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Campos Oyola Oscar Armando y otro c/ Edesur S.A.


Se condena a Edesur a abonarle a los actores, titulares de dos locales de venta de mercaderías al público, que sufrieron las interrupciones del servicio de energía eléctrica, la suma de dinero que resulte de la liquidación practicada conforme a las pautas suministradas en los presentes autos en concepto de mercaderías perdidas, más la suma de dinero reconocida en concepto de daño moral.

Sumario:


1.-Corresponde admitir la demanda por daños y perjuicios entablada por la parte actora -titulares de dos locales de venta de mercaderías al público, que sufrieron las interrupciones del servicio de energía eléctrica contra Edesur, por los daños y perjuicios padecidos a raíz de los cortes de suministro. En principio, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica, dado el curso natural y ordinario de las cosas -art. 901 del CCiv.-, las mercaderías perecederas sufren deterioro y descomposición orgánica, no siendo aptas para consumo, destacando que, al margen del despropósito de la suma pretendida en concepto de resarcimiento, este es un rubro que fue solicitado en forma expresa en el escrito de inicio y debe ser en consecuencia reconocido.

2.-Corresponde indemnización a los usuarios que promovieron este pleito -perjudicados por los cortes de electricidad-, siendo esencial para establecer el 'quantum' fijar la duración del corte, a cuyo efecto se estima de interés el informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, por provenir del ente regulador del sector y por su carácter técnico, siendo la sana crítica -art. 386 del CPCCN.- la que lleva a dar prevalencia a éste informe técnico, por sobre las imprecisas y contradictorias declaraciones testimoniales brindadas en autos.

3.-Corresponde condenar a la empresa demandada a abonarle a los actores -titulares de dos locales de venta de mercaderías al público, que sufrieron las interrupciones del servicio de energía eléctrica- las pérdidas de las mercaderías adquiridas durante los días de corte sufridos, que dada la carencia probatoria -la falta de prueba concreta y clara no puede volverse a favor de la actora, debiéndose proceder a fijar el resarcimiento con un criterio de parquedad- y haciendo uso de las facultades que el art. 165 del CPCCN. confiere al juzgador, se estima que debe computarse como indemnización por el rubro el 15% del valor de los artículos perecederos, que precisan conservación en frío, adquiridos durante los días de corte, debiendo restarle al monto resultante la suma de dinero que Edesur acreditó para el inmueble de autos -de conformidad con la Resolución 222/99 del ENRE-. El cálculo del resarcimiento correspondiente a los actores deberá ser efectuado en la etapa de ejecución, con el auxilio del perito contador, si es que no hay consenso entre las partes sobre el punto.

4.-Respecto de la indemnización del daño moral pretendido por los actores, debe tenerse presente que éste tiene carácter resarcitorio, lo que no significa adherir a la postura que ata el 'quantum' de la reparación a la magnitud de los daños económicos, pues se trata de lesiones de naturaleza muy distinta que descansan sobre presupuestos diferentes. En el caso, es razonable admitir que el incumplimiento contractual afectó moralmente a los actores, resultando procedente el resarcimiento de este ítem, que a falta de otros medios jurídicos pretende mitigar los efectos extrapatrimoniales del accionar antijurídico, sin llegar a caer en un exceso que transforme a la indemnización en un modo de engrosar la reparación patrimonial.

5.-Corresponde revocar la multa impuesta por el juez de anterior instancia a los actores y a su letrado en concepto de temeridad y malicia, sin dejar por ello de advertir que el proceso judicial es un instrumento fundamental a fin de poder 'dar a cada uno lo suyo'. Empero, a fin de no censurar siquiera un ápice la posibilidad de las partes de esgrimir sus pretensiones ante el Tribunal, así como el ejercicio de la magna profesión abogadil; y en atención al resultado de los presentes, debe revocarse la sanción impuesta a las partes y a su letrado, teniendo en cuenta para así decidir además del carácter restrictivo que se postula en la aplicación de sanciones por temeridad y malicia, que el producido de esa multa iría en beneficio de EDESUR, obteniendo la concesionaria incumplidora una suerte de ingreso adicional, pese a no ser diligente en prevenir los apagones padecidos por miles de usuarios.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 del la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "CAMPOS OYOLA, OSCAR ARMANDO Y OTRO C/ EDESUR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" respecto de la sentencia de fs. 532/534 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman, Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I. Oscar Armando CAMPOS OYOLA y Liliana Graciela GOMEZ de CAMPOS interpusieron demanda de daños y perjuicios contra EDESUR. Los actores alegaron ser titulares de dos locales de venta de mercaderías al público, que sufrieron las interrupciones del servicio de energía eléctrica durante febrero de 1999 (adujeron, en aquella oportunidad procesal, haber padecido once días de corte de suministro continuo y siete con cortes parciales). La demanda calcula el monto indemnizatorio que estima corresponde en $134.000 por las pérdidas materiales (en conjunto para los dos promotores del proceso); y respecto de cada uno de ellos $100.000 por daño psíquico, $24.000 por daño psicológico, y $130.000 por daño moral. Atribuyen su debacle económica (deudas bancarias, cierre de financiamiento, en definitiva pérdida de su actividad mercantil), a los cortes del servicio.

El juez "a quo" no hizo lugar a la acción, rechazándola con costas (ver fs. 532/534 vta.). Luego de reconocer la responsabilidad que le cabe a la demandada por la interrupción del servicio, y de considerar acreditada la extensión del corte en 76,29 horas en el local de la calle Ayacucho y de 23,50 la interrupción en el negocio de la calle Entre Ríos, el Sr.Juez consideró que el estado de bancarrota invocado por los actores no puede ser atribuido a la falta de servicio eléctrico por esos períodos. Advierte el magistrado que el cierre de las cuentas bancarias fue anterior a la interrupción del servicio de energía.

Atribuye culpa a los comerciantes al no haber contratado un grupo electrógeno y también que no han acreditado merma en las ventas, ni han probado padecer daños psíquico y moral. Asimismo el sentenciador hizo uso de las facultades que le confiere el art. 45 del C.P.C.C.N. e impuso una multa equivalente al 10% del importe reclamado, a favor de la empresa distribuidora de energía, tanto a los demandantes como al letrado que los patrocina.

II. La sentencia fue apelada por la derrotada (fs. 539). A la hora de expresar agravios, la apelante aduce: a) El corte duró más de veinte días, como lo acreditan los testigos, cuyas declaraciones debería el "a quo" hacer prevalecer sobre la información brindada en autos por el ente regulador, que se basa en informes de la propia demandada; b) Para la época del siniestro no era sencillo adquirir o alquilar un grupo electrógeno, pues escaseaban; c) La responsabilidad por incumplimiento es objetiva y este solo hecho amerita el daño; d) Discrepa con la valoración de la prueba testimonial formulada en la sentencia; e) Corresponde el resarcimiento del daño moral, que trastrocó la vida normal de los actores; f) Se agravia de la aplicación de "plus petitio" y multa aplicada.

EDESUR hizo uso del derecho de contestar agravios a fs. 578/588, proponiendo que se considere desierto el escrito de su contraparte.

III. Antes de ingresar al análisis puntual de los agravios, no puedo dejar de llamar la atención a los actores y sobre todo a su letrado (Dr.César FERRARI, matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el Tomo 21 Folio 711), a fin de que tengan presente que el proceso judicial es un instrumento fundamental a fin de poder "dar a cada uno lo suyo" (no más). Este juicio no es un juego de azar, en el que se arriesgan sumas sin el debido fundamento. No puede ser tomado con ligereza, solicitando cifras en concepto de resarcimiento carentes de todo respaldo y desvinculadas de la realidad, tergiversando datos (como ocurrió en autos respecto a la fecha de cierre de la cuenta bancaria de los actores), siendo imprecisos y contradictorios en cuanto el inicio y duración del corte, u otras situaciones. Cuán equivocado se está si se considera que el sacramental derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional ampara desvíos de esa naturaleza.

Empero, a fin de no censurar siquiera un ápice la posibilidad de las partes de esgrimir sus pretensiones ante el Tribunal, así como el ejercicio de la magna profesión abogadil; y en atención al resultado que voy a propiciar ante el Acuerdo, estimo que debe revocarse la sanción impuesta por el Sr. Juez a las partes y al Dr. FERRARI. Tengo en cuenta para esta decisión, además del carácter restrictivo que se postula en la aplicación de sanciones por temeridad y malicia (ver Sala I del fuero, causas 29.747 del 17/10/95, 2571 del 24/10/95), que el producido de esa multa (que alcanzaría a la considerable suma de $64.200) iría en beneficio de EDESUR, obteniendo la concesionaria incumplidora una suerte de ingreso adicional, pese a no ser diligente en prevenir los apagones padecidos por miles de usuarios y que han provocado la gran cantidad de procesos que atiborra a este fuero.

IV. La accionada estima que la expresión de agravios de la actora no satisface la exigencia del art. 265 del C.P.C.C.N. Por mi parte considero que el escrito de fs.563/570 vta., apreciado en su conjunto y con el temperamento benevolente que utiliza esta Sala, que privilegia no frustrar el acceso a una revisión de la sentencia de primera instancia (confr. causas 6221 del 9.2.78 y 5905 del 27.5.88, entre otras), en general, cumple con el recaudo que impone el art. 265 del ritual, por lo que me abocaré a su análisis.

Sin perjuicio de ello, hay diversas cuestiones que han quedado consentidas por ausencia de crítica concreta y razonada, que no es lo mismo que la reiteración de argumentos expuestos en presentaciones anteriores de la parte. A fin de circunscribir las cuestiones que no integran el alcance de revisión de esta Alzada, paso a detallarlas: a) La falta de nexo causal entre la interrupción de suministro de energía y la situación económico- financiera descripta en el escrito inaugural, pues el apelante guarda silencio frente a lo manifestado por el Sr. Juez de la anterior instancia en cuanto a que cuentas corrientes bancarias de los actores habían sido cerradas por cheques rechazados con anterioridad al corte; b) La expresión de agravios no incluye queja por la no admisión por parte de la sentencia del supuesto "daño psíquico" y "daño psicológico".

V. Debe recordarse, asimismo, aquellas cuestiones que pueden considerarse acreditadas en autos.

5.1. EDESUR es responsable del corte de energía padecido, entre otros miles de usuarios, por los actores. Es necesario reiterar lo resuelto por la Sala I de este fuero en la causa fallada el 16/3/00 "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ EDESUR S.A. s/ responsabilidad por daños", en donde quedó esclarecido, entre otros puntos, que:a) La concesionaria reconoció su responsabilidad frente a los usuarios y consintió los actos administrativos que disponían bonificaciones como consecuencia de la interrupción; b) EDESUR, hasta por una solicitada publicada en diversos periódicos de difusión masiva, reconoció su responsabilidad objetiva en el caso, decidiendo resarcir a los afectados; c) Obra en autos un oficio de la Defensoría del Pueblo informando dicha sentencia que condena a EDESUR a pagar los daños y perjuicios por el monto que cada usuario pueda acreditar (ver fs. 212).

5.2. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Dirección General de Habilitaciones y Permisos, informa a fs. 396/396 vta. que los locales indicados por los actores se encontraban habilitados para el comercio. El de Avda. Entre Ríos 959 Planta Baja fue autorizado para el rubro de comercio minorista de productos alimenticios en general, siendo su titular la co-actora Liliana Graciela GOMEZ. Y respecto del local ubicado en la Planta Baja de Ayacucho 19, también se encontraba habilitado para funcionar como comercio minorista de productos alimenticios en general a nombre de la misma co-actora.

5.3. Los actores adquirieron mercaderías para vender en su negocio, en cantidad y por las sumas detalladas en el informe pericial contable de fs. 182, respuesta 2 y anexo final del informe.

VI. En principio, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica, dado el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art. 901 del Código Civil), las mercaderías perecederas sufren deterioro y descomposición orgánica, no siendo aptas para consumo. Destaco que, al margen del despropósito de la suma pretendida en concepto de resarcimiento, este es un rubro que fue solicitado en forma expresa en el escrito de inicio (ver fs.6:

"Estas dolorosas circunstancias acaecidas como consecuencia de la exclusiva culpa de la demandada, no solo me irrogaron las pérdidas materiales que reclamo en el presente y que estimo en ." sic).

El "a quo" no admitió la reparación por considerar que medió culpa del reclamante al no adquirir o rentar un grupo electrógeno y luego peticionar la repetición del gasto. No coincido con ese aserto, que no fue considerado como causal para eximir de responsabilidad a la prestadora del servicio en diversos precedentes de este fuero (esta Sala, 1/10/98, "La Buenos Aires Cía. de Seguros c/ EDESUR"; Sala I, 9/12/97, "Las Tapas S.A. c/ EDESUR"). Por otra parte, es dable presumir que para la época del apagón, por su generalización, el acceso a un grupo electrógeno resultaba dificultoso por la demanda del producto, o bien, su costo pudo exceder las posibilidades de los actores.

VII. A la hora de establecer si corresponde indemnización a los usuarios que promovieron este pleito, y en su caso, el "quantum" es esencial establecer cuál ha sido la duración del corte.

Los actores mencionan en el escrito inaugural que fueron once días de corte continuo y siete con cortes parciales. En plena etapa probatoria el co-actor CAMPOS OYOLA se desdice y menciona, en escrito que lleva su firma y la de su abogado FERRARI ". que los días sufridos de corte en total desde el 15 al 25 de Febrero de 1999 fueron 20 días corridos" (ver, textual, escrito de fs. 426). En esta instancia, al expresar agravios, tampoco el apelante se muestra convencido de la duración del corte pues señala que permanecieron más de veinte días corridos sin luz (ver fs. 567 vta. y 568). De acuerdo a la concesionaria, la interrupción se prolongó, para el local de Ayacucho 19, en un total de 76,48 horas, en ningún caso en forma continua, entre el 15 y el 19 de febrero, y luego el 22 de febrero.Para el negocio de Entre Ríos, la concesionaria no informa corte alguno del servicio (ver informe pericial contable, respuesta 1 al cuestionario de la demandada, fs. 182 vta.).

Para zanjar la diferencia, por mi parte estimo de interés el informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, por provenir del ente regulador del sector y por su carácter técnico.

Dicha autoridad de aplicación informa registros, en lo que atañe al local de la calle Ayacucho, que en lo sustancial, son similares a los que expone EDESUR. En cambio, las diferencias se presentan respecto del negocio de la Avda. Entre Ríos, pues el ENRE indica una interrupción de 23 horas y 50 minutos, distribuidas del siguiente modo: algo más de 4 horas el 15/2/99, casi 14 horas el 18/02/99 y casi 6 horas el día 20/02/99 (ver fs. 261/264). Dicho informe no mereció objeciones por parte de los actores en el momento procesal oportuno para hacerlo, resultando llamativo que recién a esta altura esa parte subraye "merece un minucioso estudio el informe del ente controlador" (ver fs. 565).

Creo que la sana crítica que indica el art. 386 del Código Procesal lleva a dar prevalencia al informe técnico, emanado de la propia autoridad regulatoria en materia de energía eléctrica, por sobre las imprecisas y contradictorias declaraciones testimoniales brindadas en autos. Nótese que el testigo RODRIGUEZ LEON (fs. 158) dice que el corte duró un mes, mientras que la testigo MUZZI habla de tres o cuatro meses sin luz (fs. 159).

Ambas declaraciones fueron cuestionadas por la demandada en el alegato (ver fs. 524 vta.).

Las objeciones al informe del ENRE llevadas a cabo en la Alzada, además de tardías, están desprovistas de argumentos serios y son meras subjetividades. Además, no es exacto afirmar que se basa sólo en elementos aportados por la demandada, pues aquellos fueron auditados por el ENRE en el expediente 6555/99, como se informa a fs.264 y también en el informe pericial contable en la respuesta 3 (fs. 182 vta.). Con relación a las constancias de los expedientes administrativos, algunos fallos le han asignado el valor propio de los instrumentos públicos en razón de que han sido instruidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, gozando entonces de presunción de validez y regularidad (conf. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 21/9/93, Sala III, "Distribuidora de Gas del Sur", y sus citas). Parece indudable que no basta la negativa genérica (o peor aún, las flagrantes contradicciones en que incurren la actora y los testigos en cuanto a la duración del corte) para que el Tribunal prescinda del informe de la autoridad regulatoria volcado en el expediente sustanciado como consecuencia de la interrupción, sino que se requiere la producción de prueba tendiente a desvirtuar las constancias aludidas. La testimonial obrante en autos, valorada con la ya mencionada regla de la sana crítica, no resulta idónea a ese efecto.

Por otro lado, la crítica contra el informe del ENRE, cuestionado por la actora por su supuesta parcialidad al basarse en datos proporcionados por la concesionaria, pierde de vista que en lo que concierne al local de la avenida Entre Ríos, los registros de EDESUR y los del ENRE se diferencian en forma notoria; siendo que el de la empresa siquiera registra interrupciones.

VIII. Ahora bien, en autos la actora no ha producido prueba tendiente a demostrar los efectos de la interrupción de la cadena de frío respecto de los productos alimenticios adquiridos con las facturas glosadas a autos, como pudo quedar esclarecido con precisión a través de un pedido de informes al SENASA, a los productores de los alimentos comercializados o con la sustanciación de prueba pericial médica en nutrición.No obstante esa ausencia, como lo adelanté, el deterioro por la desafectación al frío es un efecto que surge del curso natural y ordinario de las cosas, aunque por la orfandad en la actividad probatoria de los actores este Acuerdo no puede conocer con meridiana exactitud la pérdida concreta que debieron éstos sobrellevar.

Compulsando los registros de los cortes informados por la autoridad regulatoria, advierto que los padecidos en el local de Ayacucho, los días 15 al 18 de febrero, 19 y 20 de febrero, oscilan en duraciones de 10 a 16 horas, en forma aproximada. Por su parte, en el restante negocio, sólo la interrupción del 18 de febrero alcanza la magnitud de casi 14 horas; registrando también el 20 de febrero un corte de cierta importancia (casi 6 horas).

Dada la prolongación en la interrupción de la energía, es razonable deducir que la mercadería que requiere su conservación en frío se echó a perder y no resultó apta para el consumo humano. Corresponde entonces un resarcimiento por los productos que se malograron, y que por lo tanto no pudieron ser comercializados.

IX. La prueba pericial contable, propuesta por la parte actora, no pudo determinar el volumen de ventas o facturación de esa parte pues los accionantes no le aportaron elementos para llevar a cabo esa tarea. Por la misma falta no pudo determinar si disminuyeron las ventas durante febrero de 1999 y en qué porcentaje (ver respuestas al cuestionario propuesto por la propia parte remisa, fs. 182/182 vta.). Dada la carencia probatoria y ante un daño que surge del curso ordinario y natural de los acontecimientos, no tengo otra alternativa que hacer uso de las facultades que el art. 165 del C.P.C.C.N. confiere al juzgador para estimar la suma que debe abonarse a los actores.

Ante el panorama probatorio de autos, el único aspecto de contenido patrimonial que corresponde satisfacer es la pérdida de las mercaderías adquiridas. Desde ya destaco algunas cuestiones que pondero a la hora de establecer el resarcimiento:a) El reconocimiento sólo alcanza a los productos que precisan frío para conservarse (por ejemplo: fiambres, algunos lácteos) y por supuesto que no a toda la mercadería que reflejan las facturas agregadas a la causa, indicadas en el detalle del volumen de compra del informe pericial contable. Adviértase que los actores han incluido artículos de muy distinta gama, varios de los cuales no precisan su conservación en frío (bebidas de distinto tipo, envases descartables, yerbas, etc.); b) Va de suyo que sólo se va a tener en cuenta para el resarcimiento los productos adquiridos hasta el 22/2/09 (último día de corte), quedando al margen los comprados "a posteriori". Los actores agregan entre las facturas que pretenden que se les abone adquisiciones del mes de marzo y hasta de abril, cuando el suministro de energía ya se había normalizado; c) Al iniciar el proceso se ha indicado que algunas empresas recibieron productos en devolución, dado que no iban a poder ser comercializados como consecuencia de los cortes (ver el propio escrito de demanda, fs. 2 vta); d) El hecho mismo de la adquisición no importa la prueba de que la totalidad de dichas mercaderías no llegaron a ser vendidas. Recuerdo que el perito no pudo expedirse sobre el volumen de ventas para la época dado que la propia proponente del punto no le suministró la información necesaria para evacuar el interrogante; e) La falta de prueba concreta y clara no puede volverse a favor de la actora, debiéndose proceder a fijar el resarcimiento con un criterio de parquedad (esta Sala, 29/6/00, "Jorge Abraham c/ EDESUR"); f) La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso, que conforme al inc. 5 del art. 163 del C.P.C.C.N.puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar las respectivas pretensiones; g) Los actores eran titulares de dos negocios, que se encuentran a cierta proximidad en cuanto a distancia, siendo que en uno de ellos los cortes fueron bastante menos pronunciados, y tal vez pudo ser factible el traslado de mercaderías perecederas hacia el local que contaba con suministro de energía, menguando aunque sea en parte el daño padecido.

Valorando todo este cúmulo de factores, y teniendo a la vista el detalle del volumen de compra de los actores aportado en el informe pericial contable, estimo que debe computarse como indemnización por la pérdida de mercaderías el 15% del valor de los artículos perecederos, que precisan conservación en frío, adquiridos con posterioridad al 22 de febrero de 1999, que obren en ese listado. Al monto resultante deberá restarse la suma de $43,85 que EDESUR acreditó con fecha 14/4/99 para el inmueble de Ayacucho 19, de conformidad con la Resolución 222/99 del ENRE.

Dicho monto, que difiere del manifestado por la concesionaria del servicio público en su responde (ver fs. 47), surge del informe pericial contable, respuesta 2 al cuestionario de la demandada (fs. 182 vta. y 475), no impugnado por las partes.

El cálculo del resarcimiento correspondiente a los actores deberá ser efectuado en la etapa de ejecución, con el auxilio del perito contador, si es que no hay consenso entre las partes sobre el punto.

En virtud de que el eventual lucro cesante no es un rubro integrante del reclamo formulado en la demanda, no corresponde su reconocimiento, pues de otro modo se violaría el principio de congruencia procesal, se incurriría en una sentencia "extra petito" y en definitiva se transgrediría el límite impuesto a esta Cámara por los arts. 271 "in fine" y 277 del Código adjetivo.

X. Resta expedirme en lo que atañe a la indemnización del daño moral pretendido por los actores. Esta Sala, desde antiguo (conf. Expte.4412 del 1/4/77, "Ledesma"), ha sostenido que tiene carácter resarcitorio. Ello no significa adherir a la postura que ata el "quantum" de la reparación a la magnitud de los daños económicos, pues se trata de lesiones de naturaleza muy distinta que descansan sobre presupuestos diferentes (ver 4/10/01, "Sciarini c/ EDESUR s/ responsabilidad por daños").

En el caso, los actores vieron dificultada o casi impedida su actividad ante la interrupción por parte de la demandada del suministro de energía eléctrica, lo que les ocasionó pérdida de mercaderías. Pesaba sobre los afectados la incertidumbre acerca de la fecha en que el desperfecto de la subestación Azopardo se solucionaría, viendo peligrar su negocio y sustento familiar. Es razonable entonces admitir que el incumplimiento contractual los afectó moralmente, resultando procedente el resarcimiento de este ítem (conf. esta Sala, "Sciarini", ya citado).

Debe destacarse que con el daño moral se procura, a falta de otros medios jurídicos, mitigar los efectos extrapatrimoniales del accionar antijurídico, sin llegar a caer en un exceso que transforme a la indemnización en un modo de engrosar la reparación patrimonial. En cuanto al monto del resarcimiento, debo resaltar también en este punto la ausencia probatoria, omisión que me obliga al uso de las atribuciones que me confiere el art. 165 del C.P.C.C.N. Atendiendo a las circunstancias de la causa y que el corte en los locales de los actores, en particular el de la Avda. Entre Ríos, no fue prolongado; juzgo conveniente fijar la compensación por el daño moral padecido en $1.400 para cada actor.

XI. Observo que los demandantes no han solicitado que las sumas reconocidas devenguen intereses, razón por la que esta Sala nada puede decidir sobre el punto (arts. 271 y 277 del C.P.C.C.N.). En la demanda, si bien al finalizar el objeto del escrito se dice que se reclaman las sumas que da cuenta el rubro liquidación (ver fs.3/3vta.), dicho rubro fue omitido en el escrito patrocinado por el Dr. FERRARI.

XII. En cuanto a los accesorios del proceso, si bien es cierto que la actora ha solicitado sumas exorbitantes en concepto de indemnización, y que la acción en definitiva prospera por una ínfima suma; no lo es menos que, releyendo el "leading case" de la Sala I de este tribunal "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/EDESUR" (ya citado), observo que no pocos de los argumentos empleados como defensa en el presente proceso ya habían merecido planteo y rechazo en aquella causa.

Además no se dan las condiciones para imponer la solución que postula el art. 71 del Código ritual pues si bien la actora reclamó una suma alejada de la realidad, no puedo subsumir la situación en un supuesto de plus petición inexcusable -que torne procedente cargar con todas las costas-, en atención a que EDESUR no admitió el monto hasta el límite establecido en el fallo (art. 72, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

En consecuencia, se está frente a un vencimiento parcial y mutuo, en los términos del art. 71 del precitado Código. Pero con la particularidad de que, por un lado, resulta impracticable distribuir las costas atendiendo a la proporción del éxito de la parte actora, ínfimo en atención al desborde del reclamo. Pero además, dado cómo fue planteada la demanda, tampoco puede sostenerse, sin hesitaciones, que los actores han triunfado en el aspecto principal de la contienda.

Ante esta atalaya, ponderando las circunstancias del caso, propongo al Acuerdo que las costas del proceso sean distribuidas en ambas instancias por su orden; mientras que los costos de las pericias se dividan por mitades (art. 68 segundo párrafo C.P.C.C.N.).

Frente al resultado arribado, se dejan sin efecto los honorarios regulados por el Sr.Juez de la anterior instancia; difiriéndose la fijación de los emolumentos de los profesionales intervinientes en el pleito para el momento en que se apruebe la liquidación conforme a las pautas emergentes de este voto.

XIII. En mérito a lo expuesto, voto por:

13.1. Hacer lugar, en forma parcial, al recurso interpuesto por la parte actora.

13.2. Revocar la multa impuesta a los actores y a su letrado en concepto de temeridad y malicia.

13.3. Condenar a EDESUR a abonarle al Sr. CAMPOS OYOLA y a la Sra. GOMEZ de CAMPOS la suma que resulte de la liquidación practicada conforme a las pautas suministradas en el considerando IX de esta propuesta y las reconocidas en concepto de daño moral en el considerando X, dentro de los 10 días de quedar firme o ejecutoriada la decisión que propicia este voto, si es que logra mayoría en el Acuerdo.

13.4. Distribuir las costas por su orden en ambas instancias, en atención a lo ponderado en el considerando XI.

13.5. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios llevadas a cabo en primera instancia; difiriendo la fijación de los estipendios profesionales para cuando haya liquidación aprobada.

Los señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONI

EDUARDO VOCOS CONESA.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas nº 649 a nº 656 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 3 de junio de 2009

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se hace lugar a al demanda en los términos que surgen del considerando anterior, con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, 2da. parte, del Código Procesal).

Determinados que fueren el monto de la condena y los honorarios de la primera instancia, el Tribunal practicará las regulaciones correspondientes a los trabajos de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONI

EDUARDO VOCOS CONESA