en este punto a la demandada, pues lo contrario implicaría compensar dos veces un mismo perjuicio, sobre todo si se advierte que a la actora se le ha concedido una suma por gastos de atención psicológica.

Con relación al agravio moral, puede fácilmente colegirse la magnitud del sufrimiento espiritual que habrá padecido la actora por el fallecimiento de su hijo, el que ha sido abordado por la perito psicóloga a fs.335/338, quien informó que el accidente marcó un antes y un después en la vida de Matilde Zenón; que dicho acontecimiento convirtió el duelo normal en sufrimiento psíquico de características patológicas y que, de acuerdo al Baremo Neuropsiquiátrico para valorar incapacidades neurológicas y daño psíquico, la patología que presenta la actora podría encuadrarse en lo que se denomina "duelo patológico moderado", con un porcentaje de incapacidad del 25%.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto, y atendiendo, además a la edad de 43 que tenía la señora Zenón al momento del hecho, que tiene otra hija, el tipo de relación y el grado de dependencia que tenía la actora con su hijo, como así también a la circunstancia de que la indemnización en esta materia tiene -a criterio de la Sala- naturaleza resarcitoria (conf. causa nº 4.412 del 1.4.77 y posteriores), considero que la suma de $ 150.000 otorgada por el a quo es excesiva y, por ende, propongo hacer lugar a la queja de la demandada y reducir dicho monto a la suma de $ 80.000, incluido el daño psíquico -en su esfera extrapatrimonial-, como ya apunté precedentemente.

VII.- El Estado Nacional también considera excesiva la suma de $ 150.000 concedida por el sentenciante a fin de indemnizar el rubro valor vida.

Así las cosas, es oportuno señalar que la muerte de su hijo privó a la señora Matilde Zenón de la legítima y razonable posibilidad de recibir ayuda económica en el futuro, lo cual constituye un aspecto particular de la resarcibilidad de las "chances" de ventajas económicas que deben ser meritadas (esta Sala, causa nº 547 del 14.8.81; nº 4.804/97 del 20.11.01 y sus citas; entre otras).

Pero, en ese sentido, estimo que no es posible establecer la pérdida operada por los miembros de la familia de una persona que fallece de acuerdo al ingreso del que pueden verse privados como si se tratara de la privaciónde los réditos correspondientes a un capital del que fuera poseedor; por ello es que para determinar el monto de la reparación del daño material por pérdida de la vida humana, corresponde computar todas las particularidades del caso como son las relativas a la profesión, edad, sexo, condición social y económica, grado de instrucción, etc., tanto de la víctima como de quienes reclaman la reparación.

Es claro, entonces, que cuando se trata de determinar la indemnización del daño patrimonial como consecuencia del fallecimiento de la víctima del evento dañoso, no cabe atender a los ingresos que habría de obtener el extinto en forma matemática durante el término de vida que hipotéticamente podría restarle, pues en estos casos no se trata de establecer el valor de la vida humana sino de fijar la cuantía de la pérdida económica experimentada por los referidos damnificados reclamantes como consecuencia de la desaparición del causante, por ser ellos los destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que aquél podría producir.

Resulta adecuado resaltar que en estos casos debe fijarse la indemnización respectiva con respecto a la "chance" misma apreciada en concreto, y no de la ganancia o pérdida de que era objeto de aquélla, ya que la frustración es propiamente de la chance, siempre problemática en su realización (conf. esta Sala, causas nº 1.785/97 del 6.9.2000; nº 5693/98 del 16.3.04; nº 3682/ 93 del 27.02.09; entre otras).

En función de lo expuesto, ponderando las cualidades personales de la actora, especialmente el hecho de que tiene otra hija, como asimismo los atributos del extinto según resulta de su legajo personal, que se encuentra agregado a fs. 209/256, del expte. CNº 270 -Anexo I- que tengo a la vista, estimo equitativo hacer lugar al agravio de la Prefectura Naval Argentina y reducir el monto de dicho rubro a la suma de $ 70.000 (conf. art.165 del Código de rito).

VIII.- En cuanto a los gastos de tratamiento psicológico reconocido por el fallo apelado, que la actora critica por escaso, solicitando que se eleve a $ 15.600, cabe puntualizar que de las conclusiones dadas por la licenciada Silvia Graciela Asutich en fs. 335/338, no cuestionadas por la demandada, se infiere que las secuelas de índole psicológica detectadas en la accionante requieren abordar un tratamiento que le permita elaborar el hecho traumático padecido, como lo destaca dicha especialista.

Aconseja la perito esa terapia para la actora durante dos años, con una frecuencia al principio, de por lo menos tres veces por semana. Y teniendo en cuenta que el costo de la sesión -según el cálculo realizado por la actora a fs. 86- sería de $ 50 al tiempo de la demanda, estimo que el monto establecido por en primera instancia -$ 7.000- resulta escaso.

En efecto, siguiendo la conclusión de la experta, si consideramos que el primer año de tratamiento la señora Zenón concurrirá a tres sesiones semanales y el segundo año éstas se redujeran a dos, y que un año consta de 52 semanas, es claro que el monto fijado por el a quo debe elevarse a la suma de $ 15.600, de manera que se hace lugar a la queja articulada por la actora en este aspecto.

IX.- Respecto de la normativa de emergencia que el Estado Nacional considera que es aplicable, cabe precisar que, si bien el artículo 58 de la ley 25.725 dio por prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2001 la fecha de consolidación de las deudas no previsionales anteriores a ese tiempo, el art.45 de la ley 26.078, dictada con posterioridad, estableció que dicha prórroga resultaba sólo aplicable a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999 y anterior al 1º de enero de 2002, especificando que ."Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a que se refiere el artículo 13 de la ley nº 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes".

En tales condiciones, la disposición transcripta puso fin a las vacilaciones que había motivado el texto del citado artículo 58 de la ley 25.725, dejando sentado que esta última sólo comprende a las deudas generadas con posterioridad al 31.12. 99 (conf. esta Sala, causa nº 3.615/01 del 2.10.08).

Ello establecido, juzgo que la queja debe ser admitida, desde que la causa de la obligación de que aquí se trata -fecha presuntiva del fallecimiento del Cabo Segundo Omar Luís Contreras (21.11.96, según constancia de fs. 237 del expte. CNº 270 Anexo I, legajos personales)-, es anterior al 31 de diciembre de 1999.

Desde esta premisa, el crédito deberá ser abonado de acuerdo a las normas de consolidación, con excepción del rubro tratamiento psicológico por tratarse de un gasto futuro (conf. Sala III, causa 26.515/94 del 11.10.01 y Sala I, causa 14.426/94 del 24.6.03).

X.-Respecto al agravio propuesto por el Estado Nacional en cuanto a que el juez apelado impuso intereses sobre los honorarios regulados sin tener en cuenta que la actora no pidió intereses en el escrito de demanda, estimo que lleva la razón.

Como adecuadamente sostiene la demandada, en el plenario La Territorial Cía. de Seguros c/ Staf , del 11.9.97, se estableció que sólo en los juicios en los que se reclaman intereses como accesorios del capital, corresponde computar, a los fines arancelarios, los devengados durante el pleito.Y en la especie lo cierto es que la actora no demandó el pago de los réditos, razón por la cual, la base regulatoria estará integrada solamente por el capital que en definitiva prospere esta demanda, sin incluir intereses moratorios.

XI.- Por último, resta tratar el agravio respecto de las costas planteado por el codemandado Segovia y por la Prefectura Naval Argentina. El primero sostiene que éstas deben estar a cargo de la actora dado que hubo falta de mérito para ser demandado y orfandad probatoria a fin de acreditar su responsabilidad.

En cuanto a los gastos causídicos de primera instancia en la relación Segovia-actora, no existen motivos para apartarme del principio obj etivo de la derrota, por ende considero que deben ser impuestas a la accionante en su totalidad (art. 68 del CPCC).

Por el contrario, respecto de la Prefectura Naval Argentina, vencida en lo sustancial del pleito, estimo que no hay mérito para apartarse de lo dispuesto en el art. 68 del Código Procesal, confirmando la imposición de las costas correspondientes a la primera instancia a esta demandada.

XII.- En cuanto a las costas de alzada, en el recurso de Segovia, se imponen a la actora (art. 68 del CPCC). En el recurso de la accionante, a ella se le atribuyen las relacionadas al daño psíquico, y a la PNA las correspondientes al tratamiento psicológico. En el recurso de la Prefectura Naval Argentina, dado que el principal agravio consistió en la responsabilidad, que en esta instancia se confirmó, se atribuyen a ella (art. 68 del CPCC).

XIII.- En resumen, propongo confirmar la sentencia en lo principal que decidió y en lo atinente a las costas impuestas a la Prefectura Naval Argentina, modificándola en relación a las siguientes cuestiones:a) valor vida que se fija en la suma de $ 70.000; b) daño moral en la cantidad de $ 80.000, incluido el daño psíquico; c) gastos de tratamiento psicológico en la suma de $ 15.600; d) que el crédito deberá ser abonado de acuerdo a las normas de consolidación, con excepción del rubro tratamiento psicológico por tratarse de un gasto futuro; e) que la base regulatoria estará integrada solamente por el capital por el que prospera esta demanda sin incluir los intereses; y f) costas de primera instancia: en la relación Segovia-actora, a esta última (art. 68 del CPCC). En cuanto a las costas de alzada: en el recurso de Segovia, se imponen a la actora (art. 68 cit.); en el recurso de la accionante, por su derrota en el agravio daño psíquico, se atribuyen a ella y, respecto al rubro tratamiento psicológico, se imponen a la Prefectura Naval Argentina. En el recurso de ésta última los gastos causídicos se imputan a ella (art. 68 del CPCC). Aclaro que todos los valores son a la fecha del hecho, salvo el tratamiento psicológico por ser un gasto futuro.

Los señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto. RICARDO VICTOR GUARINONI - ALFREDO SILVERIO GUSMAN - EDUARDO VOCOS CONESA -.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas nº 657 a nº 664 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.- Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el punto XIII del presente voto.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, dejase sin efecto los honorarios regulados en fs.472.

Considerando la naturaleza del asunto, el monto por el cual prosperó la demanda y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, fijase -en la relación actora-Prefectura Naval Argentina- los emolumentos de los letrados apoderados que han representado a la accionante, en la suma de ($.) para el doctor Federico G. Bonthuis, en la de ($.) para el doctor Lucas S. Bonzo, y en la de ($.) para la doctora Alba Dora González de Stivaletta; los de los letrados apoderados de la Prefectura Naval Argentina, en las sumas de ($.) para el doctor Horacio José Trabuco, de ($.) para la doctora Graciela M. Castro, de ($.) para el doctor Carlos A.J. Flores, y de ($.) para el doctor Néstor Omar Scarlatta. En la relación actora-Segovia, regulase los honorarios de los letrados apoderados de la accionante en las cantidades de ($.) para el doctor Federico G. Bonthuis, de ($.) para el doctor Lucas S. Bonzo, y de ($.) para la doctora Alba Dora González de Stivaletta; los del letrado patrocinante de Segovia, doctor Leandro A. Matilla, en la suma de ($.) (arts. 6, 7 , 9, 10 , 19 , 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 ).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos, contadora Gloria Susana Romero, médico legista y psiquiatra Rodolfo Aquiles Cacioni y licenciada en psicología Silvia Graciela Asutich, así como la importancia y mérito de los dictámenes presentados y su incidencia en la solución de la controversia, establécese sus honorarios en la suma de ($.), de ($.) y de ($.), respectivamente, de la misma base arancelaria (conf. arg. art. 3, decreto-ley 16.638/57 ).

Por las labores de alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado obtenido, regulase: a) en el recurso de la Prefectura Naval Argentina: la suma de ($.) el honorario correspondiente al doctor Néstor Omar Scarlatta y de ($.) la remuneración de la doctora Alba Dora González de Stivaletta; b) en el recurso de la actora: se fija en la suma de ($.) el honorarios de la doctora Alba Dora González de Stivaletta -dado que triunfó en el rubro tratamiento psicológico y perdió en el agravio por el daño psíquico- y de ($.) la remuneración del doctor Néstor Omar Scarlatta; c) en el recurso de Segovia: se establece en la cantidad de ($.) el honorario de la doctora Alba Dora González de Stivaletta, y de ($.) para el doctor Leandro A. Matilla (art. 14 del arancel citado).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VICTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO VOCOS CONESA