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Naldjian Ricardo c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados


Empleado del P.A.M.I.: arbitrariedad del despido por violación del régimen de incompatibilidades por parte del actor.

Sumario:

1.-No resultó ajustado a derecho el despido del actor fundado en el falseamiento por falta de actualización de su declaración jurada conforme el régimen de incompatibilidades ?art. 20 del decreto 8566/61 y 4º in fine del decreto 894/01, pues el instituto demandado -que debería contar con medios materiales y humanos para advertir situaciones como la presente- con su omisión contribuyó y consintió la incompatibilidad denunciada durante años.

2.-Resulta inadmisible pretender que se tenga por cierto que no era obligación de la accionada conocer la situación previsional de sus agentes, cuando, tal información -con los avances tecnológicos actuales- debería estar disponible de inmediato, pues, el tipo de actividad que desarrolla impide escindir esa posibilidad de acceso medianamente rápida o justificar que necesitó años para averiguarlo.

3.-A la época que detectó la alegada irregularidad prevista en el artículo 1º del Decreto 894/01, la demandada debió -en conciencia de su propia inoperancia- haber intimado al trabajador para que ejerciera la opción prevista en el artículo 2º de esa norma y no, derechamente, despedirlo.

4.-El despido aparece como desproporcionado, ya que se trataba de un empleado de más de veinte años de antigüedad que carecía de antecedentes disciplinarios desfavorables y por ello se debe entender que cumplía regularmente sus obligaciones. No se debe perder de vista que el propio art. 20 del Decreto 8566/61, en consonancia con el 67 L.C.T., atribuye al empleador facultades disciplinarias con la finalidad de promover la continuidad de la relación de trabajo, ofreciendo una alternativa al despido que, de no existir, sería la única conducta posible.


Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la demandada. El recurso es improcedente.

II.- Llega firme a esta alzada que -en la comunicación de despido- se alegó que: ".por Resolución 636/05 este Instituto Nacional de Servicios sociales para Jubilados y Pensionados ha decidido despedirlo con justa causa en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo al haber comprobado en el expediente Nº 200-2004-02435-8-0000 que ha incurrido en un falseamiento por falta de actualización de su declaración jurada conforme el régimen de incompatibilidades -art.20 del decreto 8566/61 y 4º in fine del decreto 894/01, aplicables al ISSJP."

He tenido oportunidad de pronunciarme un una cuestión que guarda cierta analogía con la presente, criterio que compartió la señora Juez a quo, ("Mauri, Victor Hugo c. P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s. Despido", sentencia definitiva 33.995 del 30.03.07). Entonces sostuve que la exégesis del Decreto 894/01 debe ser realizada en el contexto del ordenamiento jurídico en general y, específicamente, en las políticas de administración vinculadas -en lo que interesa- con los regímenes de incompatibilidades para el personal que enumera el artículo 2º del Decreto 8566/61, entre los que se encuentra el personal del instituto demandado.En ese orden, el artículo 1º del Decreto 894/01 agregó al citado Decreto 8566/61 -que rige la materia-: ".el desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en al Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal.". El artículo 2º dispone que el personal alcanzado por las disposiciones del artículo 1º deberá optar entre: a.- percibir el haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, cargo o relación contractual sin percibir la contraprestación correspondiente; o b.- solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente. En la especie, el instituto demandado -que debería contar con medios materiales y humanos para advertir situaciones como la presente- con su omisión, contribuyó y -en cierto grado- consintió la incompatibilidad denunciada durante años. No puede, seriamente, pretender que se tenga por cierto que no era obligación suya conocer la situación previsional de sus agentes, cuando, tal información -con los avances tecnológicos actuales- debería estar disponible de inmediato, pues, el tipo de actividad que desarrolla impide escindir esa posibilidad de acceso medianamente rápida o justificar que necesitó años para averiguarlo. A mayor abundamiento, es mi parecer, que a la época que detectó la alegada irregularidad prevista en el artículo 1º del Decreto 894/01, debió -en conciencia de su propia inoperancia- haber intimado al trabajador para que ejerciera la opción prevista en el artículo 2º de esa norma y no, derechamente, despedirlo.

Desde esta perspectiva, excluido el Decreto 894/01, la procedencia del despido queda circunscripta a los términos del artículo 20 del Decreto 8566/61:"Toda omisión o falsa declaración sobre los cargos y/o beneficios que acumulen los agentes hará pasible a los mismos a las medidas disciplinarias que correspondan, según el grado de infracción cometida. Iguales medidas se aplicarán a loas autoridades responsables de los servicios respectivos que consientan tales omisiones". En ese marco, el despido aparece como desproporcionado, ya que se trataba de un empleado de más de veinte años de antigüedad que carecía de antecedentes disciplinarios desfavorables y por ello se debe entender que cumplía regularmente sus obligaciones. No se debe perder de vista que el propio artículo bajo examen, en consonancia con el 67 L.C.T., atribuye al empleador facultades disciplinarias con la finalidad de promover la continuidad de la relación de trabajo, ofreciendo una alternativa al despido que, de no existir, sería la única conducta posible. El ejercicio prudente de ese poder debió ser la respuesta adecuada al supuesto incumplimiento (esta Sala en "Cuenca, Adriana c. P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. Despido", sentencia definitiva nº 34.716 del 28.12.07).

El instituto demandado fue vencido, no existe mérito para apartarse del principio general del artículo 68 C.P.C.C.N. Las regulaciones de honorarios de las representaciones letradas de las partes y del perito contador, lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L. 16638/57).

III.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en todo lo que materia de agravios; se impongan las costas del proceso a la demandada (artículo 68 C.P.C.C.N.); y se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el .% de los regulados en grado (artículo 14 de la Ley 21839).

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO no vota (artículo 125 Ley 18.345)

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que materia de agravios; 2)Imponer las costas del proceso a la demandada; 3)Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el .% de los regulados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JUAN CARLOS E. MORANDO - JUEZ DE CAMARA

GABRIELA A. VAZQUEZ - JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA