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Microjuris

Canales Carlos Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad Y Derechos Humanos - Policía Federal

Se rechaza la demanda de daños y perjuicios entablada por un agente de la Policía Federal Argentina, pues conforme la doctrina de nuestro máximo Tribunal, ningún afectado 'en y por actos del servicio' tiene aptitud jurídica para reclamar el resarcimiento del derecho civil, a no ser que su lesión o minusvalía tengan origen en un 'acto típicamente accidental'.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda de daños y perjuicios entablada -sobre la base de normas de derecho común- por el actor, agente de la Policía Federal Argentina, que fuera en un enfrentamiento armado herido por un impacto de bala - 'en y por acto de servicio'-, provocándole una lesión que diera lugar finalmente a su pase a situación de retiro obligatorio. El Alto Tribunal dictó fallo en las causas 'Aragón' y 'Leston' y en sus decisiones estableció, en términos que no dejan dudas, que en la doctrina del caso 'Azzetti' no sólo se hallaban incluidos los heridos de guerra, sino también todo el personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que se lesionara, mutilara o incapacitara como consecuencia del desempeño de funciones o misiones específicas de la fuerza; supuesto en el cual los derechos de los damnificados por actos del servicio se limitaba a los beneficios previstos en las leyes y reglamentos militares y de las fuerzas de seguridad.

2.-Razones de economía procesal aconsejan en el presente caso seguir la doctrina del Alto Tribunal y decidir de conformidad, por lo que corresponde el rechazo de la demanda incoada por daños y perjuicios. Según el máximo Tribunal, ningún afectado 'en y por actos del servicio' tiene aptitud jurídica para reclamar el resarcimiento del derecho civil, a no ser que su lesión o minusvalía tengan origen en un 'acto típicamente accidental'. En función de lo expuesto, el caso 'sub examine' se encuentra comprendido en la mencionada doctrina puesto que los daños reclamados -por el Agente de la Policía Federal Argentina quien sufrió un impacto de bala mientras se encontraba en acto de servicio-, no tienen origen en un acto típicamente accidental, como surge de manera clara de las pruebas aportadas a la causa.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 del la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "CANALES, CARLOS ALBERTO C/ ESTADO NACIOAL. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS - POLICIA FEDERAL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"

respecto de la sentencia de fs. 236/239 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman, Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I.- El día 22 de octubre de 1999, el entonces Oficial Principal de la Comisaría 43 de Floresta Carlos Alberto CANALES, prestando servicios y vistiendo el uniforme reglamentario, fue notificado de que a escasos metros de su dependencia, en el supermercado COTO S.A., sito en la avenida Avellaneda 3758 de la Capital Federal, se estaría cometiendo un robo a mano armada.

Por tal motivo, el Oficial Canales se dirigió al lugar juntamente con otros integrantes de su destino y, hallándose próximo a cruzar la calle Bahía Blanca, observó a una persona del sexo masculino que salía corriendo de un depósito existente en dicha calle, para dirigirse a un vehículo particular marca Ford Escort, de color rojo, dentro del cual se hallaba otro sujeto del mismo sexo, sentado al volante.

El Oficial Canales se aproximó a dicho rodado a la voz de "alto policía" e impartiendo orden de detención, ante la cual los ocupantes del rodado le respondieron con disparos de arma de fuego.

Esta situación provocó un enfrentamiento armado entre el Oficial Canales y dichos sujetos, quienes, intentando darse a la fuga, descendieron del rodado y se fugaron por la calle Bahía Blanca hacia el norte.

En medio de la persecución yel tiroteo, el Oficial Canales recibió un impacto de bala en la ingle que le hizo perder el control de su cuerpo para luego caer boca abajo sobre el pavimento. A pocos minutos de ocurrido este hecho, alguien le retiró el chaleco antibalas que tenía colocado para apreciar la lesión recibida, de la que manaba abundante cantidad de sangre.

Subido a una camilla, fue trasladado en helicóptero al Complejo Médico Policial Churruca-Visca, en el que fue asistido.

Allí se constató que había sido herido de bala en la ingle del lado izquierdo, con orificio de entrada sin salida. La bala no pudo extraerse.

La lesión recibida le afectó la arteria femoral y el nervio crural, provocándole una discapacidad severa en su pierna.

Fue intervenido quirúrgicamente y se le practicó un by pass, aunque nunca se le pudo extraer el proyectil, ni pudo recuperar la capacidad física que tenía.

Al momento de iniciar la presente demanda acusaba los siguientes síntomas: disminución muy severa de la sensibilidad; pérdida del equilibrio; dolores intensos permanentes y andar claudicante y excesivamente lento. Todo ello le impedía subir escaleras sin apoyo, levantar peso, correr, andar en bicicleta y realizar deportes. Asimismo debía tomar habitualmente cierta medicación (Oxicotin y Neutotin).

Como consecuencia de ello, se estaba analizando la posibilidad de realizarle una nueva cirugía para colocarle un chip en la rodilla con la intención de calmarle el dolor intenso que padecía en forma permanente.Todos estos padecimientos le han ocasionado angustia, fobias e insomnio, lo cual derivó también en una seria incapacidad psíquica.

Con fecha 17 de enero de 2000 se resolvió considerar a la lesión sufrida por el Principal Carlos Alberto CANALES de la Comisaría 43 como ocurrida "en y por acto de servicio", conforme el artículo 696, inciso a) del Decreto 1866/83, luego de concluir que "la lesión sufrida por el Principal CANALES es producto de ese enfrentamiento armado, como un riesgo específico y exclusivo de su condición de Policía y que en otras circunstancias de la vida ciudadana no le hubiera sucedido" (conf. Resolución de fs.

55/7 del expediente administrativo nº 239.212 que tengo a la vista).

Por su parte, la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos perteneciente a la Superintendencia de Personal e Instrucción, División Jefes y Oficiales de la Policía Federal Argentina (Ministerio del Interior) informó, con fecha 8 de mayo de 2000, que el entonces Principal Carlos Alberto Canales de la Comisaría 43 sufrió accidente "en y por acto de servicio" el 22 de octubre de 1999, del que resultó con herida de bala en región inguinocrural izquierda con lesión de arteria femoral y nervio crural (conf. fs. 71 de las actuaciones administrativas nº 239.212 mencionadas).

Observo asimismo que, además de las mencionadas constancias que se reservan en sobre por separado, producida en autos la experticia médico legal, el médico legista, doctor Raúl Juan MANGO, arribó a conclusiones similares, afirmando que el actor padece secuelas de herida de proyectil de arma de fuego en la región inguinal izquierda, que le han provocado gravísimo desgarro en la arteria femoral, la que fue operada de inmediato; también secuelas irreversibles sensitivo-motoras del nervio crural izquierdo y artritis postraumática de la cadera izquierda por la vecindad del proyectil allí alojado.Considera que estas secuelas le provocaron una incapacidad física parcial y permanente del 4% de la total vida, asignando un 30% a las secuelas del nervio crural y un 10% a las de la cadera izquierda (conf. informe de fs. 136/38).

Luego de prolongadas licencias que le fueron otorgadas por la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos, el 1? de noviembre de 2001 el Secretario de Seguridad Interior, doctor Enrique MATHOV, dispuso el pase a situación de retiro obligatorio del Principal -Escalafón Seguridad- de la Policía Federal Argentina don Carlos Alberto Canales (conf. fs. 126/27 de las actuaciones citadas precedentemente).

Sobre tales antecedentes, el ex Principal Carlos Alberto Canales dedujo demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Policía Federal Argentina, reclamando una indemnización -que justipreció en la suma de $339.000- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 25.344 y con sustento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Camal Liliana Beatriz y otra c/ Ministerio del Interior -Policía Federal - Churruca-Visca s/ responsabilidad médica" del 2.6.2003.

Al progreso de esta pretensión se opuso el Estado Nacional con fundamento en que la Policía Federal no es responsable por la lesión del Oficial Canales, por cuanto la considera imputable al accionar doloso de terceros por quienes no debe responder.

Asevera la demandada que el vínculo jurídico entre el actor y la Policía Federal se halla regido por la ley para el personal de la P.F.A. nº 21.965 y su decreto reglamentario nº 1866/83, régimen legal al que adhirió voluntariamente el accionante al formalizar su ingreso en la fuerza policial, que no contempla indemnizaciones basadas en el derecho civil.

Asimismo, cita la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Azzetti" (Fallos:321:3363) y la causa "Alvarez Jorge Osvaldo c/ Estado Nacional (Policía Federal Argentina) s/ daños y perjuicios" emanada por la Sala I de esta Cámara el 4.11.2004. Sin perjuicio de ello, y a todo evento, se agravia de los rubros reclamados, como así también de la pretensión del actor de que se aplique el artículo 18 de la Ley Nº 25.344. Pide, en síntesis, el rechazo de la demanda, con costas.

II.- El señor Juez de Primera Instancia -en el pronunciamiento de fs. 236/39 vta.- admitió el derecho del actor a ser indemnizado en los términos del derecho común, basándose para ello en la doctrina de la Corte Suprema sentada in re "Mengual" (Fallos: 318:1959). Y a partir de ese fundamento estimó los rubros y montos requeridos haciendo lugar parcialmente a la demanda deducida por Carlos Alberto Canales por la suma de $137.000 (incapacidad, $100.000; gastos de traslado, médicos y farmacéuticos, $7.000 y daño moral, $30.000), cantidad que devengaría intereses a la tasa del 6% anual desde el 22.10.99 (fecha del hecho dañoso) hasta el 1.1.2000, según lo establece la ley de consolidación 25.344 y, en adelante, hasta el efectivo pago, a la tasa del artículo 12 inciso a] (Anexo IV) del Decreto Nº 1113/00, con costas a la demandada.

III.- La referida sentencia suscitó los recursos de ambas partes (fs. 241 y vta. y 247). El Estado Nacional expresó agravios a fs. 258/60 y el actor hizo lo propio a fs. 261/63 vta., obrando la contestación del accionante a fs. 265/81 vta.

Media, además, los recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (entre ellos el deducido por el perito médico a fs.249), los que serán juzgados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

IV.- Como los agravios del accionante están dirigidos a cuestionar, por exiguo o ínfimo, el monto establecido por daño moral como así también el rechazo del rubro "chance frustrada", en tanto las quejas de la contraparte se enderezan a criticar la admisión de la demanda, invocando, entre otras razones, la doctrina de la Corte Suprema en la causa "Azzetti" (Fallos: 321: 3363), se impone comenzar el estudio por los planteamientos que formula el Estado Nacional, puesto que en caso de prosperar, el resto de las cuestiones se tornaría de carácter abstracto.

V.- Quiero recordar que hasta diciembre de 2007, esta Sala - en concordancia con la Sala III y con la opinión disidente de la doctora María Susana NAJURIETA, de Sala I- siguió una línea jurisprudencial, tomada de los precedentes de la Corte Suprema en las causas "Mengual" (Fallos: 318:1960), "Lapegna" y "Lupia" , ambas de 1996, según la cual todos los lesionados "en y por actos de servicio", pertenecientes a las Fuerzas Armadas o de Seguridad y a los cuales las respectivas leyes orgánicas no les reconocían resarcimiento alguno sino tan sólo un haber de retiro de naturaleza previsional, tenían derecho a la indemnización del régimen jurídico común, sea que el daño proviniese de un "acto típicamente accidental" o ya fuera el resultado de acciones en cumplimiento de funciones propias de la Fuerza que integraban.

Quedaban excluidos del aludido resarcimiento: a) los heridos, mutilados o discapacitados por un "hecho bélico", esto es, por definición, un hecho perteneciente o relativo a la guerra y otros conflictos de similar envergadura (causa "Azzetti").

VI.- Empero, el 18 de diciembre de 2007, el Alto Tribunal dictó fallo en las causas "Aragón" y "Leston" y en sus decisiones estableció, en términos que no dejan dudas, que en la doctrina del caso "Azzetti" (Fallos:321:3363) no sólo se hallaban incluidos los heridos de guerra, sino también todo el personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que se lesionara, mutilara o incapacitara como consecuencia del desempeño de funciones o misiones específicas de la fuerza; supuesto en el cual los derechos de los damnificados por actos del servicio se limitaba a los beneficios previstos en las leyes y reglamentos militares y de las fuerzas de seguridad. Según el máximo Tribunal, ningún afectado "en y por actos del servicio" tiene aptitud jurídica para reclamar el resarcimiento del derecho civil, a no ser que su lesión o minusvalía tengan origen en un "acto típicamente accidental".

VII.- En función de lo expuesto, a mi modo de ver, el caso "sub examine" se encuentra comprendido en la mencionada doctrina puesto que los daños reclamados no tienen origen en un acto típicamente accidental, como surge de manera clara de las pruebas aportadas a la causa.

Consecuentemente, más allá de mi opinión particular sobre el punto (coincidente con el criterio emergente del Fallo "Mengual"), razones de economía procesal aconsejan seguir la doctrina del Alto Tribunal y decidir de conformidad.

VIII.- En virtud de lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda entablada sobre la base de normas de derecho común.

En cuanto a las costas, juzgo que deben ser impuestas en el orden causado y las comunes por mitades, en atención a que el actor pudo creerse con derecho a demandar sobre la base de la doctrina sentada en la causa "Mengual" (conf. art.68, segunda parte , del Código Procesal).

Los señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a las conclusiones de su voto.

Con lo que terminó el acto.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONI

EDUARDO VOCOS CONESA

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas nº 638 a nº 641 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 2 de junio de 2009

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada, se rechaza la demanda y se impone las costas según lo dispuesto en el punto VIII del primer voto.

En atención al modo en que se resuelve, se dejan sin efecto las regulaciones de los profesionales intervinientes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONI

EDUARDO VOCOS CONESA