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Martínez Víctor Horacio c/ Estado Nacional Minst. de Defensa Ejército Argentino


Responsabilidad civil del Estado Nacional por los perjuicios que sufrió un suboficial del Ejército Argentino debido al accidente ocurrido al resultar embestido su automotor por un ómnibus mientras se dirigía a su unidad de destino.

Sumario:


1.-Debe atribuirse responsabilidad civil al Estado Nacional por los daños que sufrió un suboficial del Ejército Argentino a raíz de un accidente in itinere -en la especie, al resultar embestido su automotor por un ómnibus mientras se dirigía a su unidad de destino-, puesto que tales perjuicios son consecuencia de un hecho accidental desvinculado de tareas específicas propias de la condición militar, al no formar parte de las funciones o misiones específicas de las Fuerzas Armadas.

2.-La indemnización a título de incapacidad sobreviniente reconocida a un suboficial del Ejército Argentino damnificado por un evento dañoso está destinada a restañar la concreta influencia negativa de su minoración psicofísica en el campo laboral y en actividades con contenido económico, por lo que la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con sus camaradas por un ascenso en la fuerza a la que pertenece puede englobarse dentro de ese ítem.

3.-La reparación de la incapacidad sobreviniente a un evento dañoso debe ser determinada en función de las circunstancias particulares de cada caso, considerando la proyección menoscabante de la minoración psíquico-física, el grado de capacidad residual para realizar otras tareas, la edad del afectado, sexo, oficio, cargas de familia, ingresos previsionales vinculados con su situación, etcétera, sin estar ceñida en forma exclusiva el campo estrictamente laboral, que se extiende al conjunto de actividades que no podrá desarrollar y que poseen valor patrimonial.

4.-El daño psicológico se proyecta jurídicamente como daño patrimonial, en tanto puede impedir el desempeño de labores lucrativas u ocasionar gastos para superar, mitigar o detener el trastorno en cuestión -ya sea en honorarios del médico o psicólogo que se haga cargo del tratamiento psicoterapéutico, o bien en fármacos psicotrópicos y otros requeridos para aliviar los síntomas-; y como daño moral, en la medida en que el desequilibrio del estado psíquico se traduce en una huella depresiva o melancólica o en una situación de stress post-traumático, con toda la sintomatología que éste entraña.


Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en los recursos interpuestos en autos: "Martínez Víctor Horacio c/ Estado Argentino s/ daños y perjuicios Nacional Minst de Defensa Ejército", respecto de la sentencia de fs. 163/168, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Ricardo Víctor GUARINONI y Eduardo VOCOS CONESA.

A la cuestión planteada, sl señor juez de Cámara, Dr. Alfredo Silverio GUSMAN dijo:

I.- El día 20.3.95, al dirigirse a su unidad de destino -Compañía de Comunicaciones de Montaña n° 9, provincia de Neuquén- el ex sargento del arma de Comunicaciones del Ejército Argentino Víctor Horacio MARTÍNEZ fue embestido por un colectivo, produciendo el vuelco del automóvil que conducía. Como consecuencia de ello, sufrió diversas fracturas en las vértebras cervicales, permaneciendo internado en un establecimiento médico, con posterior reposo domiciliario. Tras los tratamientos prescriptos por los facultativos de la fuerza, el 18.12.95 fue declarado "apto para todo servicio", con una disminución de su capacidad laborativa del 2%. Empero, al volver a su trabajo siguió sufriendo intensos dolores lumbares y de cabeza, circunstancia que motivó en el año 1999 el inició de una nueva instrucción militar, en donde se constató el agravamiento de la patología que aquejaba a MARTÍNEZ como consecuencia del accidente de tránsito.En el año 2003 la Junta Superior de Reconocimientos Médicos lo clasificó "inútil para todo servicio", al serle diagnosticado "traumatismo cervical con fracturas" de C4- C5, agravado por "síndrome Orgánico cerebral", estimando su incapacidad laborativa en el orden del 70%. Por su parte, la fuerza estableció que la enfermedad que padecía el señor MARTÍNEZ guardaba relación con actos de servicio, clasificándolo, entonces, como incapacitado para todo servicio. Y, en esas condiciones, el jefe de Estado Mayor del Ejército lo declaró en situación de retiro obligatorio a partir del 29.2.04, otorgándosele el beneficio provisional correspondiente al grado inmediato superior, incrementado en un 15%.

Sobre tales antecedentes, el ex suboficial dedujo demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional, reclamando una indemnización -que justipreció en la suma de $330.000- con sustento en normas de derecho común y en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia in re "Mengual", por estimar que la demandada era responsable de la incapacidad permanente de la que padece.

Por su parte, el Estado Nacional se opuso al progreso de la acción sobre la base de lo dispuesto en la Ley n° 19.101 y la doctrina sentada por la Corte Suprema en las causas "Valenzuela" y "Bertinotti". Y agregó que la calificación de que los daños guardaban relación con actos de servicio no implicaba asumir responsabilidad por el hecho imputado, sino que fue dada a los fines de habilitar el pago de los beneficios previsionales contemplados en la ley militar.

II.- En el pronunciamiento de fs. 163/168 el señor juez de grado hizo lugar a la demanda y condenó al Estado Nacional (Ministerio de Defensa - Estado Mayor General del Ejército) a pagar al actor la suma de $160.000, con los intereses previstos en las normas sobre consolidación, computados desde el pase a retiro, y las costas del juicio.

Para así decidir, el a quo argumentó que de acuerdo al criterio sentado por la Corte Suprema in re "Mengual" (Fallos:318:1960) no existen óbices para reconocer una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad cuando los regimenes que rigen a esas instituciones sólo prevén una haber de retiro de naturaleza previsional, máxime teniendo en cuenta que en el sub examine no se había probado que el daño tuviera origen en la actuación culposa de la propia víctima o en el hecho de un tercero por el que no debía responder. En tales términos, reconoció la procedencia del reclamo por los siguientes rubros: incapacidad sobreviviente, $80.000 -dentro del cual incluyó la pérdida de chance reclamada-; gastos de medicación y tratamiento psicológico, $10.000 y daño moral, $70.000.

III.- Ambas partes apelaron el fallo; a fs. 175 el actor y a fs. 169 hizo lo propio el demandado, expresando agravios a fs. 184/185 y 187/193, en ese orden, los que fueron replicados a fs. 195/198 y 199/202. Median, asimismo, recursos contra la regulación de honorarios realizada (conf. fs. 177, 179 y 192 vta.), que serán examinados por la Sala en conjunto al finalizar el acuerdo, de así corresponder.

Las quejas del Estado Nacional se refieren, por una parte, a que no corresponde reparación alguna fundada en normas civiles, a la luz del ordenamiento que rige la actividad militar que fija a favor del personal un haber de retiro previsional. Y, por la otra, cuestiona por elevados los rubros indemnizatorios reconocidos.

A su vez, el actor se agravia por lo exiguo de los montos fijados en la sentencia -con exclusión de lo atinente al daño moral- y por la forma en que fueron establecidos los intereses moratorios, pues entiende que si la baja fue decretada en el año 2004, su crédito no se encuentra alcanzado por las normas sobre consolidación.IV.- A mi modo de ver corresponde examinar, en primer término, el planteo del Estado Nacional en cuanto a la procedencia de la acción, toda vez que de prosperar resultaría inoficioso expedirse acerca del quantum de la indemnización reconocida.

Sobre el punto, estimo que asiste razón al actor cuando propone que se declare desierto el recurso deducido por el Estado Nacional, pues los agravios desarrollados por el Estado Nacional en este aspecto, no cumplen con los recaudos mínimos de fundabilidad previstos en las normas rituales.

En efecto, el recurrente reitera punto por punto las alegaciones efectuadas al contestar demanda, mas no se hace cargo del argumento dirimente del a quo para decidir como lo hizo: que el caso se encuentra subsumido en la doctrina sentada por la Corte Suprema en los precedentes "Gunther" y "Mengual". Y tampoco refuta lo manifestado en cuanto a la falta de alegación de circunstancias que afectaran el nexo causal, sea por culpa de la víctima o por el hecho de un tercero por el cual el Estado no debe responder.

Estas conclusiones no merecieron una objeción seria, concreta y razonada de su parte, razón por la cual cabría concluir en que el memorial en examen debe ser declarado desierto (conf. arts. 265 y 266 del Código Procesal).

V.- De todos modos, siguiendo el criterio amplio que observa esta Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios por estimar que es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (conf. causas nº 5003 del 5.4.77, 5.905 del 27.5.88, entre muchas otras), creo pertinente realizar algunas reflexiones adicionales sobre la cuestión debatida, que en mi criterio demuestran por qué los argumentos del fallo apelado resisten incólumes a las críticas del Estado Nacional.

5.1.La doctrina sentada por la Corte en los precedentes "Valenzuela" y "Bertinotti", invocada por el apelante, perdió vigencia con la sentencia dictada en la causa "Mengual", en la cual se estableció que era procedente la indemnización basada en normas de derecho común cuando las leyes militares sólo previeran un haber de retiro en caso de producirse un daño vinculado con actos de servicio. No desconozco el criterio restrictivo sentado con posterioridad en las causas "Azzetti" y "Aragón" (al margen de que mi opinión personal es coincidente con el criterio expuesto por la Corte en el caso "Mengual"); empero, esa doctrina no obsta a la procedencia de la reparación integral en los supuestos en que las lesiones son consecuencia de un acto típicamente accidental.

5.2. En efecto, en el fallo "Azzetti", un sargento ayudante en situación de retiro procuraba una indemnización con sustento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, tendiente a reparar la incapacidad provocada por su participación en la Guerra de las Malvinas. La Corte distinguió entre los daños evidenciados por oficiales o suboficiales de carrera en actos de servicio cumplidos en tiempos de paz, o aun de guerra pero en circunstancias ajenas al combate, como consecuencia de un hecho accidental que podía ser imputado jurídicamente al Estado Nacional, de aquellos directamente sufridos en acciones bélicas. En aquella oportunidad consideró que los primeros podían ser reparados de conformidad al régimen del derecho común -a falta de régimen indemnizatorio federal de carácter específico-, mientras que a los segundos les vedó esa posibilidad (ver considerando V). Tuvo en cuenta para formular esta distinción, que ". los daños sufridos constituyen una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas y legítimas de las fuerzas armadas, características del servicio público de defensa, que no origina responsabilidad del Estado Nacional." (considerando VI).

5.3.Con su integración actual, en el caso "Aragón" el Tribunal cimero extendió la doctrina del caso "Azzetti" a todos aquellos daños que son mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad (ver considerando VI). Se trataba de un sargento de la Gendarmería Nacional que había recibido heridas de bala en un procedimiento de patrulla antidroga.

No es ocioso recordar que en varios pasajes del fallo la Corte enfatizó que el novedoso criterio que sienta no se aplicaba en los supuestos de daños de origen accidental. Es más, el "núcleo de la doctrina" (sic, comienzo del cons. 6) descansa en la diferencia entre aquellos y los daños que son mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas, supuesto este en el que se torna improcedente la indemnización con base en las normas de la responsabilidad común.

5.4. Por lo tanto, de conformidad con el criterio vigente de la Corte Suprema, para resolver si el Sr. MARTÍNEZ tiene derecho a una indemnización conforme a la normativa que invoca es menester indagar si la incapacidad que padece es consecuencia de un daño accidental.

En su escrito de inicio, el accionante explicó que al dirigirse a su unidad sufrió un accidente automovilístico al ser embestido por un camión, lo que le provocó lesiones severas que, a la postre, determinaron su pase a retiro (conf. fs. 3/9). El Estado Nacional no sólo no desconoció estos hechos, sino que están corroborados en las actuaciones administrativas acompañadas en autos, de donde surge además la relación causal entre ese evento -tipificado como in itinere- y las secuelas padecidas por MARTÍNEZ, toda vez que el Ejército calificó el hecho como producido "en servicio" (conf. entre otras, fs. 28/29, 61/62, 65/66, 74 y vta. del legajo personal del accionante, que tengo a la vista).

5.5.A esta altura, cabe recordar que tratándose de un supuesto de responsabilidad objetiva, el demandado sólo se eximiría de la imputación si probara la existencia de caso fortuito, culpa de la víctima o fuerza mayor, extremos que, como se puso de resalto precedentemente, tampoco fueron alegados por el demandado, quien en ambas instancias se limitó a sostener que esta acción no puede ser encuadrada en la normativa del Derecho Civil.

5.6. En conclusión, estimo que la incapacidad que hoy en día padece el sargento MARTÍNEZ es consecuencia de un hecho accidental desvinculado de tareas específicas propias de su anterior condición militar. Un accidente in itinere no es un hecho que forme parte de las funciones o misiones específicas de las fuerzas armadas; el vuelque no se produjo cumpliendo funciones típicamente militares o en ".cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad." (empleo términos textuales del fallo "Aragón").

VI.- Establecido el deber de responder del Estado Nacional, corresponde analizar las quejas planteadas por ambas partes en relación a los montos reconocidos en la sentencia de grado.

a) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE:

El actor se agravia de lo decidido en este punto pues entiende que se ha omitido considerar a la pérdida de chance en forma autónoma y se ha incluido el perjuicio psicológico dentro del daño moral. Por su parte, la demandada sostiene -entre otras razones- que no se encuentra probada la posibilidad de ascenso dentro de la fuerza que integraba el peticionario, teniendo en cuenta los antecedentes negativos que surgen de su legajo.

Así planteadas las posiciones de las partes, me interesa señalar que el rubro incapacidad sobreviviente está destinado a restañar la concreta influencia negativa de la minoración psicofísica de la víctima en el campo laboral y en actividades con contenido económico (conf.esta Sala, causas n° 7555 del 23.3.79, 21.666/96 del 13.6.97 y 8.7.03, entre muchas otras). De allí que la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con sus camaradas, por un ascenso en la fuerza -aspecto del resarcimiento que el actor denomina pérdida de chance- puede englobarse dentro de ese ítem pues lo que interesa, en definitiva, es su valoración a los efectos de determinar la indemnización debida y ello ciertamente fue contemplado por el fallo de la anterior instancia.

Por otra parte, tampoco le asiste razón al accionante en cuanto al tratamiento dispensado al daño psicológico, pues -como apuntó el sentenciante- este último tiene dos proyecciones jurídicas: A) como daño patrimonial, en sus dos vertientes: a) en tanto puede impedir el desempeño de labores lucrativas; y b) en cuanto son necesarios gastos para superar o mitigar o detener el trastorno, ya sea en honorarios del médico o psicólogo que se haga cargo del tratamiento psicoterapéutico o ya sea en fármacos psicotrópicos y otros requeridos para aliviar los síntomas; y B) como daño moral, en la medida en que el desequilibrio del estado psíquico se traduce en una huella depresiva o melancólica o en una situación de stress post-traumático, con toda la sintomatología que éste entraña (ver en este sentido, lo resuelto por esta Sala, causa n° 9.049/01 del 31.3.09, entre muchas otras).

Ello establecido, ateniéndome a la peritación médica rendida en autos -concorde con el reconocimiento efectuado en sede administrativa- (conf. fs. 103 vta.), la incapacidad física que afecta al actor es prácticamente total, impidiéndole el desarrollo de cualquier tarea remunerada, sea en relación de dependencia o en forma autónoma.Y, además, cabe recordar que la indemnización de la incapacidad debe ser determinada en función de las circunstancias particulares de cada caso, considerando la proyección menoscabante de la minoración psíquico-física, el grado de capacidad residual para realizar otras tareas, la edad del afectado, sexo, oficio, cargas de familia, ingresos previsionales vinculados con su situación, etc. No se ciñe en forma exclusiva el campo estrictamente laboral, que extiende al conjunto de actividades que no podrá desarrollar y que poseen valor patrimonial (conf. causas 1414/97 del 30.4.01, 4502/98 del 6.9.01, entre muchas otras).

En el caso, el ex sargento MARTÍNEZ presenta una incapacidad física del 70% y psíquica del 20% (ver sobre este punto, psicodiagnóstico acompañado con el peritaje médico, en fs. 90/98), habiéndola alcanzado a la edad de 40 años -tomando la fecha en que la Junta Superior de Reconocimientos Médicos lo declaró incapacitado: 21.8.03; ver fs. 74 y vta. del legajo personal-. Está casado desde el año 1994 y tiene dos hijas menores, Aldana Ayelén, nacida en 1996 y Wanda Macarena, nacida en 1998 (ver los certificados correspondientes, agregados sin foliar a su legajo). En esas condiciones, ponderando también que percibe un haber de retiro correspondiente al grado inmediato superior, incrementado en un 15% -que al año 2006 le significaba en mano la suma de $1500 aproximadamente- (ver informe del Instituto de Ayuda Financiera para Militares, en fs. 142 de estas actuaciones y el recibo agregado en fs. 141), juzgo razonable la indemnización otorgada en primera instancia. En este sentido, cabe agregar que al actor no se encontraba en los comienzos de su carrera militar como suboficial y nada permite suponer que habría de abandonarla anticipadamente para dedicarse a otras actividades lucrativas con mayores ingresos.

Finalmente, considero infundadas las quejas de la accionada en este punto, pues la suma fijada en la anterior instancia también encuentra sustento en el desempeño de MARTÍNEZ en la fuerza.Contrariamente a lo afirmado en el memorial de fs. 187/193, con excepción del primer año como suboficial -en el cual recibió tres sanciones disciplinarias-, el actor mereció altas calificaciones por parte de sus superiores -de 80/100 puntos para arriba en cada evaluación-, que le trajeron aparejados dos ascensos en los años 1986 y 1990. De allí que resulta plausible lo afirmado por el magistrado de primera instancia acerca de las perspectivas de progreso dentro del escalafón de suboficiales, razón por la cual ese extremo no puede ser soslayado a los efectos de la cuantificación del daño.

b) GASTOS POR MEDICACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:

El señor juez, haciendo mérito de lo expuesto en la peritación médica y en que el demandante cuenta con cobertura médica, fijó prudencialmente por este rubro -especialmente lo atinente al tratamiento psicológico- la suma de $10.000, decisión que es cuestionada por ambas partes.

El Estado Nacional sostiene que debe ser completamente eliminado de la condena, toda vez que no media prueba sobre la existencia del daño y que el actor cuenta con cobertura de la obra social del Ejército.

Empero, la falta de prueba directa sobre las erogaciones realizadas no es argumento suficiente para rechazar el capítulo pretendido, pues tanto el peritaje médico, como el psicodiagnóstico anexo ilustran sobre las limitaciones físicas y psíquicas que padece. Específicamente, la licenciada en psicología Valeria CERÓN recomendó un tratamiento por una duración no menor a dos años y una frecuencia de una sesión semanal, cuyo costo estimó en la suma de $80 cada una. Tampoco puede haber duda que para la atención de sus dolencias el señor MARTÍNEZ se habrá visto obligado a recurrir a la ingesta de fármacos, extremo que aparece, según el curso ordinario y natural de las cosas, como una consecuencia necesaria de su minusvalía.Y en cuanto al tratamiento psicológico no hay norma alguna que obligue a la víctima a hacerse atender por determinados facultativos de una obra social. Por lo tanto, le asiste el derecho a recurrir a los profesionales de su confianza (conf. esta Sala, causa 5.356/98 del 7.8.01, entre muchas otras).

Antes bien, teniendo en cuenta que dicho tratamiento insumiría más del 75% de la suma fijada por el a quo en este capítulo -de acuerdo con la estimación efectuada por el recurrente siguiendo los valores mencionados en el psicodiagnóstico-, ésta parece insuficiente para cubrir las restantes necesidades que exigen la situación de incapacidad de MARTÍNEZ. Es que además de los gastos por medicamentos que la obra social IOSE no cubre en su totalidad (ver informe de fs. 71, que da cuenta que desde octubre de 2003 la cobertura máxima es del 45% de su valor), las serias dificultades de desplazamiento observadas por la perito médico -informe que no ha merecido observación de parte de la demandada- (ver fs. 99/101) me convencen de la insuficiencia de la suma reconocida por el magistrado, en particular respecto a las erogaciones que debe afrontar para su traslado.

En consecuencia, propondré la elevación del rubro a la suma de $15.000 (conf. art. 165, última parte , del C.P.C.C.N.).

c) DAÑO M ORAL:

El Estado Nacional también considera excesiva la cantidad otorgada en concepto de daño moral; en cambio, no media cuestionamiento del accionante en este capítulo.

Así las cosas, cabe señalar que el alto grado invalidante de la lesión en la columna vertebral del actor le provoca severas dificultades para movilizarse (ver peritaje médico, en fs. 99 y siguientes) y que el accidente y la posterior baja del Ejército, ocasionaron en el militar un profundo deterioro psíquico que trastorna su personalidad (ver conclusiones del psicodiagnóstico, especialmente fs.93/94).

En tales términos, teniendo en cuenta que la accionada no cuestionó los informes mencionados, la apreciación de las condiciones personales del reclamante a las que hice referencia anteriormente, como así también la circunstancia de que la indemnización en esta materia tiene -a criterio de la Sala- naturaleza resarcitoria (conf. causa n° 4.412 del 1.4.77 y posteriores), propongo al Acuerdo la confirmación de lo decidido al respecto por el señor Juez, que se compadece con el criterio que observa el Tribunal en asuntos análogos.

VII.- Asiste razón a la actora en su cuestionamiento respecto a la forma en que fueron fijados los intereses, pues si bien el accidente del año 1995 afectó el desenvolvimiento del suboficial MARTÍNEZ en las filas del Ejército, lo cierto es que luego de su internación continuó desempeñándose en la fuerza, hasta el 29.4.04, fecha en la que fue pasado a "retiro obligatorio", dándose por consolidada la incapacidad y concluida su relación laboral (conf. resolución EMGE n° 197/04/104, a fs. 1 del legajo personal del actor).

Así las cosas, aunque el accidente que experimentó el actor en su columna vertebral fue el que comenzó con su infortunio, no se puede ignorar que la situación de incapacidad psicofísica y la lesión a los sentimientos más caros de un ser humano reconocen como razón trascendente haber tenido que dejar la carrera militar, la calificación que le asignó la Junta Médica y otras consecuencias provenientes principalmente de su situación de retiro del servicio activo (ver en este sentido, las conclusiones del psicodiagnóstico, en fs. 94/95). Y este extremo se ve corroborado por la lectura de los informes redactados por sus superiores, que en diferentes oportunidades destacaron sus dotes para la carrera militar (ver las planillas obrantes en la segunda parte del legajo personal, agregadas sin foliar).

Por ello, siguiendo el criterio adoptado en una situación análoga (conf.causa n° 3.615/01 del 2.10.08, voto del doctor VOCOS CONESA) dentro de las obvias dificultades que se presentan para determinar, con el menor grado de incertidumbre posible, la fecha de la causa o título de la obligación indemnizatoria del Estado Argentino, resulta razonable ubicarla en el momento en que se hizo efectivo el pase a retiro obligatorio (29.2.2004). Pongo de manifiesto este extremo para que se pondere que en el cálculo de la indemnización de la incapacidad se computa como un factor significativo el haber de retiro que percibe el suboficial MARTÍNEZ, esto es, una circunstancia posterior a su pase a retiro. Además, en sustancia, el rubro "gastos por medicación y tratamiento psicológico" está relacionado con tratamientos médicos futuros. También, en orden a la fijación del "resarcimiento del daño moral", es valorada la incidencia psíquica de la frustración de la carrera como un dato de singular relevancia.

Desde esta premisa, corresponde establecer que la condena se encuentra excluida de las normas sobre consolidación y que, por ende, llevará intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus descuentos a 30 días, plazo vencido (conf. lo resuelto en forma unánime por esta Cámara, entre muchas otras, Sala I, causa n° 6.595/91 del 26.5.94; esta Sala, causa 4.848/95 y Sala III, causa n° 6.370/92 del 6.4.95), desde el 1°.3.04, hasta el efectivo pago, que habrá de realizarse a través del procedimiento establecido en el art. 22 de la Ley n° 23.982 -y demás normas complementarias-.

Aclárese que los réditos correspondientes al tratamiento psicológico, cuyo costo se estima prudencialmente en la suma de $9.000, correrán desde la notificación de esta resolución, pues se trata de un gasto futuro.VIII.- En cuanto a las costas de primera instancia, esta Sala tiene resuelto que en casos de responsabilidad civil el hecho de que no hayan prosperado todos y cada uno de los rubros pretendidos en la demanda, ni por el monto reclamado, no empece a que, de acuerdo con el criterio objetivo de la derrota, sea el responsable quien cargue con los gastos causídicos -en proporción a la cuantía de la condena-, ponderando que su actitud obligó al damnificado a litigar para obtener el reconocimiento de sus derechos y que dichas erogaciones constituyen un menoscabo indemnizable (conf. causas n° 1.981/97 del 19.9.99; 6.697/99 del 24.6.03, entre muchos otros).

Por consiguiente, tampoco resultan atendibles los agravios del Estado Nacional en cuanto a la imposición de costas decidida por el a quo.

IX.- En síntesis, propongo confirmar la sentencia apelada en lo principal que decidió, inclusive en lo atinente al curso de las costas, modificándola en las siguientes cuestiones: a) en cuanto al ítem "gastos por medicación y tratamiento psicológico" -dentro del cual se incluyen las erogaciones por traslado- que se fija en la suma de $15.000; y b) respecto al curso de los intereses, los que habrán de computarse conforme lo expuesto en el punto VIII.

En relación a las costas de alzada, teniendo en cuenta el resultado obtenido, a mi modo de ver corresponde imponerlas en un 70% a cargo del Estado Nacional en el recurso de la actora, debiendo ésta afrontar el 30% restante; y que sea la demandada quien cargue con las de su apelación (conf. art. 71 del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor GUARINONI y Eduardo VOCOS CONESA, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio GUSMAN, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI.

EDUARDO VOCOS CONESA. Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 416 a n° 423 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.-

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: tiénese por resolución de la Sala lo expuesto en el punto IX del primer voto. Dejase sin efecto la regulación de honorarios practicada (art. 279 del CPCCN) y difiérase su fijación para el momento en que se encuentre determinada la base regulatoria.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN