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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 12-abr-2013

Sumario:



1.-Corresponde responsabilizar a ambos conductores demandados por el siniestro en el que se lesionó la actora, pues los dos fueron imprudentes, en tanto uno de ellos -en cuyo vehículo viajaba la víctima- intentó realizar una maniobra de giro a la izquierda, atravesando el carril contrario de circulación, con el semáforo en amarillo intermitente, sin cerciorarse de poder concluir su maniobra correctamente, mientras que el otro conducía a una velocidad excesiva de acuerdo a las particularidades que se presentaban en el lugar.

2.-La lesión estética no configura un daño autónomo, en tanto puede dar lugar a daño patrimonial o daño moral, y sólo puede ser considerado dentro de la incapacidad sobreviniente si se aprecia que la apariencia física resulta relevante para el plano laboral, o disminuye seriamente el normal desenvolvimiento de la vida en relación.

3.-Habiéndose acreditado los daños psicofísicos padecidos, el daño moral surge in re ipsa , en tanto estas permiten considerar que se han originado en la víctima perturbaciones de índole emocional o espiritual que deben ser resarcidas.

4.-Si se abonó el pago de la cuota del seguro con anterioridad al día del accidente, no puede sostenerse que la póliza se encontraba suspendida al momento del hecho, como pretende la citada en garantía.

5.-En virtud de lo establecido en el fallo plenario Samudio de Martínez , no corresponde fijar otra tasa que la activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina, desde el accidente y hasta su efectivo pago, y ello incluso cuando el monto de condena fuera determinado con posterioridad, pues el crédito resarcitorio ya era exigible desde el hecho, momento en el cual se produjo el perjuicio y con el que nace el derecho del damnificado de reclamar su reparación; máxime cuando, como en el caso, no se configura la circunstancia del enriquecimiento sin causa aludida en el punto 4 del plenario.

6.-Respecto de los rubros tratamiento psicológico, gastos de farmacia, estudios, asistencia médica y traslados, los intereses deben correr, desde la fecha del hecho y hasta la sentencia de primera instancia que fijó la cuantía, a la tasa del 8% anual y, de ahí en adelante hasta el efectivo pago, a la tasa activa; mientras que respecto de los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral, los réditos deben correr ,desde la fecha del hecho hasta esta sentencia que estableció la cuantía y de ahí en más, a la tasa activa referida (del voto en disidencia parcial del Dr. Galmarini).


Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "L" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado "García, María Eugenia c/ Rincón, Gustavo Walter y otros s/daños y perjuicios" de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 417/425, recurre Araiya S.R.L. por los argumentos de fs. 450/452, la actora por los de fs. 454/462 -contestados a fs. 489/491-, Provincia Seguros S.A. por los de fs. 466/467 y Liderar Cía. General de Seguros S.A. por los de fs. 472/485.-

II.- En la instancia de grado anterior se rechazó la excepción planteada por Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima y se hizo lugar a la demanda promovida por María Eugenia García contra Américo Tolosa, Gustavo Walter Rincón, "Araiya S.R.L.", Provincia Seguros Sociedad Anónima y Liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, por la suma de pesos cuarenta y tres mil sesenta ($43.060), con más sus intereses desde la producción del daño o perjuicio y hasta su efectivo pago, según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La codemandada Araiya S.R.L. cuestiona la responsabilidad atribuida, la valoración de la prueba aportada al respecto y la imposición de costas.

La actora se queja por los montos indemnizatorios reconocidos por daño emergente, incapacidad física, daño psicológico y daño moral.

Provincia Seguros S.A. se agravia por la valoración de la prueba de autos y la atribución de responsabilidad.

Por último, Liderar Cía.General de Seguros S.A., cuestiona la desestimación de la defensa de falta de cobertura financiera respecto del rodado Ford Ecosport dominio FVL 006, la prueba del hecho y su atribución de responsabilidad, la valoración de la prueba, la procedencia y cuantificación del daño físico, psíquico y tratamiento psicológico, el quantum indemnizatorio del daño moral y el reconocimiento de los intereses a la tasa activa desde la fecha del evento dañoso.

III.- En primer lugar, Liderar Cía. General de Seguros S.A., cuestiona la valoración de la prueba de la ocurrencia del hecho relatado por la actora. Sin embargo, efectuado este análisis previo y a raíz del contenido del memorial presentado, en este estado resulta pertinente recordar que, a fin que el tribunal de alzada se encuentre en condiciones de revisar el pronunciamiento de la instancia anterior y de acuerdo con lo establecido por el art. 265 del Código Procesal, pesa sobre el interesado la carga no sólo de señalar qué parte del fallo es la que estima equivocada sino también la de presentar una crítica concreta y razonada contra la decisión que ataca. De este modo, el ordenamiento adjetivo coloca en cabeza del impugnante la tarea de demostrar en forma puntual y reflexiva, por medio de una exposición dialógica, en qué ha consistido el error de juicio del sentenciante que el tribunal de alzada debería subsanar. De lo contrario, conforme lo establece el art. 266 del citado cuerpo normativo, correspondería declarar la deserción del recurso con los efectos allí fijados.

En el caso de autos, el presentante no hace otra cosa que reeditar cuestiones que el magistrado ya tuvo ocasión de examinar correctamente, existiendo en estos autos, como en las constancias de la causa penal labrada como consecuencia de este hecho, abundante prueba en contrario. En consecuencia, entiendo que corresponde declarar desierto este agravio (conf. art. 266 del Cód.Procesal).

IV.- No puede ya cuestionarse la efectiva ocurrencia del accidente el día 19 de julio de 2.008, aproximadamente a las 02:30 hs. cuando la actora viajaba a bordo del vehículo Ford Ecosport, dominio FVL-006, asegurado en Liderar Cía Gral. de Seguros S.A. conducido por el coaccionado Tolosa, por la Ruta Provincial n° 21 y al llegar a la calle Cristianía en su intento de girar hacia la izquierda habría colisionado con el vehículo Fiat Uno Van, dominio GBL 039, guiado por el Sr. Rincón, de propiedad de Araiya SRL y asegurado en Provincia Seguros S.A. Por tanto corresponderá ahora tratar las quejas vertidas sobre la atribución de responsabilidad en el caso.

Tratándose el caso "sub examine" de un supuesto de responsabilidad objetiva, en los términos del art. 1113, párrafo 2do., segunda parte, del Cód Civil, al damnificado le basta con acreditar el perjuicio sufrido y la intervención de la cosa que lo produjera o el contacto con ella; debiendo la parte contraria probar la culpa de la víctima o la de un tercero por quién no deba responder, para fracturar el nexo causal, y revestir, a los fines indicados, las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o la fuerza mayor (CSJN, ED 126-548, fallo 40.602; ED 122-234, fallo 39.331; entre otros). Además, si bien la actora, en principio, no tiene necesidad de investigar la mecánica del hecho pudiendo reclamar su reparación contra cualquiera de los involucrados, o incluso contra todos los intervinientes, acreditada la exclusiva responsabilidad de uno de los partícipes, el juez se encuentra en condiciones de eximir a los restantes.

Del expediente penal n° 05-01-019048-08 que tramitó por ante la UFI n° 1, del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires -que al presente tengo a la vista-, surge del acta de inspección ocular que en dicha intersección existía semáforo de giro, pero se encontraba "en estado termitente la luz amarilla (precaución)" (fs.7 de dicha causa). Además del informe elaborado por el gabinete de accidentología vial a fs. 111/114 surge que resultaba posible inferir que ambos vehículos protagonizaron la fase de contacto en la intersección de Ruta Provincial 21 y Avda. Cristianía, lugar donde la camioneta Ford Eco Sport estaría circulando en forma transversal a la Ruta 21, tomando por Avda. Cristianía (posible maniobra de viraje hacia la izquierda); en tanto que el rodado Fiat Uno lo hacía por Ruta 21 hacia SO. Se señaló que en este caso, ambos rodados revestían el carácter de agentes activos, correspondiendo al Fiat Uno el papel de embestidor físico-mecánico y a la camioneta, el agente embestido. Allí se estimó una velocidad de circulación al momento del impacto por parte del rodado embestidor Fiat Uno, no inferiores a los 92,2 km/h y se concluyó que el factor detonante sería una sumatoria de fallas de origen humano por parte de ambos conductores (no respetar prioridades de paso sobre la Avda., exceso de velocidades máximas permitidas, etc).

En el dictamen pericial mecánico elaborado en autos a fs. 349/353 se llegó a la conclusión de que Fiat Uno circulaba a una velocidad de 94 km/h, mientras que el Ford Ecosport a 25 km/h. En dicha oportunidad, también el perito concluyó que el factor humano fue el desencadenante de la colisión y si bien afirma que la maniobra estaba permitida, existiendo semáforos para ello, al momento del hecho se encontraba en amarillo intermitente y por consiguiente el giro debía realizarse con las precauciones del caso que estipula la normativa.

Ante la circunstancia de que los semáforos funcionaban con luces amarillas intermitentes, los conductores de los rodados debían avanzar con precaución, tomando los recaudos necesarios a fin de evitar la producción de un siniestro como el de autos. Así, la ley 11.430, determina en su art. 54 que "En las vías reguladas por semáforos: 1. Los vehículos deben:... D) Con la luz amarilla intermitente, circular con precaución, respetando las prioridades de los peatones establecidas por el art. 57".

Ponderando las constancias mencionadas considero, que el hecho fue consecuencia de la imprudencia de ambos conductores. Por un lado el conductor de la camioneta Ford intentó realizar una maniobra de giro a la izquierda, atravesando el carril contrario de circulación, con el semáforo en amarillo intermitente, sin cerciorarse de poder concluir su maniobra correctamente. Y por el otro, el conductor del Fiat también incidió en la producción del siniestro por cuanto la velocidad impresa a su rodado, en mi criterio resultaba excesiva de acuerdo a las particularidades que se presentaban en el lugar. La presencia de la señal intermitente del semáforo, requería una mayor atención al momento de arribar al cruce evitando la producción de accidentes como el de autos. Frente a ello, tampoco resultan atendibles los restantes argumentos que señaló Araiya SRL o Provincia Seguros S.A. por cuanto ya los peritos intervinientes hicieron mención a una sumatoria de fallas de origen humano en ambos conductores, criterio que comparto. Además, los argumentos planteados por estos agraviados, son consideradas al momento de determinar una mayor responsabilidad en cabeza del conductor de rodado Ford, Sr. Tolosa, que intentó la maniobra de giro. Por otro lado, tampoco serán atendibles los argumentos brindados por Liderar Cía.General de Seguros S.A., referidos a la localización de los daños en los vehículos, o a la calidad de embistente o embestido que se le hubiera dado a los rodados, por cuanto resulta determinante en el caso la actitud asumida por ambos conductores frente al riesgo que implicaba el cruce con un semáforo con luz amarilla intermitente.

En este sentido, debo recordar que todo conductor de vehículo debe guiarlo en forma que tenga el pleno dominio sobre él, de acuerdo con el ancho del camino o calle, densidad del tránsito, señalamiento del semáforo, estado del tiempo, visibilidad y demás condiciones del camino o calle, así como también menor o mayor urbanización de la zona. El conductor deberá tener siempre presente que la velocidad impresa a su vehículo no debe significar un peligro para sí mismo, para los otros ocupantes del vehículo, así como tampoco para los peatones y otros vehículos que transitan por ella. Como guardián de una cosa peligrosa, tiene la obligación de estar atento a la evoluciones del tránsito, conservar en todo momento el más absoluto dominio del automotor.

Consecuentemente, atento a la actitud asumida por cada uno de los conductores, considero adecuada la distribución de la responsabilidad determinada en la instancia de grado anterior (60% a cargo de Edgardo Américo Tolosa y 40% a cargo de Gustavo Walter Rincón y Araiya SRL.), no obstante responder frente a la víctima solidariamente y sin perjuicio de la acción de reintegro entre aquellos.

En suma, los agravios planteados por las partes sobre el punto, deberán ser rechazados, confirmando la sentencia recurrida al respecto.

V.- En la instancia de grado anterior se reconoció la cantidad de pesos veinte mil ($20.000) por las secuelas físicas, pesos diez mil ($10.000) por las psicológicas y pesos dos mil ciento setenta ($2.170) por tratamiento psicológico. La accionante se queja por considerar bajas estas partidas, Liderar Cía. General de Seguros S.A.cuestiona tanto su procedencia como su quantum indemnizatorio.

Si bien estas partidas fueron reconocidas separadamente, en mi criterio, la incapacidad sobreviviente se configura cuando se verifica una disminución en las aptitudes tanto físicas como psíquicas de la víctima. Esta disminución repercute en la víctima tanto en lo orgánico como en lo funcional, menoscabando la posibilidad de desarrollo pleno de su vida en todos los aspectos de la misma, y observándose en el conjunto de actividades de las que se ve privada de ejercer con debida amplitud y libertad. Estas circunstancias se proyectan sobre su personalidad integral, afectan su patrimonio y constituyen inescindiblemente los presupuestos para determinar la cuantificación del resarcimiento, con sustento jurídico en disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109 del Código Civil. Por tanto, es claro que las secuelas tanto físicas como psíquicas y su correspondiente tratamiento, quedan comprendidas en la indemnización por dicha incapacidad. Ello se debe a que la capacidad de la víctima es una sola, por lo que su tratamiento debe efectuarse en igual sentido.

Por su parte, el daño psíquico importa un detrimento a la integridad personal, por lo que para que éste sea indemnizado independientemente del moral y dentro de esta incapacidad sobreviniente, debe configurarse como consecuencia del siniestro objeto de autos, por causas que no sean preexistentes y en forma permanente. Se da en una persona que presente luego de producido el hecho, una disfunción, un disturbio de carácter psíquico permanente. En conclusión, se acredita una modificación definitiva en la personalidad de la víctima, una patología psíquica que se origina en el hecho o que importa un efectivo daño a la integridad personal y no sólo una sintomatología que aparece como una modificación disvaliosa del espíritu, de los sentimientos y que lo haría encuadrable tan sólo en el concepto de daño moral.Por tanto, solamente será resarcible el daño psíquico en forma independiente del moral, cuando sea consecuencia del accidente, sea coherente con éste y se configure en forma permanente.

Por último, la lesión estética no configura un daño autónomo; ella puede dar lugar a daño patrimonial o daño moral, pudiendo sólo ser considerado dentro de la incapacidad sobreviniente, si se aprecia que la apariencia física resulta relevante para el plano laboral, o disminuye seriamente el normal desenvolvimiento de la vida en relación.

Del dictamen pericial de fs. 343/345 surge que como consecuencia del accidente la actora presenta una cervicobraquialgia importante que le impide desarrollar sus tareas habituales (costurera), todo lo cual estimó una incapacidad parcial y permanente de un 10%. Además presenta una cicatriz importante en el arco superciliar de la región frontal derecho de 3 cm. que determina una deformación permanente y una incapacidad del 4%.

En la esfera psicológica, del dictamen de fs. 287/301, surge que como consecuencia del hecho, la actora presenta un trastorno adaptativo con estado de ánimo ansioso que agravó su estructura de personalidad previa, que según el Baremo para valorar incapacidades neuropsiquiátricas de Castex y Silva determina un desarrollo reactivo (moderado), que representa un grado de incapacidad del 10%. Recomendó la realización de un tratamiento psicológico individual, durante al menos seis meses o un año, con una frecuencia de una vez por semana.

Las citadas en garantía también impugnaron el dictamen médico a fs. 361/362 y fs. 364/365 y el psicológico a fs. 308/309 y fs. 311/313; sin embargo los peritos ratificaron sus informes en todas sus partes a fs. 376 y fs. 331/340, respectivamente. Además, la impugnación debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se fundó el dictamen.El juez sólo puede apartarse del asesoramiento pericial cuando contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación, circunstancias que no se presentan en el caso se autos. Así la fuerza probatoria del peritaje debe ser valorada sobre la base de la competencia del experto y las reglas de la sana crítica, ello conforme lo normado por el art. 477 del Cód. Procesal. Por tanto no cabe más que aceptar las conclusiones del experto y rechazar las críticas planteadas al respecto.

En lo que respecta a la secuela estética, el anterior sentenciante no las incluyó en esta partida y ello no fue cuestionado por la parte actora, quejándose únicamente por su monto; por tanto, deberá ser considerado al tratar las quejas planteadas sobre el daño moral. Y en cuanto al tratamiento psicológico, la accionante expresamente consintió la suma fijada.

En lo atinente a la cuantificación de las secuelas físicas y psicológicas, corresponde recordar que la indemnización no se determina con cálculos, porcentajes o pautas rígidas.Para supuestos como el de autos, entiendo que la determinación del monto indemnizatorio, queda librado al prudente arbitrio judicial, debido a que se trata de situaciones en que varían diferentes elementos a considerar, tales como las características de las lesiones padecidas, la aptitud para trabajos futuros, la edad, condición social, situación económica y social del grupo familiar, etc., siendo variables los parámetros que harán arribar al juzgador a establecer la reparación.

En consecuencia encontrándose acreditadas las secuelas señaladas, teniendo en cuenta los dictámenes mencionados y las contestaciones a las impugnaciones, que al momento del siniestro de autos la víctima tenía 39 años, soltera, estudios primarios completos, era costurera, tenía dos hijos y considerando también su situación socio económica conforme se desprende del beneficio de litigar sin gastos (exp nº 101.139/2.008) en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Cód. Procesal, entiendo prudente elevar las sumas fijadas por las secuelas descriptas a la cantidad de pesos cuarenta mil ($40.000) (comprensiva de las secuelas físicas y psicológicas), confirmando la cantidad reconocida por tratamiento psicológico.

VI.- El daño moral se reconoció en la cantidad de pesos diez mil ($10.000). Mientras que la actora cuestiona este monto por bajo, Liderar Cía. General de Seguros S.A. se queja por considerarlo elevado.

Se conceptualiza a este rubro como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso. Comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima. Es un daño no patrimonial, es decir, todo perjuicio que no puede comprenderse como daño patrimonial por tener por objeto un interés puramente no patrimonial. También se lo ha definido como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial.Se trata de todo menoscabo a los atributos o presupuestos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfera económica.

En el caso, habiéndose acreditado los daños psicofísicos padecidos, el daño moral surge "in re ipsa" y las lesiones señaladas en el acápite anterior, permiten considerar que se hayan originado en la víctima perturbaciones de índole emocional o espiritual que deben ser resarcidas.

Por otro lado, la determinación del monto indemnizatorio se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima señaladas en el punto anterior, así como las lesiones padecidas y acreditadas en autos y la lesión estética sufrida, en uso de las facultades que confiere el art. 165 del Cód. Procesal, entiendo que por resultar un tanto reducida la suma fijada propondré su elevación a la cantidad de pesos veintiocho mil ($28.000).

VII.- Se queja la accionante por las sumas fijadas por los gastos de farmacia, estudios y asistencia médica ($500) y los de traslados ($400).

En lo que respecta a estos gastos, si bien entiendo que no es necesaria su acreditación a través de recibos o facturas, sí se requiere que guarden relación con las lesiones acreditadas por la víctima, quedando su monto resarcitorio librado al prudente arbitrio judicial. En este sentido, considerando las lesiones padecidas y acreditadas conforme el dictamen pericial médico mencionada anteriormente, sumado a las constancias de la historia clínica proveniente del Hospital Mat. Inf. de Laferrere, de la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires (de fs. 248/250) y teniendo en cuenta que ninguna prueba acompañó la accionante que me permita proponer la elevación de estas partidas, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 Cód. Procesal, por entend er adecuadas las sumas fijadas propondré su confirmación.

VIII.- Liderar Cía.General de Seguros S.A., cuestiona la desestimación de la defensa de falta de cobertura financiera respecto del rodado Ford Ecosport dominio FVL 006.

Sostiene la recurrente que se reconoció la emisión del contrato de seguros en los términos de la póliza n° 4263800 amparando por el riesgo de responsabilidad al rodado Ford Ecosport, dominio FVL006. Sin embargo, sostiene que no se tuvo en cuenta que con la pericial contable se acreditó que a la fecha del evento de autos la póliza registraba saldos impagos y consecuentemente la cobertura suspendida. Sostiene que no se consideró que la falta de pago en término, sumado a las condiciones particulares (cláusula 33) de la póliza, determinaba la falta de cobertura al momento del hecho.

La relación obligacional emergente del contrato de seguro genera, desde la perspectiva del asegurado como sujeto pasivo o deudor, el deber jurídico de cumplimiento de una prestación principal, una obligación de dar -art. 495, Cód. Civil-, que tiene por objeto una suma de dinero -art. 616 y sigs., Cód Civil- (conf. Stiglitz, R. "Derecho de seguros", tº III, 4ta. Ed. Actualizada y ampliada, ed. La Ley, pág. 1).

Si bien las causales exonerativas de responsabilidad que puede oponer la aseguradora, deben ser apreciadas restrictivamente, por cuento la regla según la cual la aseguradora debe indemnizar al asegurado una vez acontecido el siniestro, es un principio fundamental del seguro; lo cierto es que "la falta de pago en término de la cuota fijada en concepto de prima, provoca la cesación temporaria o total de la cobertura y por tanto, la afectación del derecho del asegurado a percibir la indemnización convenida según un siniestro determinado. Es que, esta norma no está llamada solamente al mantenimiento de la integridad de la prestación por parte del tomador del seguro, sino que también alcanza un carácter sancionatorio para motivar el cumplimiento colectivo, general y oportuno de la obligación de pagar la prima" (CNCiv. y Com. Fed., Sala I, LL del 21/06/2000, pag.12, citado en CNCiv, Sala B; "Torales Cesar c/ Sanatorio del Valle de Clinica del Valle SRL s/ Daños y Perjuicios" del 02/02/2001, publicado en El Dial - AAE88).

Asimismo, la suspensión de la cobertura de seguro surte efecto ante el mero vencimiento del término sin cumplir la obligación, aún cuando se trate de la falta de pago de un solo período o cuota de la prima, y sin necesidad de que el tomador incurra en mora también en los sucesivos períodos (conf. Sumario nº16501, Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín Nº13/2005; CNCiv, Sala L del 08/09/2004, "Diez, María Florencia c/ Peña, Héctor Jesús").

En el mismo sentido, si el siniestro ocurrió durante la suspensión de la cobertura, por no haber abonado el asegurado el premio correspondiente, la ausencia de la responsabilidad de la aseguradora deriva del art. 31 de la ley 17418. Se trata de un efecto reactivo de tipo sancionatorio que se ubica en el amplio campo de la "exceptio mon adimpleti contractus" que, al resultar configurada con anterioridad al hecho fuente, resulta oponible a la víctima (Conf. CNCiv, Sala E, "Martín, Enrique Omar c/ Fernández, Omar Enrique y otro s/daños y perjuicios, del 13-11-98; CNCiv, Sala C, "Scardillo, Margarita Y. c/Rebelino, Carlos Omar s/daños y perjuicios" del 19-12-1996; entre otros).

Pero si bien la suspensión es automática y una vez producida por la falta de pago de la prima, se produce la caducidad del derecho al cobro del siniestro por tener lugar durante el tiempo en que regía aquella suspensión, ésta se reanuda cuando el asegurado cumple con su deber u obligación asumida. La aceptación por parte de la compañía de seguros del pago efectuado debe interpretarse como la cesación de tal suspensión.

Y ello fue lo acontecido en el caso.Es que no obstante la insistencia de la aseguradora, lo cierto es que en la pericia contable, la cuota cuyo vencimiento operó el 30 de junio de 2.008, fue abonada el 14 de julio de 2.008 (ver fs. 279 y contestación de fs. 395 a la impugnación de la aseguradora de fs. 389/390).

Bajo estos términos, abonándose el pago de la cuota con anterioridad al día del accidente (19 de julio de 2.008), no puede sostenerse que la póliza se encontraba suspendida al momento del hecho, como pretende la citada en garantía. Consecuentemente estas quejas deberán ser rechazadas, confirmándose lo resuelto al respecto en el fallo apelado.

IX.- Liderar Cía. General de Seguros S.A. cuestiona el reconocimiento de los intereses a la tasa activa desde la fecha del evento dañoso.

Sin embargo, en función de lo normado por el art. 303 del Cód. Procesal, la solución brindada en la instancia anterior resulta acertada. Es que en virtud de lo establecido en el fallo plenario de ésta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios" , del 20 de abril de 2009, en el cual se ha dejado sin efecto la doctrina que había sido fijada en los fallos plenarios "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios" y "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios" , no corresponde fijar otra tasa en el caso que la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina, desde el accidente y hasta su efectivo pago, y ello incluso cuando el monto de condena fuera determinado con posterioridad, pues el crédito resarcitorio ya era exigible desde el hecho, momento en el cual se produjo el perjuicio y con el que nace el derecho del damnificado de reclamar su reparación; máxime cuando como en el caso, entiendo que no se configura la circunstancia aludida en el punto 4 del plenario.

X.- La codemandada Araiya S.R.L. cuestiona la imposición de costas a todos los demandados, sin respetar la proporción de responsabilidad atribuida.

En este sentido, habiéndose juzgado que la responsabilidad debía imputarse en porcentajes diferentes a cada uno de los accionados, encuentro acertado que las costas sean distribuidas en la misma forma.Por tanto propongo que la imposición de costas en la instancia anterior, sin perjuicio de la solidaridad frente a la actora, sea soportada en un 60% a cargo de Edgardo Américo Tolosa y su asegurada y el restante 40% a cargo de Gustavo Walter Rincón y Araiya SRL y su citada en garantía.

XI.- Consecuentemente, si mi voto fuera compartido propongo al acuerdo modificar parcialmente la sentencia y elevar las sumas fijadas por secuelas físicas y psicológicas a la cantidad de pesos cuarenta mil ($40.000) y el daño moral a la cantidad de pesos veintiocho mil ($28.000); imponer las costas de la instancia de grado anterior y las de alzada en un 60% a cargo de Edgardo Américo Tolosa y su asegurada y el restante 40% a cargo de Gustavo Walter Rincón y Araiya SRL y su citada en garantía (art. 71 Cód. Procesal); confirmando la sentencia en todo lo demás que fue materia de agravios

El Dr. Galmarini dijo:

Coincido con la distinguida colega preopinante en lo sustancial de su voto, sin embargo discrepo en cuanto a los intereses.

He adherido al criterio según el cual durante el lapso en que se determinaron valores actuales aplicar la tasa activa que determina el plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios", que incluye el componente inflacionario, importaría una duplicación injustificada de la indemnización en la medida de la desvalorización monetaria, que se traduciría en un enriquecimiento indebido.

En consecuencia, propongo que respecto de los rubros tratamiento psicológico y gastos de farmacia, estudios, asistencia médica y traslados los intereses deben correr desde la fecha del hecho, y hasta la sentencia de primera instancia que fijó la cuantía, a la tasa del 8% anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Respecto de los rubros incapacidad sobreviniente (secuelas físicas y psíquicas) y daño moral, los intereses deben correr desde la fecha del hecho hasta esta sentencia que estableció la cuantía y de ahí en más a la tasa activa referida.

Por ello, voto en igual sentido que la Dra Pérez Pardo, salvo en cuanto a los intereses que propongo se fijen de acuerdo a lo establecido en este voto.-

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Galmarini, el Dr. Liberman vota en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto.

Firmado:

Marcela Pérez Pardo.

José Luis Galmarini.

Víctor Fernando Liberman.

Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 12 de abril de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: modificar parcialmente la sentencia: 1) elevar las sumas fijadas por secuelas físicas y psicológicas a la cantidad de pesos cuarenta mil ($40.000) y el daño moral a la cantidad de pesos veintiocho mil ($28.000). 2) Fijar los intereses conforme le voto del Dr. Galmarini. Las costas de ambas instancia en un 60% a cargo de Edgardo Américo Tolosa y su asegurada y el restante 40% a cargo de Gustavo Walter Rincón y Araiya SRL y su citada en garantía; y confirmar la sentencia en todo lo demás que fue materia de agravios.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELA PEREZ PARDO

JOSE LUIS GALMARINI

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

(P.A.S.)