APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

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Notapor dasha2013 » Lun, 03 Jun 2013, 15:20

Estimados Foristas:
Tengo un reclamo por iniciar, de un accidente in itinere, donde la determinación de incapacidad parcial y definitiva se dio en agosto del 2012 y liquido y pagó en funciona del art.14 de la ley 24.557, tengo que reclamar x diferencia en el % de incapacidad, debido a que el consultor técnico particular determino una incapacidad muy diferente a lo determinado por la Comisión Médica.
Entonces, ¿¿¿como puedo pedir que se aplique la nueva Ley 26.773 en la liquidación en cuanto a la actualización en la formula del calculo indemnizatorio con la aplicación del RIPTE??? :?:
Desde ya agradecería sus aportes a mi interrogatorio!!!
SALUDOS CORDIALES!!!
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor andresxeneizes » Lun, 03 Jun 2013, 21:31

el art 17 inc 5 dice Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

tendrias que pedir la inconstitucionalidad de esta norma
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor Galatea » Lun, 03 Jun 2013, 23:59

VA UN FALLO:

“Enrique, Ruben O. c/ Esteban Cordero SA y otro s/ accidente-ley especial” – CNTRAB – 28/02/2013
RIESGOS DEL TRABAJO. Incapacidad laboral. Determinación. NORMA APLICABLE. Art. 9 de la Ley 26773. Organismos administrativos y tribunales competentes. Informes, dictámenes y pronunciamientos. Ajuste a Tabla de evaluación de incapacidades –Anexo I, Decreto 659/96 y sus modificatorios–. Garantía de igual trato a los damnificados cubiertos por el régimen. Aplicación inmediata de la norma a los juicios no resueltos

“…la reciente ley 26.773 en su art. 9º ha dispuesto que “Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a…la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios…”. Dado que se trata de una norma procesal dirigida al modo en que deben proceder los funcionarios administrativos y los magistrados del Poder Judicial, resulta de aplicación inmediata a los juicios no resueltos y, por ende, al presente juicio y en esta instancia. Pues bien, sentada esta premisa advierto que tras la determinación del grado de incapacidad física hecha por el perito –coincidentemente con los criterios del decreto 659/96– no se han tenido en consideración los factores de ponderación previstos en esa norma y que, sin duda alguna, no pueden ser soslayados.”
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor Galatea » Mar, 04 Jun 2013, 00:00

VA OTRO FALLO, USA LO QUE TE PUEDA SERVIR DE EL

Godoy Diego Maximiliano c. Mapfre Argentina A.R.T.S.A. p/ accidente” – CÁMARA SÉPTIMA DEL TRABAJO (MENDOZA) – SALA UNIPERSONAL – 12/11/2012
RIESGOS DEL TRABAJO. Indemnización por contingencia laboral. Primera manifestación invalidante que se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26773. NORMA APLICABLE. Arts. 17, incisos 5 y 6, de la Ley 26773. Interpretación normativa. Principio general de aplicación temporal. Excepciones. Prestaciones dinerarias por incapacidad permanente. Aplicación del ajuste previsto en Art. 17, inciso 6, de la Ley 26773

“Tratándose el caso de autos, de una contingencia laboral cuya “primera manifestación invalidante” se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.773 e, inclusive, del Decreto 1.694/09, conforme la posición de esta Sala sobre este tema, las disposiciones legales de ambos cuerpos normativos, no resultan aplicables al sub examen… A diferencia de la normativa de los Decreto 1.278/00 y Decreto 1.694, la Ley 26.773 contiene un principio general de aplicación temporal y una serie de excepciones al mismo. El principio general se encuentra en el art. 17, inc. 5), de la ley: la misma se aplica a las contingencias laborales cuya primera manifestación invalidante sea posterior a su publicación en el B.O., lo que ocurrió el día 26-10-12. Y, una serie de excepciones al mismo, en cuya virtud la Ley 26.773 se aplica a partir de su publicación en el B.O. (art. 2 C.C.) y no a partir de aquellas contingencias laborales cuya “primera manifestación invalidante” sean posteriores a su publicación en el B.O.”

“En lo que interesa a la resolución de la presente causa, me detendré en el análisis del art. 17, inc. 6), 1º párrafo de la Ley 26.773, a los fines de dar los fundamentos por los cuales considero que dicho dispositivo legal resulta de aplicación a las contingencias laborales acaecidas con anterioridad a la “primera manifestación invalidante”, luego de la publicación en el B.O. de la ley que nos ocupa.”

“Una interpretación armónica, integral y en su conjunto del texto legal conduce a este resultado. En efecto, el art. 17, inc. 5), establece el principio general en lo referido a la fecha de su entrada en vigencia (primera manifestación invalidante posterior a su publicación en el B.O.), mientras que el art. 17, inc. 6) consagra expresamente una excepción a dicho principio general y, por ende, se aplica a partir de su publicación en el B.O. (art. 2 C.C.). Caso contrario qué sentido práctico y jurídico tendría el art. 17, inc. 6) si no fuera que el mismo se aplica a las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.773, esto es, durante la vigencia de la L.R.T., Decreto 1.278/00 y Decreto 1.694. En efecto, si el legislador no hubiera querido que la fecha de entrada en vigencia del dispositivo legal del art. 17, inc. 6) fuera diferente a la del principio general establecido en el art. 17, inc. 5), directamente no hubiera sancionado el art. 17, inc. 6) en cuyo caso, también, la situación fáctica prevista en el art. 17, inc. 6) (prestaciones dinerarias por incapacidad permanente) hubieran comenzado a regir, al igual que el resto de los artículos de la Ley 26.773, a partir de la “primera manifestación invalidante” posterior a su publicación B.O., tal como lo dice el art. 17, inc. 5).”

“Si la finalidad del legislador fue mejorar las prestaciones dinerarias del “sistema” en las incapacidades permanentes en forma inmediata, máxime cuando aquellas producidas durante la vigencia de la Ley 24.557 y el Decreto 1.278/00 se encuentran totalmente desfasadas y desactualizadas y, peor aún, con un tope indemnizatorio petrificado al año 1.996 o 2.001, respectivamente, no resulta adecuado a los objetivos de la nueva ley condicionar la entrada en vigencia del art. 17, inc. 6), no ya a la reglamentación por parte del P.E.N. conforme las facultades constitucionales que le corresponden, sino a la publicación por parte de un organismo público de inferior jerarquía del índice RIPTE del mes de Octubre 2.012.”

“El trabajador víctima de un infortunio laboral ocurrido durante la vigencia de la L.R.T., el Decreto 1.278/00 y el Decreto 1.694/09 y que resulta acreedor al ajuste de la prestación dineraria por su incapacidad permanente, no es responsable de la morosidad de la administración pública en publicar el índice RIPTE correspondiente al mes de Octubre 2.012 y, por ende, resulta injusto, inequitativo e irrazonable que deba soportar las consecuencias negativas que le provoca la morosidad administrativa.”

“Condicionar la entrada en vigencia del art. 17, inc. 6), de la Ley 26.773 a que el M.T.S.S. publique el índice RIPTE correspondiente al mes de Octubre 2.012, podría llevar al absurdo jurídico y constitucional de dejar en manos de un ministerio del P.E.N. la entrada en vigencia de una ley que ya ha sido sancionada conforme el procedimiento establecido en la C.N. Y, lo que es más grave aún, sin fecha cierta, razón por la cual, bien podría ser sine die. Lo cual, obviamente, no solo atentaría contra expresas garantías constitucionales, como por ejemplo el art. 14 bis y los tratados internacionales con jerarquía constitucional en función del art. 75, inc. 22 C.N., sino lo más grave aún, iría en contra de la división de poderes y el sistema republicano de gobierno consagrado en nuestra Carta Magna.”

“…procederé a concretar el ajuste previsto en el art. 17, inc. 6), de la Ley 26.773 a las prestaciones dinerarias por las cuales se admite la presente demanda.”

“…el actor resulta acreedor a las prestaciones dinerarias del art. 14, inc. 2), ap. a) de la Ley 24.557 por la suma de $ 82.183,92. Así surge según las pautas establecidas por el art. 17, inc. 6) de la Ley 26.773.”
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor Galatea » Mar, 04 Jun 2013, 00:02

ESTE FALLO LO HABIA PUBLICADO OTRA COLEGA EN EL FORO, YO LO COPIE Y AQUI TE LO ENVIO ESPERANDO TE PUEDA SER UTIL



FALLO NUEVA LEY 26.773.-
N° 80. En la ciudad de Rosario, a los 23 días del mes de abril del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo las Sras. Juezas de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Dras. Lucía María Aseff, Roxana Mambelli y Adriana María Mana, para resolver en autos: "Martinez, Jorge Omar c/ Consolidar ART SA s/ Cobro de pesos." (Expte. N° 199/2012), venidos para resolver el recurso de apelación y nulidad interpuesto por la parte demandada, contra el fallo Nro. 520 del 8 de mayo del 2012, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la 1era. Nominación de la ciudad de Casilda. Hecho el estudio del juicio, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1- ¿Es nulo el fallo recurrido?
2- ¿Es justa la sentencia apelada?
3- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dras. Mana; Aseff y Mambelli.
A la primera cuestión: La Dra. Mana dijo: El recurso de nulidad interpuesto por la demandada a fs. 138, no ha sido mantenido en la Alzada y como no existen vicios de procedimiento ni de pronunciamiento que ameriten su declaración de oficio, cabe desestimarlo.
Voto, pues, por la negativa.-
A la misma cuestión: La Dra. Aseff dijo: Atento lo expuesto por la Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.-
A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Que habiendo procedido al estudio de los autos y advirtiéndose que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-
A la segunda cuestión: La Dra. Mana dijo: La sentencia Nro. 520 del 8 de mayo del 2012 a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito en mérito a la brevedad, resuelve lo siguiente: “Hacer lugar a la demanda interpuesta y condenar Consolidar A.R.T., a pagar lo que arroje como resultado el practica planilla que deberá confeccionarse conforme los parámetros ut supra expuestos, y en consecuencia a abonar el monto que emergiere firme que quede la misma, con un interés moratorio del promedio de la tasa activa y pasiva del Nuevo Banco Provincia de Santa Fe para sus operaciones de descuento que no podrá superar el 24% anual. Costas en cabeza de la demandada en los términos del art. 101 del C.P.L. Regulación de honorarios: se difiere a la etapa procesal oportuna. Insértese, dese copia y hágase saber“. (fs.136).
Contra la sentencia de fs. 131/136 se alza en apelación y nulidad la demandada a fs. 138. Concedido el recurso y elevadas las actuaciones, expresa sus agravios la demandada a fs. 160/163; los que debidamente sustanciados y contestados por la actora a fs. 166/169, dejan los presentes en
estado de resolver.
Agravios
Los reproches vertidos por la demandada se enderezan a cuestionar que la sentencia impugnada haya receptado la demanda, argumentando que el decreto 1694/09 no es de aplicación retroactiva, y que la contraria pretende fundar su caso en una norma “ex post facto”, cuya vigencia es posterior a los hechos constitutivos de la relación jurídica entre las partes; agrega que el juez en su interpretación no puede alterar un derecho patrimonial adquirido en amparo de la legislación anterior, como ocurre en la sentencia que se recurre. Indica que la reforma prevista por el decreto 1694/09 no previó su aplicación hacia el pasado cuando podría haberlo hecho, siendo la interpretación del a-quo teleológicamente contraria a los fines de la misma. Asimismo manifiesta la
recurrente que el incremento de las prestaciones del aludido Decreto va acompañado de un incremento en las alícuotas que se abonan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo para hacer frente a tales incrementos; y en el caso de autos, la incidencia de las alícuotas con antelación a la afección denunciada en autos no comprendía dicho incremento, por lo que no se produce una situación contraria a los derechos pretendidos por el aquí accionante que legitime la improcedente pretensión que ahora esgrime. Finalmente cita precedentes jurisprudenciales que -según sus dichos- resultaron contrarios a una similar pretensión a la que ahora esgrime el actor, cuando se dictó el Decreto 1278/00 que, al igual que el Decreto 1694/09 introdujo mejoras al sistema reparatorio que regula la ley 24.557.
En su escrito inicial el actor indica que “…padece una incapacidad permanente total y provisoria del 69% de la Total obrera, que se encuentra gozando de licencia y percibe la prestación dineraria por IPTP. La demandada Consolidar ART abona al actor la suma de Pesos Un Mil Trescientos Veintiséis con noventa ($ 1.326,90.-), en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente total provisoria” (fs. 16); suma que según emerge de pieza postal de fecha 01/03/10 obrante a fs. 3 percibe “… desde el mes de agosto de 2009”. (TLC 74142700). Solicitando consecuentemente y en virtud de la sanción del decreto 1694/09 que “…le sea liquidada la prestación dineraria del art. 15 inciso 1º de la ley 24.557; de acuerdo al art. 6º del mencionado decreto que establece que las prestaciones dinerarias por ILT o ILP mencionadas en el art. 11 inc. 2 ley 24.557 se calcularán liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el art. 208 de la LCT” (fs. 16).
El sentenciante de grado recepta el reclamo impetrado disponiendo que “…la extensión de la reparación será desde la entrada en vigencia del referido decreto, por lo que se deberá calcular en la oportunidad procesal que corresponda, las diferencias que se le adeuda a la actora” (fs. 136).
En definitiva la cuestión a dilucidar se delimita a determinar si corresponde o no la aplicación del Decreto 1694/09 al presente caso en donde el accionante ha sufrido un infortunio laboral en fecha 21 de enero de 2008, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma -06/11/09- y consecuentemente percibe periódicamente las prestaciones derivadas de la LRT - conforme al régimen legal anterior a la sanción del mencionado decreto-, las que aun no han sido canceladas en su totalidad, en tanto se encuentran pendientes de pago atento el carácter permanente total y provisorio de la incapacidad que el trabajador detenta.
Al respecto esta Sala tiene dicho en autos: “RODRÍGUEZ OSCAR C/ PROVINCIA ART S/ LEY 24.557” (Expte. Nº 73/2011), Acuerdo N° 118/2012...que: “…traigo a colación lo decidido en forma unánime por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe en autos “Hilbe Eduardo Abel c/ Berkley Internacional A.R.T. s/ Accidente de Trabajo”, Acuerdo dictado el 25.11.2011 en el expediente Nº 146/2011, con primer voto del Dr. Daniel Machado, distinguido colega de probada solvencia en el tema que nos ocupa que, en lo pertinente y salvando las diferencias del caso, considero de aplicación al presente y paso a transcribir por su diáfana claridad: “Por ser la primera vez que nos corresponde intervenir en planteos de esta naturaleza, aclaro obiter dictum que coincido con todo lo decidido por el a quo, no sólo por los argumentos de la CSJN que cita (causa Arcuri Rojas y sus proyecciones en materia de progresividad – que data del 03.11.09, y se funda normativamente en diversos instrumentos internacionales incorporados a nuestro sistema legal -) sino en tanto el mismo Decreto (se refiere al 1694/09) ponderó que el régimen anterior – la LRT – padecía de “una imperfección estructural como instrumento de protección social” que no había sido salvada por el DNU 1278/00, ya que el mismo “no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar equitativo, constitucional y operativamente sostenible”. No se trata entonces meramente de que el nuevo régimen ha de presumirse más justo, sino de que el anterior, según propia manifestación expressis verbis del Estado Argentino a través de sus máximas expresiones institucionales (El Poder Ejecutivo, siguiendo expresas instrucciones de la C.S.) ha juzgado que el régimen derogado era radicalmente injusto e inconstitucional. Por otro pero concurrente costado, no creo que pueda predicarse un derecho adquirido de un deudor moroso de larga data a prevalerse de una legislación incumplida, máxime cuando el sistema en particular no supone una relación sinalagmática individual conforme a la cual se haya cobrado una alícuota que deba guardar correspondencia entre previsiones actuariales y siniestros específicamente considerados. Se trata de riesgos del trabajo, de un seguro social en el que, a semejanza de la previsión social intergeneracional en cualquiera de sus variantes, las prestaciones actuales se abonan con un fondo de respuesta que se integra con cotizaciones también actuales ingresadas por un colectivo despersonalizado, esto es, ajustadas a las previsiones de la nueva legislación. En menos palabras, no puede recaudarse conforme al nuevo régimen y pagar según el anterior”.
“...El estado de casos jurídicos a la fecha – decreto 1694 mediante y precedentes judiciales dictados por la CSJN – muestra como no razonable el cálculo exhibido, pues configura un hecho notorio que los valores fijados en diciembre del año 2000 permanecieron congelados durante casi 10 años, cristalizando un valor nominal que paulatinamente perdió actualidad. Entre la fecha en que entraron en vigencia los topes fijados por el decreto 1278/00 y el 6 de noviembre de 2009 existieron fuertes procesos económicos con la secuela de
la pérdida del valor real de la moneda y, además, los salarios fueron sucesivamente incrementados”…Es por ello que el decreto 1694/09 “aparece atrapado por el principio de aplicación inmediata establecido como directriz de todo el ordenamiento jurídico en el art. 3 del CC”, en virtud del cual “la nueva ley toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir tramos de su desarrollo aún no cumplidos”, porque “Constituiría una verdadera inequidad, violatoria del principio de igualdad ante la ley, que un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo reciba una indemnización superada por la realidad económica… y que, amén de ello, tuviera un trato diferenciado de aquellos que se accidentan con posterioridad a dicha data cuando se trata simplemente de una adecuación a valores económicos”, citando en apoyo de su postura un trabajo de los Dres. M. A. Maza y A. A. Guerrero publicado en DT 2003-A-628 referido a la aplicación del DNU 1278/00, titulado “La aplicación inmediata de la ley nueva al caso del régimen de prestaciones económicas de la ley de riesgos del trabajo”, en el cual concluyeron que debía aplicarse la ley nueva a las contingencias acaecidas con anterioridad a su vigencia, pero con 'efectos pendientes'”.-
Respecto a la irretroactividad del Decreto 1694/09 invocada por la quejosa en su expresión de agravios (fs. 160), considero oportuno señalar el precedente resuelto por la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo caratulado: “Rovira, Viviana c/Consolidar A.R.T.” (23/3/12, DT, 2012, nº 10, octubre, p. 2809) que haciendo expresa referencia a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Camusso, Vda. De Marino, Amalia c/ Perkins SA”, dispuso que “…con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil no implica retroactividad la inmediata aplicación de una norma…;… a una relación jurídica existente, si al entrar en vigor aquella, no se había satisfecho el crédito…”; Así, en el caso, si bien el accidente, cuya indemnización se pretende, se produjo con anterioridad a la publicación del decreto 1694/2009, debe tenerse presente que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción, por lo que correspondería su resarcimiento de acuerdo a lo establecido en el mencionado decreto”.
En tal sentido, Schick refiriéndose a la vigencia del cuestionado decreto expresa que: “…la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no implica retroactividad de la ley (art. 3º del Código Civil) ni afecta al derecho de propiedad de las obligaciones del sistema…” (Schick Horacio, Riesgos del Trabajo: Temas fundamentales, tomo 2, 4a. ed.-, David Grinberg Libros Jurídicos, pag. 630, Buenos Aires 2011).
Tampoco resulta atendible el reproche de la recurrente tendiente a cuestionar que “la contraria pretende fundar su caso en una norma “ex post facto” cuya vigencia es posterior a los hechos constitutivos de la relación jurídica entre las partes” (fs. 160 vta.), pues destacada doctrina a la que adhiero sostiene que “…En línea con la doctrina del caso “Graziano”, de la CNAT, Sala II “Graziano, Antonio y otro c/ Trilenium S.A. y otro”, 31/07/2009, con voto del Dr. Miguel Ángel Maza, la sentencia afirma que sostener que el Decreto 1694/09 se aplica “exclusivamente” a las contingencias que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, llevaría a “una interpretación irrazonable, si la idea fue – como lo fue también el DNU 1278/00 – dar mayor justicia y suficiencia a las prestaciones dinerarias establecidas por el sistema” (considerando e)” (Ramírez, Luis Enrique, Riesgos del Trabajo: ¿es aplicable el decreto 1694/09 a contingencias anteriores a su entrada en vigencia?” (DT, 2011, nº 6, junio, p. 1534).
En este orden de ideas no comparto con el apelante el fundamento con el que pretende desvirtuar las conclusiones arribadas relativo a que “…la reforma prevista por el decreto 1694/09 no previó su aplicación hacia el pasado cuando podría haberlo hecho…” (fs. 160 vta.) en tanto considero acertadas las conclusiones vertidas por el Dr. Ramírez en su reciente comentario a la ley 26.773 pues -haciendo una expresa referencia a la obra doctrinaria de su autoría citada ut supra- indicó que sin perjuicio de remitirse a lo que ya había dicho en aquel trabajo, quería destacar que: “…si la legislación sobre accidentes del trabajo se inserta en la Seguridad Social como subsistema, tal como lo dispuso el legislador en 1995, resulta manifiestamente contradictorio que una mejora en las prestaciones dinerarias discrimine entre quienes sufrieron un siniestro antes o después de la entrada en vigencia de la norma legal. Porque, repito, la Seguridad Social mira la contingencia, y en nuestro caso la contingencia no es el hecho dañoso, sino el daño. Y el daño es idéntico en un trabajador amputado con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773” (“Nueva Reforma Riesgos del Trabajo, Ley 26.773, pág. 55, ed. Docuprint SA, Bs. As. 2012”), fundamento que comparto y que resulta aplicable en casos como el de autos, pues, en términos analógicos, tanto en el régimen previsto por la ley 26.773, como en el Decreto 1694/09, se elevan las prestaciones económicas de los trabajadores que padecen incapacidades producto de infortunios o enfermedades laborales, y la aplicación de estas mejoras dinerarias debe ser asegurada por el sistema de la Seguridad Social aun cuando dichas prestaciones hayan empezado a ser abonadas pero no obstante queden saldos pendientes de cancelación.
En el mismo sentido, Schick al referirse a la procedencia técnica de la aplicación inmediata del decreto 1278/00 a los efectos pendientes al día de su entrada en vigencia (extremo que por analogía resulta aplicable al caso de autos) sostuvo que: “…no se trató de la aplicación de una nueva ley, sino de la actualización del mismo régimen vigente, cuyas prestaciones dinerarias se reputaban insuficientes” (Schick Horacio, Riesgos del Trabajo: Temas fundamentales, tomo 2, 4a. ed.-, David Grinberg Libros Jurídicos, pag. 635, Buenos Aires 2011).
Las razones hasta aquí expuestas me conducen a propiciar al rechazo de los agravios y confirmar la sentencia impugnada en lo que fue materia de apelación.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión: La Dra. Aseff dijo: Atento lo expuesto por
la Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.-
A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Que habiendo procedido al estudio de los autos y advirtiéndose que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10160.-
A la segunda cuestión: La Dra. Mana dijo: Los fundamentos que anteceden me llevan a: I. Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada. II. Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de Primera Instancia en lo que ha sido materia de revisión, con costas de Alzada a cargo de la parte accionada; III. Fijar los honorarios profesionales en un cincuenta por ciento de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia.
Así voto.
A la misma cuestión: La Dra. Aseff dijo: Corresponde votar el voto propuesto por la Dra. Mana, así voto.-
A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: que como dijera precedentemente y de conformidad al art. 26 de la ley 10160, me abstengo de emitir opinión.-
A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda integrada de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral; RESUELVE: I. Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada. II. Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de Primera Instancia en lo que ha sido materia de revisión, con costas de Alzada a cargo de la parte accionada; III. Fijar los honorarios profesionales en un cincuenta por ciento de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia.- Insértese, hágase saber y oportunamente bajen.- Autos: "Martinez, Jorge Omar c/ Consolidar ART SA s/ Cobro de Pesos." (Expte. N° 199/2012).-
MANA ASEFF MAMBELLI
(art. 26, ley 10160) NETRI
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor eltam88 » Mar, 04 Jun 2013, 07:04

Seguí los parámetros de los fallos que te han subido. Recordá en derecho laboral se aplica el principio de progresividad, regla de la norma más favorable e indemnidad del trabajador.

Busca el fallo ARCURI ROJAS DE CSJN.
PUENTES DONDE HAY MUROS.
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor dasha2013 » Vie, 07 Jun 2013, 21:44

ESTIMADOS COLEGAS:
LES ESTOY MAS QUE AGRADECIDA POR SUS APORTES. *leo*
MUCHAS GRACIAS!
SALUDOS CORDIALES!!!
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor alekazz » Vie, 04 Oct 2013, 15:41

OJO CUIDADO CON ALGO PRACTICO QUE NADIE ANALIZA.

EN TU CASO TENES UNA PARTE QUE FUE LIQUIDADA Y UNA DIFERENCIA DE INCAPACIDAD (SEGUN TU INFORME MEDICO) CON POSIBILIDAD DE RECLAMO.
POR LOS FALLOS QUE PUSIERON LOS CUALES CONOZCO TODOS, LO UNICO QUE PODES RECLAMAR ES LA ACTUALIZACION RIPTE SOBRE LA DIFERENCIA DE INCAPACIDAD QUE RECLAMAS AHORA NO SOBRE TODO!!
OJO PARA RECLAMAR SOBRE TODO NECESITAR JUSTIFICAR LA INC. DEL INC 5 DE. ART 17 LEY 26773, LO MISMO PASO CON EL DEC 2009.. HAY POCO DE ESO.
alekazz
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor eltam88 » Vie, 04 Oct 2013, 16:26

alekazz escribiste:OJO CUIDADO CON ALGO PRACTICO QUE NADIE ANALIZA.

EN TU CASO TENES UNA PARTE QUE FUE LIQUIDADA Y UNA DIFERENCIA DE INCAPACIDAD (SEGUN TU INFORME MEDICO) CON POSIBILIDAD DE RECLAMO.
POR LOS FALLOS QUE PUSIERON LOS CUALES CONOZCO TODOS, LO UNICO QUE PODES RECLAMAR ES LA ACTUALIZACION RIPTE SOBRE LA DIFERENCIA DE INCAPACIDAD QUE RECLAMAS AHORA NO SOBRE TODO!!
OJO PARA RECLAMAR SOBRE TODO NECESITAR JUSTIFICAR LA INC. DEL INC 5 DE. ART 17 LEY 26773, LO MISMO PASO CON EL DEC 2009.. HAY POCO DE ESO.


LO DE LA INCONST POR SUPUESTO QUE HAY QUE PEDIRLA, EL TRIB DE JUNIN, PROVE DE BSAS, LA DECLARA DE OFICIO.
PUENTES DONDE HAY MUROS.
eltam88
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Re: APLICACION RETROACTIVA LEY 26.773 LRT

Notapor DrUlpiano » Vie, 18 Abr 2014, 10:48

me podras decir la sala? gracias!

Galatea escribiste:VA UN FALLO:

“Enrique, Ruben O. c/ Esteban Cordero SA y otro s/ accidente-ley especial” – CNTRAB – 28/02/2013
RIESGOS DEL TRABAJO. Incapacidad laboral. Determinación. NORMA APLICABLE. Art. 9 de la Ley 26773. Organismos administrativos y tribunales competentes. Informes, dictámenes y pronunciamientos. Ajuste a Tabla de evaluación de incapacidades –Anexo I, Decreto 659/96 y sus modificatorios–. Garantía de igual trato a los damnificados cubiertos por el régimen. Aplicación inmediata de la norma a los juicios no resueltos

“…la reciente ley 26.773 en su art. 9º ha dispuesto que “Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a…la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios…”. Dado que se trata de una norma procesal dirigida al modo en que deben proceder los funcionarios administrativos y los magistrados del Poder Judicial, resulta de aplicación inmediata a los juicios no resueltos y, por ende, al presente juicio y en esta instancia. Pues bien, sentada esta premisa advierto que tras la determinación del grado de incapacidad física hecha por el perito –coincidentemente con los criterios del decreto 659/96– no se han tenido en consideración los factores de ponderación previstos en esa norma y que, sin duda alguna, no pueden ser soslayados.”
DrUlpiano
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